Aluminio al rojo vivo: la jueza ordena intervenir las plantas de Alu Ibérica
La magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón trata de evitar que siga este ‘saqueo’
Un lapidario auto de la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón decreta la intervención de la empresa por constatarse “diversas irregularidades en la venta”. Ante la resolución, división de opiniones: la celebraban los comités de empresa, que pedían al Gobierno central que tome nota y siga el ejemplo; la estudiaban los actuales propietarios del Grupo Riesgo, que no salen nada bien parados –tampoco el Grupo Parter– en el auto del Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid.
El caso es que se plantea, negro sobre blanco, que la reventa por sorpresa de las factorías de A Coruña y Avilés del fondo Parter Capital Group en abril de 2020 a Riesgo fue, presuntamente, una operación para desangrar las instalaciones, quedándose con todo lo el capital posible, con todo lo que tuviese valor,
desviando posteriormente esos fondos hacia las cuentas de sus propietarios.
No se trata, por tanto, de una invención sindical. Es el fruto de una investigación que lleva meses en marcha. De hecho, hace dos la UDEF registraba las dos plantas, las oficinas de Alcoa, de Parter y de Riesgo, a instancias de la jueza y de la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada. Cuatro personas fueron detenidas y quedaron en libertad con medidas cautelares: Víctor Domenech, presidente de Riesgo; su socia Alexandra Camacho; Diego Peris, administrador único del grupo; y Luis Losada Gómez, su homólogo en System Capital, que es era sociedad administradora de Alu Ibérica.
La jueza apunta en su escrito a la sociedad Blue Motion Technologies, instrumental articulada para gestionar las factorías tras la operación de compra a Alcoa. Sorprendente, y de ahí la mayor implicación en la trama de Parter, es que el auto recoge que los 13 millones abonados por Riesgo por las fábricas herculina y asturiana salieron de ellas mismas, de fondos por préstamos que estas factorías concedieron a instancias del fondo suizo previamente a la reventa.
Tras conocerse la resolución judicial, fuentes próximas a la directiva de Alu Ibérica manifestaban a Efe que la empresa está estudiándola. Por su parte, el presidente del comité de empresa de Alu Ibérica A Coruña, Juan Carlos López Corbacho, valoró “con alegría” la iniciativa y avanzó que pedirán que el administrador “retrotraiga las decisiones tomadas por empleadores anteriores”, es decir, que revierta su despido, el de otros tres representantes sindicales y una empleada.
“No podíamos seguir con la gestión que se estaba llevando. Esperamos que se pongan en buen amparo los intereses de los trabajadores y el futuro industrial de las plantas”, destacaba Corbacho.
El juzgado decretó la intervención judicial de Alu Ibérica como medida cautelar por seis meses prorrogables por periodos de otro tanto. En la resolución judicial se destaca que solicitud del Ministerio Fiscal el 12 de marzo de adopción de medidas cautelares requeridas por los querellantes –la Confederación de Cuadros y Profesionales– es “adecuada y proporcionada”.
De este modo, el juez instructor establece que los hechos revelan “en forma indiciaria” la presunta comisión de delitos de estafa agravada, insolvencia punible, apropiación indebida, contra la seguridad de los trabajadores y pertenencia a grupo criminal, así como fraude en las subvenciones y el consiguiente blanqueo de los ilícitos capitales detraídos sin perjuicio de ulterior calificación.
Además, el juzgado ha designado como administradores judiciales a funcionarios de la Intervención General de la Administración del Estado y de la Intervención General de la Seguridad Social. Se solicita de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) la colaboración precisa para proceder a la intervención, tanto en lo que se refiere al número de interventores como a la determinación individual de los funcionarios de esa Institución sobre los que deba recaer el nombramiento.
Cabe recordar que la Abogacía del Estado se personó la semana pasada en esta causa.
Santiago. Alcoa San Cibrao es viable. Lo demuestra el hecho de que la ministra de Industria, Reyes Maroto, trasladase este martes en la reunión en la que por sorpresa participó a partir de las 20.30 horas a los representantes de los trabajadores de la factoría en Cervo que hay inversores españoles interesados. Sin dar nombres, aunque Alibérico, del santiagués Clemente González Soler, siempre suena.
La ministra también les prometió que la sociedad estatal de participaciones industriales (SEPI) “triangulará” la venta “llegado el momento, si es necesario”. Esto aseguró el presidente del comité de empresa, José Antonio Zan, en declaraciones a los medios de comunicación al término del encuentro.
Valoró Zan que la ministra les atendiese en la jornada de elecciones en Madrid, después de que ningún representante del Gobierno central estuviese presente en la última mesa multilateral sobre el proceso, que en aquel caso había organizado Alcoa.
Por su parte, el ministerio destaca que la titular de Industria ha pedido a los sindicatos “unidad de acción para alcanzar un acuerdo satisfactorio que garantice las capacidades productivas de la planta de Lugo”. Ahora el comité decidirá en asamblea este miércoles si va a la huelga o confía, de nuevo, en las promesas desde La Moncloa.
Por su parte, el vicepresidente económico de la Xunta, Francisco Conde, criticó que el Gobierno central estuviera “ausente” en la negociación para la compraventa de la planta de Cervo al tiempo que le instaban a “rectificar” y volver a la mesa donde se mantienen las conversaciones, con el ánimo de dar una respuesta a los trabajadores de la fábrica de A Mariña.
“Tenemos la expectativa de que el Gobierno pueda dar una explicación razonable de por qué está ausente de la mesa de negociación y por tanto llevamos tres meses parados, sin que haya ningún tipo de avance”, subrayó antes del encuentro entre comité de empresa e Industria. Esperó “que el Gobierno vuelva a esa mesa de negociación y asuma el compromiso que tenía de dar una solución”.
Según ha recalcado el vicepresidente económico, “necesariamente tanto el ministerio como la SEPI tienen que estar en esa mesa y encontrar una solución a través del diálogo y del compromiso de Alcoa para facilitar esa venta”, borrando así la “inquietud, incertidumbre y falta de seguridad que sufre la plantilla.