Arranca el juicio contra Pachi Vázquez por prevaricación tras 16 años del presunto delito

Dieciséis años después de que presuntamente tuvieran lugar los hechos –y tras varios retrasos–, ayer arrancó en el juzgado de lo Penal número dos de Ourense el proceso contra el exsecretario xeral del PSdeG Manuel Pachi Vázquez por un delito de prevaricación continuada durante la etapa que fue alcalde de O Carballiño (Ourense), entre 1995 y 2005, en relación a la contratación de 60 personas.

No obstante, habrá que esperar hasta el final para ver declarar tanto a quien fuera líder de los socialistas gallegos como al resto de acusados, ya que lo harán después de que, tal y como pidieron las defensas, lo hagan los testigos que están llamados en esta causa, que está previsto que se prolongue hasta el próximo 11 de diciembre.

Así lo confirmó el letrado de Pachi Vázquez, Víctor Moreno Catena, quien rechazó las acusaciones que se imputan a su defendido y justificó el cambio en el orden de declaraciones de los acusados para no desvirtuar el derecho a la presunción de inocencia.

En declaraciones a la salida de la primera jornada del juicio, el letrado calificó de “extraño” que la fiscal del caso cite ahora a declarar a unos setenta trabajadores que pasaron por el consistorio de O Carballiño cuando “un 80 % de los testigos no han sido escuchados nunca ni por la acusación ni por la defensa”, dijo.

“No sabemos qué van a declarar. Estamos en una situación de ver cada día por dónde viene el viento, qué es lo que declaran, qué es lo que saben y qué es lo que sucedió con cada uno de los trabajadores que van a ser, a lo largo de tres semanas, traídos a este procedimiento”, afirmó.

Respecto a las actuaciones, resaltó que, en “los más de 3.000 folios, no hay ni una pregunta” que aluda a posibles “enchufes, privilegios o tratos de favor”.

La defensa de Vázquez también incidió en el hecho de que los asuntos por los que son juzgados los acusados ocurriesen en 2004 y que se vayan a “enjuiciar 16 años después”, y llamó la atención sobre el hecho de que el procedimiento se iniciase en 2014, cuando habían pasado “años suficientes para haberse instruido”.

Petición de penas. Por su parte, la fiscal pide penas de 10 años de inhabilitación para Vázquez por un delito de prevaricación continuada con una serie de contratos a empleados públicos durante su etapa como alcalde en O Carballiño, entre 1995 y 2005, pena que también pide para Alfonso Prado (concejal de Personal entre 1995 y 2007), y para Carlos Montes, también exalcalde de este municipio ourensano.

Además, solicita nueve años para José Antonio Barge (edil de Personal entre 2007 y 2011), y ocho años y nueve meses para María Elisa Domínguez, que fue responsable del Área Social y alcaldesa en funciones.

La Fiscalía les atribuye a los acusados un presunto delito de prevaricación continuada por presuntas irregularidades en unas sesenta contrataciones de personal laboral de duración que se convirtieron en indefinidos.

A su llegada a los juzgados, el exlíder de los socialistas prefirió guardar silencio ante una nutrida presencia de medios de comunicación hasta que acabe el juicio, por recomendación de sus abogados.