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Apoyo casi unánime desde el Congreso para intervenir de forma temporal Alcoa

Apoyan el pacto alcanzado por PP y PSOE en base a la propuesta del Bloque todos los grupos en la Comisión de Industria menos Vox

La plantilla de Alcoa tiene a casi todo el Congreso a su favor... a excepción de Vox, a quien hablar de nacionalizar o intervenir empresas parece sonarles demasiado bolivariano o hasta comunista. El caso es que PSOE, PP y BNG fueron capaces de pactar en la Cámara Baja una enmienda transaccional para instar al Gobierno a contemplar la intervención pública temporal “a la mayor brevedad posible” de la fábrica lucense.

El portavoz del Bloque, Néstor Rego, defendió la iniciativa, que reclamaba adoptar medidas para la continuidad de la planta en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo. Unidas Podemos, Ciudadanos y Foro Asturias mostraron su apoyo a la enmienda y sólo la formación de Santiago Abascal votó en contra.

El acuerdo insta a Moncloa a “adoptar cuantas medidas sean necesarias, a la mayor brevedad posible, incluida la intervención pública temporal para su posterior venta a un inversor privado que garantice un proyecto industrial viable, para el mantenimiento de la actividad industrial y de los puestos de trabajo en la factoría de Alcoa en San Cibrao”.

Recoge Europa Press que la diputada socialista Ángeles Marra aseguró que “esta semana es crucial” para el futuro de la planta y que el Gobierno y la Xunta trabajan “explorando todas las soluciones”, desde la anulación del ERE planteado por la compañía, declarándolo como “fraudulento”, y exigir la devolución de “todas las ayudas recibidas”. Porque quedó claro que “Alcoa quiere cerrar la planta”.

Para Nestor Rego, la multinacional “sólo deja una vía, la intervención pública”, y pese a que su planteamiento es la nacionalización, acepta esta intervención “aunque sea temporal, para posteriormente vender a Liberty o a cualquier empresa con un proyecto industrial estable”.

Antón Gómez-Reino, de Unidas Podemos, señaló que “el Estado no puede permitir el cierre de empresas de sectores estratégicos de alto valor añadido”, dijo, señalando que Alcoa ha recibido más de mil millones en ayudas, que a su juicio “nunca se deben dar sin compromisos”.

Tristana Moraleja, por el PP, justificó su apoyo pero también afeó al BNG que no incluyera uno de los puntos originales de su propuesta, la aprobación urgente del Estatuto para las industrias electrointensivas, algo que atribuyó a una exigencia del PSOE para llegar a un acuerdo.

“Le han tomado el pelo y está claro que hoy, retirando este punto de su proposición, le da igual el estatuto de las empresas electrointensivos, cuando detrás vienen muchas más empresas”, espetó la representante popular.

También criticó este aspecto la diputada de Cs Mari Carmen Martínez, “nos dejamos detrás lo más importante”, mientras el diputado de Vox José María Figaredo, que cree que el Gobierno “está haciendo que la industria sea ruinosa”, justificando que su formación “no puede menos que votar en contra” y reclamando “un poco de cordura” al resto de grupos.

Ofensiva del BNG
Al Pazo do Hórreo, nacionalizar

··· El futuro de Alcoa, activado el ERE, “está en un momento decisivo”, por lo que el BNG anunció que lanza una ofensiva final desde Congreso y Parlamento gallego para reclamar a la Xunta y al Gobierno del Estado “altura de miras” para nacionalizar a factoría sin más demora porque es la única vía de futuro de la factoría”. De ahí que celebrasen la victoria en la Cámara baja.

··· “La política industrial de Galicia no la puede decidir una multinacional en los juzgados”, subrayó desde San Cibrao la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, tras reunirse con los representantes de la plantilla. “El futuro de Alcoa se tienen que decidir en el Consello de la Xunta y Consejo de Ministros” con el visto bueno a una intervención exprés.

··· Tras el aval en el Congreso a la intervención, el siguiente paso demandar la nacionalización en el Pazo do Hórreo, en la sesión de control y una moción.

Conde ve prioritario parar el ERE y mantener encendidas las cubas
La impugnación del expediente regulador de empleo traerá las cautelares al apagado

Santiago. Desde la Xunta se insistía el pasado martes de nuevo en la necesidad de que el juzgado establezca “medidas cautelares” para impedir que Alcoa desactive las cubas de su planta de aluminio en San Cibrao (Lugo).

El vicepresidente segundo, Francisco Conde, destacaba que el primer paso para intentar mantener el empleo y garantizar la viabilidad de la fábrica pasa por la impugnación del ERE presentado por la multinacional para más de 500 trabajadores, un paso judicial próximo y en el que la Xunta estudia personarse.

El también conselleiro de Economía del Gobierno autonómico aseguraba además que “hay motivos suficientes” para que la autoridad laboral estime la impugnación del expediente de regulación de empleo, dados los vaivenes y la presunta mala fe mostrada por la multinacional aluminera a lo largo del proceso de negociación del ERE.

En su intervención, Conde abundó en la importancia de “la unidad” de acción entre trabajadores, Xunta y Gobierno central para que “la venta de la planta” de Lugo a otro operador se pueda producir.

Esa es al vía en la que el Gobierno gallego cree que aún se puede trabajar, si bien, recoge Efe, también apoya el vicepresidente que en paralelo “el Gobierno desarrolle todas las medidas necesarias, llegando a intervención”.

En el ámbito judicial, continuaba el conselleiro, el recurso de los trabajadores al ERE se está preparando en coordinación con las autoridades autonómicas y estatales.

La Xunta de Galicia está evaluando, a su vez, la forma de adherirse a esta demanda y, en opinión de Conde, “la personación parece que es la que más viabilidad tiene”.

Esta impugnación del ERE es el primer paso necesario, ya que si el juzgado la acepta tendría que adoptar unas medidas cautelares, entre ellas, impedir que se desactiven las cubas, ya que una vez apagadas se constataría en la práctica la inviabilidad de la planta, dada la alta cuantía económica que supondría la reactivación. Sin embargo, esto no quiere decir que la vía de la intervención esté aparcada o se vea demorada, ya que el Gobierno continúa con los trabajos necesarios de forma paralela al recurso judicial, ha indicado el vicepresidente segundo gallego. J. C.

14 oct 2020 / 00:15
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