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Alquilar un piso: desde 200 euros al mes en Rodeiro a 530 en Mos

En el caso de preferir una unifamiliar varía de los 125 de Carballeda a los 725 de Baiona // En casi 40 concellos gallegos el bono joven del Gobierno central cubriría
el pago completo del arrendamiento de una vivienda

Los precios para alquilar un vivienda en Galicia son tan dispares como las diferentes zonas de la comunidad, rural o urbana, interior o costera, gran ciudad y su área de influencia frente a otros concellos... De hecho, si lo que se pretende es arrendar un piso en un edificio colectivo, habría que desembolsar desde los 200 euros mensuales de media en el ayuntamiento de Rodeiro, en el interior de la provincia de Pontevedra, hasta los 530 en el de Mos, en la comarca de Vigo.

En cambio, si lo que se quiere alquilar es una vivienda unifamiliar, la horquilla de precios en mucho más amplia. Así, en Baiona, municipio costero perteneciente al área de influencia de la ciudad olívica, serían 725 euros al mes, pero solamente 125 euros de media en Carballeda de Valdeorras (Ourense), según los últimos datos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, pertenecientes a 2018.

Estas cuantías referidas se limitan a los alquileres declarados a la agencia tributaria y no se debe perder de vista que son valores medios, pero aún así hacen una radiografía de las diferencias que se pueden encontrar los posibles arrendadores y de las diferentes idiosincrasias, teniendo en cuenta, así mismo, que no cuenta con datos de los 313 concellos de Galicia.

Además, con este análisis se puede concluir que en cerca de 40 ayuntamientos gallegos el bono joven de ayuda al alquiler anunciado por el Gobierno central, de 250 euros al mes para personas hasta los 35 años, cubriría la totalidad del arrendamiento de una vivienda o, incluso, sobraría dinero.

Así, además de en el ya citado Rodeiro, se puede alquilar un piso por 250 euros o menos en Muxía (220), Malpica (235), Becerreá (238), O Valadouro (240), Corcubión, Fisterra, Barreiros, Monterroso, Quiroga, Ribas de Sil, Carballeda de Valdeorras, Maceda, Viana do Bolo o Silleda, todos ellos con una media de alquiler mensual de pisos por 250 euros mensuales.

Y en el caso de viviendas unifamiliares, el bono joven alcanzaría para todo el arrendamientos en concellos como Carballeda de Valdeorras (125 euros al mes), Palas de Rei (170), Vimianzo (188), Lourenzá (190); Coristanco, Meira, Quiroga, Rábade y Vilalba, todos a 200; Cervo (213), Cospeito (215), Melide (225), Cariño (231), Moraña (237); y por 250 euros al mes en Cee, Curtis, Malpica, Ortigueira, Monforte de Lemos, Pantón, O Vicedo, O Carballiño, Ribadavia y Valga.

En la otra cara de la moneda estarían los ayuntamientos gallegos para los que la ayuda de 250 euros solo alcanzaría para pagar el 50-55% del alquiler. Los más caros en cuanto a pisos serían algunas de las grandes ciudades gallegas, los concellos de sus áreas de influencia y los turísticos. De mayor a menor precio estarían Mos, Vigo, Santiago, A Pobra de Trives, A Coruña, Meira, Oleiros, Nigrán, Pontevedra, Baiona, Sanxenxo o Culleredo, desde los 530 de media en el primero a 420 del último de esta lista.

En viviendas unifamiliares, desde los 725 mensuales de Baiona, hasta los 500 de Vigo, Mos, Culleredo, Carral o Arteixo. De mayor a menor precio estaría, Baiona, Nigrán Oleiros, Brión, Ames, Santiago, Bergondo, Gondomar, Cambre, Teo, Barbadás, Sada, A Coruña o Vigo.

PRECIOS EN PORTALES INMOBILIARIOS Los 250 euros del futuro bono joven de ayuda al alquiler servirían para pagar aproximadamente la mitad de la renta mensual de un piso mediano en seis comunidades, pero solo alrededor de una cuarta parte en otras cuatro.

Esta subvención, que entrará en funcionamiento el 1 de enero de 2022, todavía está sujeta a desarrollo reglamentario pero ya se sabe que está dotada con 250 euros mensuales. El bono irá dirigido a los jóvenes de entre 18 y 35 años que se quieran emancipar o que ya lo estén y vivan de alquiler, con contrato laboral en vigor y cuyos salarios sean inferiores a tres veces el Iprem –actualmente 1.694 euros al mes, 23.725 euros anuales–.

La ayuda tendrá una duración de dos años y no irá ligada al inmueble a arrendar sino a las personas, por lo que existiría la posibilidad de que varios jóvenes en la misma vivienda puedan cobrarlo. Sin embargo todavía no se conoce si en ese caso los 250 euros se repartirán entre ellos o serán para cada uno. Además, el Gobierno indicó esta misma semana que se estudia la posibilidad de incrementar la ayuda un 40 % en el caso de jóvenes más vulnerables.

AYUDA IGUAL EN TODO EL PAÍS Como la cantidad de la ayuda es única para todo el país pero los precios del alquiler varían notablemente de un territorio a otro, los 250 euros ofrecen posibilidades distintas en función de la comunidad en la que se encuentre la vivienda.

Utilizando para el cálculo las últimos datos de los portales inmobiliarios Fotocasa, Idealista y pisos.com, el precio medio del alquiler en España oscila entre los 5,53 euros el metro cuadrado de Extremadura o los 5,77 de Castilla-La Mancha, y los 13,37 de Madrid o los 12,83 de Cataluña, como informa Efe.

Con estos precios, alquilar un piso de 75 metros cuadrados supera de media los mil euros mensuales en Madrid (1.003) y ronda esa cantidad en Cataluña (963), mientras que se queda en bastante menos de la mitad en Extremadura (415 euros) y Castilla-La Mancha (433). En el caso de Galicia la media estaría en 663, con lo que una vivienda de este tipo costaría 498 euros al mes. Así, el bono joven alcanzaría para el 50 % del arrendamiento en Galicia y para pagar completo un piso de 38 metros cuadrados.

Con grandes diferencias entre comunidades, un joven que cumpla los requisitos para recibir el bono podrá pagar con la ayuda del Estado el 60 % de ese piso medio si lo hace en Extremadura, el 58 % si lo hace en Castilla-La Mancha, el 53 % en Castilla y León, el 50 % en Galicia y casi esta cifra en Murcia y La Rioja.

Sin embargo, emplear los 250 euros en alquilar en Madrid le permitirá costear menos del 25 %, algo más de ese porcentaje en Cataluña, el 27 % en el País Vasco, y el 28 % en Baleares.

Calculado de otro modo, con el bono solo podría alquilar una vivienda de 45 metros en Extremadura o de 43 en Castilla-La Mancha, en tanto que en Madrid o en Cataluña le daría para un micropiso de solo 19 metros cuadrados.

La nueva ley de vivienda consensuada por el Gobierno de coalición contempla que podrán ser declaradas como zonas tensionadas aquellas en las que los gastos de la vivienda, incluido el alquiler, supongan más del 30 % de los ingresos. Además, pretende limitar los precios del alquiler en esas zonas y añade sobre la definición de un barrio en zona tensionada que será también aquella que, en los cinco últimos años, los precios de compra o alquiler hayan subido más de 5 puntos por encima del IPC autonómico.

La nueva ley contempla también descuentos en el IRPF a los dueños que bajen precios y recargos en el IBI a las viviendas desocupadas. Cabe recordar las distintas competencias autonómicas y municipales existentes en la materia y que, en última instancia, serán estas las que soliciten si quieren aplicar o no el control de precios en las zonas tensionadas. En esas zonas y según el avance del texto, el inquilino puede pedir la prórroga del alquiler más allá del plazo general por otros tres años y en las mismas condiciones. Además, en los nuevos contratos de alquiler no podrá subirse el precio, excepto que se hayan realizado mejoras en la vivienda siempre que se trate de un pequeño propietario. En este último caso, puede subir un 10 % el alquiler.

En el caso de una rebaja del alquiler de al menos un 5 %, el dueño podrá desgravarse hasta el 90 % en el IRPF. La desgravación general, indica la norma, será del 50 % y no del 60 % actual para los nuevos contratos de alquiler.

Para incentivar el uso de las viviendas vacías, faculta a los ayuntamientos para que apliquen un recargo del 50 % del IBI a las desocupadas de forma permanente durante más de dos años, cuyo porcentaje aumenta para las que estén de esa forma más de tres años y, también, si se tienen dos o más viviendas en esa misma situación en el municipio. efe

El presidente de la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias (Fegein), Benito Iglesias, explica que el anuncio del Ejecutivo central sobre la ayuda para alquiler destinada a jóvenes “es positivo, como todo lo que sean subvenciones para la accesibilidad a la vivienda”, aunque matiza que ya “tenemos un antecedente con el Gobierno de Zapatero, con un bono casi calcado al de ahora, y no tuvo un efecto positivo en el mercado ya que lo que provocó fue un incremento del precio de los alquileres”, recuerda.

De todas formas, señala que cuando se apruebe definitivamente esta bonificación, “habrá que leer bien la letra pequeña”, ya que no podrán acceder a ella todos los jóvenes, “sino entre 18 y 35 años con contrato laboral en vigor e ingresos de menos de 24.000 euros”, recuerda. Además, advierte de que “la partida económica destinada es insuficiente, por lo que habrá muchos jóvenes que se quedarán fuera aunque cumplan los requisitos”. Iglesias añade que “todo esto hay que decirlo porque después pasará que vendrá a nosotros pensando que tienen la bonificación y no podrán acceder o la partida no fue suficiente, como ya ha ocurrido en otras ocasiones”.

Ayudas también para propietarios. Desde Fegein consideran que una herramienta útil para la accesibilidad al mercado de la vivienda sería incluir “ayudas o bonificaciones fiscales también a propietarios. Porque lo que tenemos realmente que hacer es movilizar. Lo único que articula una bajada de los precios de arrendamiento es que crezca la oferta; si hacemos que crezca y cubra todas las expectativas de demanda no solo el precio cotizará plano sino que se reducirá, aunque no sea mucho”.

Por ello, abogan por movilizar la vivienda vacía hacia el mercado del alquiler –“en Galicia en el conjunto de los 313 concellos hay más de 330.000 viviendas vacías”, recuerda–, y la forma de conseguirlo es dando “seguridad jurídica, urbanística y certidumbre”. Algo que la Ley de Arrendamiento Urbanos aprobada el año pasado no hace, porque “crea un desequilibrio notable entre arrendador y arrendatario, propietario e inquilino. Es verdad que protege los derechos de los inquilinos, en exceso, pero a costa de desproteger los del propietario”.

Así, la normativa provocó, “como se pudo ver en Barcelona, que la oferta se reduzca en más de la mitad en alquiler, porque el pequeño propietario ante la inseguridad, los impagos y las posibles okupaciones opta por no movilizar su vivienda hacia el mercado del alquiler”, indica Iglesias, añadiendo que habrá que esperar a la publicación en el BOE de la subvención, pero “lo que nos han anunciado desde el propio Ejecutivo bipartito hasta la fecha no va en esta línea sino en la de la inseguridad, preocupación e incertidumbre”, para el propietario.

Esperar para leer la letra pequeña. Así mismo, la federación insiste en esperar a la publicación de la norma porque “podría ser recurrible por ser inconstitucional ya que tiene algunas disposiciones que afectarían al Artículo 31 de la Constitución, la libre propiedad privada”. Pero no se queda solo en eso, sino que denuncian que “es una ley con un muy difícil encaje normativo”. El motivo sería, en primer lugar, que en Galicia las competencias están transferidas desde hace años, con lo que sería una invasión de las mismas; y, en segundo lugar, que para que se pueda cumplir al 100 % tienen que “modificar la Ley del Suelo estatal, la do Solo de Galicia, y, para rizar el rizo, en el caso de las viviendas vacías la de Haciendas Locales. Un galimatías normativo en el que si ya era poco el bucle legislativo que tenemos en el sector de la vivienda, lo enreda aún más”, remata.

Aprender del ejemplo de Portugal. Iglesias pone un ejemplo de prácticas con éxito que se podrían usar y copiar en España: el de Portugal. “Aprendamos de los que están haciendo allí bien, la reducción burocrática y legislativa de este tipo de procesos. Han simplificado todo y para dar un ejemplo, pedir una licencia en el Ayuntamiento de O Porto de rehabilitación, de reforma o de obra nueva son menos de 30 días; pedirla en Galicia o en España supera el año, es entre uno y tres años”. Pero es que en el país vecino “se protege la propiedad privada, y aquí se está desprotegiendo”.

Concretamente, hay ayudas a los propietarios para que esa vivienda vacía se movilice al alquiler; les dan seguridad jurídica, que es todo lo contrario a lo que se hace aquí: penalizarlo. Y lo maquillan diciendo que es solo para los grandes tenedores con más de 10 viviendas pero no es verdad, lo hacen para todos. Al que solo tiene una vivienda le congelan el incremento del alquiler: lo que están haciendo es interviniendo de facto el mercado”. Y vuelve a incidir en esperar a la lectura del BOE, “porque muchas veces los anuncios se diluyen”, y esto crea “un efecto pernicioso, porque crea una expectativa en las personas que necesitan la ayuda, y eso es lo peor que se puede hacer”, indica.

Menos burocracia y seguridad jurídica. Por ello, los profesionales gallegos del sector demandan una “reducción de la burocracia, que es de tal calibre que elimina infinidad de proyectos que se nos va. El Ejecutivo intenta atraer inversores y la mayoría de las veces no cuaja por la burocracia y por el proceso normativo. El sector únicamente pide normativas claras, concretas, agrupadas y legibles, nada más, una reducción significativa de todos los procesos. Una ventanilla única; dejar de marear el mercado de vivienda”, remata.

más cifras
6,50

EUROS EL METRO CUADRADO. Esta es la media de un alquiler en Galicia, aunque las diferencias entre concellos son enormes. Las zonas más caras son las 7 grandes ciudades y sus áreas de influencia, que es donde más movimiento hay, pero en alrededor de 250 de los 313 concellos (sobre todo los de menos de 5.000 habitantes), las operaciones inmobiliarias son testimoniales, explica Fegein.

8,2

EUROS/M2 de alquiler en la provincia de Pontevedra, la más cara de Galicia, seguida de A Coruña, en torno a 7,2. Finalmente en Lugo y Ourense cuesta 5 €/m2. La demanda se concentra en el eje atlántico

La nueva ley de vivienda define zona tensionada si los gastos superan el 30 % de los ingresos

La nueva ley de vivienda consensuada por el Gobierno de coalición contempla que podrán ser declaradas como zonas tensionadas aquellas en que los gastos de la vivienda, incluido el alquiler, supongan más del 30 % de los ingresos. Además, pretende limitar los precios del alquiler en esas zonas y añade sobre la definición de un barrio en zona tensionada que será también aquella que, en los cinco últimos años, los precios de compra o alquiler hayan subido más de 5 puntos por encima del IPC autonómico.

La nueva ley contempla también descuentos en el IRPF a los dueños que bajen precios y recargos en el IBI a las viviendas desocupadas. Cabe recordar las distintas competencias autonómicas y municipales existentes en la materia y que, en última instancia, serán estas las que soliciten si quieren aplicar o no el control de precios en las zonas tensionadas. En esas zonas y según el avance del texto, el inquilino puede pedir la prórroga del alquiler más allá del plazo general por otros tres años y en las mismas condiciones. Además, en los nuevos contratos de alquiler no podrá subirse el precio, excepto que se hayan realizado mejoras en la vivienda siempre que se trate de un pequeño propietario. En este último caso, puede subir un 10 % el alquiler.

En el caso de una rebaja del alquiler de al menos un 5 %, el dueño podrá desgravarse hasta el 90 % en el IRPF. La desgravación general, indica la norma, será del 50 % y no del 60 % actual para los nuevos contratos de alquiler.

Para incentivar el uso de las viviendas vacías, faculta a los ayuntamientos para que apliquen un recargo del 50 % del IBI a las desocupadas de forma permanente durante más de dos años, cuyo porcentaje aumenta para las que estén de esa forma más de tres años y, también, si se tienen dos o más viviendas en esa misma situación en el municipio.

Benito Iglesias Presidente de Fegein
“La partida destinada al bono joven es insuficiente”
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El presidente de la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias (Fegein), Benito Iglesias, explica que el anuncio del Ejecutivo central sobre la ayuda para alquiler destinada a jóvenes “es positivo, como todo lo que sean subvenciones para la accesibilidad a la vivienda”, aunque matiza que ya “tenemos un antecedente con el Gobierno de Zapatero, con un bono casi calcado al de ahora, y no tuvo un efecto positivo en el mercado ya que lo que provocó fue un incremento del precio de los alquileres”, recuerda.

De todas formas, señala que cuando se apruebe definitivamente esta bonificación, “habrá que leer bien la letra pequeña”, ya que no podrán acceder a ella todos los jóvenes, “sino entre 18 y 35 años con contrato laboral en vigor e ingresos de menos de 24.000 euros”, recuerda. Además, advierte de que “la partida económica destinada es insuficiente, por lo que habrá muchos jóvenes que se quedarán fuera aunque cumplan los requisitos”. Iglesias añade que “todo esto hay que decirlo porque después pasará que vendrá a nosotros pensando que tienen la bonificación y no podrán acceder o la partida no fue suficiente, como ya ha ocurrido en otras ocasiones”.

Ayudas también para propietarios. Desde Fegein consideran que una herramienta útil para la accesibilidad al mercado de la vivienda sería incluir “ayudas o bonificaciones fiscales también a propietarios. Porque lo que tenemos realmente que hacer es movilizar. Lo único que articula una bajada de los precios de arrendamiento es que crezca la oferta,; si hacemos que crezca y cubra todas las expectativas de demanda no solo el precio cotizará plano sino que se reducirá, aunque no sea mucho”.

Por ello, abogan por movilizar la vivienda vacía hacia el mercado del alquiler –“en Galicia en el conjunto de los 313 concellos hay más de 330.000 viviendas vacías”, recuerda–, y la forma de conseguirlo es dando “seguridad jurídica, urbanística y certidumbre”. Algo que la Ley de Arrendamiento Urbanos aprobada el año pasado no hace, porque “crea un desequilibrio notable entre arrendador y arrendatario, propietario e inquilino. Es verdad que protege los derechos de los inquilinos, en exceso, pero a costa de desproteger los del propietario”.

Así, la normativa provocó, “como se pudo ver en Barcelona, que la oferta se reduzca en más de la mitad en alquiler, porque el pequeño propietario ante la inseguridad, los impagos y las posibles okupaciones opta por no movilizar su vivienda hacia el mercado del alquiler”, indica Iglesias, añadiendo que habrá que esperar a la publicación en el BOE de la subvención, pero “lo que nos han anunciado desde el propio Ejecutivo bipartito hasta la fecha no va en esta línea sino en la de la inseguridad, preocupación e incertidumbre”, para el propietario.

Esperar para leer la letra pequeña. Así mismo, la federación insiste en esperar a la publicación de la norma porque “podría ser recurrible por ser inconstitucional ya que tiene algunas disposiciones que afectarían al Artículo 31 de la Constitución, la libre propiedad privada”. Pero no se queda solo en eso, sino que denuncian que “es una ley con un muy difícil encaje normativo”. El motivo sería, en primer lugar, que en Galicia las competencias están transferidas desde hace años, con lo que sería una invasión de las mismas; y, en segundo lugar, que para que se pueda cumplir al 100% tienen que “modificar la Ley del Suelo estatal, la do Solo de Galicia, y, para rizar el rizo, en el caso de las viviendas vacías la de Haciendas Locales. Un galimatías normativo en el que si ya era poco el bucle legislativo que tenemos en el sector de la vivienda, lo enreda aún más”, remata.

Aprender del ejemplo de Portugal. Iglesias pone un ejemplo de prácticas con éxito que se podrían usar y ‘copiar’ en España: el de Portugal. “Aprendamos de los que están haciendo allí bien, la reducción burocrática y legislativa de este tipo de procesos. Han simplificado todo y para dar un ejemplo, pedir una licencia en el Ayuntamiento de O Porto de rehabilitación, de reforma o de obra nueva son menos de 30 días; pedirla en Galicia o en España supera el año, es entre uno y tres años”. Pero es que en el país vecino “se protege la propiedad privada, y aquí se está desprotegiendo”.

Concretamente, hay ayudas a los propietarios para que esa vivienda vacía se movilice al alquiler; les dan seguridad jurídica, que es todo lo contrario a lo que se hace aquí: penalizarlo. Y lo maquillan diciendo que es solo para los grandes tenedores con más de 10 viviendas pero no es verdad, lo hacen para todos. Al que solo tiene una vivienda le congelan el incremento del alquiler: lo que están haciendo es interviniendo de facto el mercado”. Y vuelve a incidir en esperar a la lectura del BOE, “porque muchas veces los anuncios se diluyen”, y esto crea “un efecto pernicioso, porque crea una expectativa en las personas que necesitan la ayuda, y eso es lo peor que se puede hacer”, indica.

Menos burocracia y seguridad jurídica. Por ello, los profesionales gallegos del sector demandan una “reducción de la burocracia, que es de tal calibre que elimina infinidad de proyectos que se nos va. El Ejecutivo intenta atraer inversores y la mayoría de las veces no cuaja por la burocracia y por el proceso normativo. El sector únicamente pide normativas claras, concretas, agrupadas y legibles, nada más, una reducción significativa de todos los procesos. Una ventanilla única; dejar de marear el mercado de vivienda”, remata.

25 oct 2021 / 01:00
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