Alcaldes del litoral cierran filas con la Xunta para reclamar la gestión del dominio marítimo-terrestre
Mar y Medio Ambiente exigen al Estado las competencias de un ámbito con unas 4.000 edificaciones en 82 concellos
Más de medio centenar de alcaldes y ediles de concellos costeros de Galicia cerraron filas este lunes en Ribeira con las conselleiras de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, y de Mar, Rosa Quintana, haciendo un frente común para reclamar al Gobierno central la gestión efectiva de las competencias en materia de dominio público marítimo-terrestre.
Todos ellos comparten la inquietud ante la negativa del Gobierno central a completar el traspaso a Galicia de las competencias sobre su franja del litoral, en la que están asentadas cerca de 4.000 edificaciones pertenecientes a 82 municipios. Acompañadas por los delegados de la Xunta en A Coruña, Gonzalo Trenor, en Ferrol, Martina Aneiros, y en Lugo, Javier Arias, las dos conselleiras recordaron que la Ley de Costas estatal señala que, en materia de ordenación del litoral, las comunidades ejercerán las competencias atribuidas en sus estatutos de autonomía.
Por esta razón, Ángeles Vázquez reivindicó que Galicia “puede y quiere” gestionar las autorizaciones y concesiones dentro de su dominio público marítimo-terrestre, “como ya hacen Andalucía y Cataluña y como aspira a hacer el País Vasco, comunidad con la que sí se está negociando”.
En este sentido, argumentó que es una demanda “legítima” avalada por el principio de cercanías y porque la Xunta tiene mayor grado de conocimiento de la realidad litoral gallega y de lo que representa su patrimonio. Vázquez dijo que “es hora de completar la transferencia de las competencias costeras iniciada en 1985”. Un traspaso que, según explicó, “no requiere un cambio del Estatuto: se puede abordar a través de un Real Decreto o una Ley Orgánica”.
Por último, Ángeles Vázquez señaló que este mismo lunes el Ministerio presentaría la llamada Estrategia de la costa libre, “en la que el Ejecutivo central dice que aspira a tener una costa libre y sin nada en el dominio público marítimo-terrestre, y para ello aboga por una retirada paulatina y controlada de los seres humanos de la costa”.
Por su parte, Rosa Quintana destacó que dicha transferencia facilitaría a la Comunidad la gestión de su litoral “y pondría fin a los constantes ataques del Gobierno central contra el complejo mar-industria gallego y contra todas las instalaciones asentadas en el litoral”. Al respecto, advirtió que “muchas empresas no son viables alejadas de la costa” y reiteró el compromiso del Ejecutivo gallego en la defensa de sus intereses y para darles seguridad jurídica.
La titular de Mar lamentó que “las distintas normativas promovidas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico tienen como objetivo sacar todas las edificaciones de la costa sin tener en cuenta su impacto tanto en la economía como en la ciudadanía de las villas costeras”. Por eso, reiteró la voluntad de la Xunta de recurrir a las instancias que sean necesarias “para que la cadena mar-industria tenga certezas sobre su futuro y pueda realizar inversiones”.
Respecto a esa inseguridad jurídica, Quintana dijo que “el último sinsentido fue el informe sobre el plan sectorial del puerto de Cambados, en el que el Gobierno central rechazó la propuesta del Concello alegando que la plaza de abastos (que lleva allí toda la vida) no puede estar en dominio público marítimo-terrestre, y advirtiendo que tres depuradoras de bivalvos tendrían que cambiar de ubicación al acabar su concesión”.
La titular de Mar también dijo que “la diferencia entre que sea el Estado o la Xunta quien gestione el dominio público marítimo-terrestre se traduce, por ejemplo, en tener que esperar cinco años por un informe o tenerlo en un plazo más breve, y en que, siendo la Xunta la administración que mejor conoce la situación de las instalaciones en ese ámbito, sea un funcionario de Madrid el que decida qué hacer con ellas”.