Bruselas abre expediente a España por la ampliación de la concesión a la AP-9

Cuando apenas se apagó la polémica por los peajes y en pleno debate sobre su traspaso a Galicia, la Comisión Europea abrió este jueves un procedimiento de infracción contra España por haber prorrogado la concesión de la autopista de peaje AP-9 sin haber hecho una licitación pública para ello.

De acuerdo con las normas comunitarias, la extensión de un contrato de concesión es equivalente a una nueva concesión, que puede ser otorgada solo mediante un concurso público previo, por lo que España habría violado las reglas de licitaciones públicas de la Unión Europea, explicó la institución en una nota.

El Ejecutivo comunitario da a España dos meses para responder antes de continuar con un expediente que, en última instancia, le permite llevar a las autoridades españolas ante los tribunales europeos.

La Comisión abre un expediente por el mismo motivo a Italia, que prolongó sin licitación la concesión de una autopista en el Tirreno y, dos años después de que el Tribunal de Justicia de la UE sentenciase que había incumplido las normas europeas, aún no ha tomado medidas para implementar la sentencia.

La concesión de la AP-9, autopista de peaje que vertebra Galicia de Norte a Sur, a la empresa Audasa, se prorrogó por última vez en el año 2000 y expirará en 2048.

En julio pasado, en medio del debate público sobre su traspaso a Galicia, el Gobierno aprobó rebajas de los peajes en esta vía que permitirán que 15 millones de tránsitos anuales vean eliminado o reducido el peaje gracias a los descuentos y bonificaciones en los casi 220 kilómetros que unen Tui y Ferrol gracias a los 2.300 millones de euros que se desembolsarán hasta que finalice la concesión.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en una primera valoración de urgencia de la decisión de Bruselas, recordó que la concesión de la AP-9 se amplió en dos ocasiones, una por parte de un gobierno socialista y otra por parte de un ejecutivo del PP, y que “en ninguna de las dos ocasiones salió a concurso”.

El máximo mandatario autonómico, que en el momento de la pregunta tras el Consello da Xunta, aseguró desconocer el expediente, incidió en que hubo dos ampliaciones del plazo concesional.

“Una hecha por un gobierno socialista para hacer gratuito el tramo Rande-Puxeiros y otra del PP para hacer gratuito el tramo Fene-Ferrol”, explicó recordando Feijóo, que incidió que “en ninguna de las dos ocasiones salió a concurso”. Dicho esto, señaló que, si hay un expediente, “el Gobierno de España tendrá que responder a ese expediente y motivar por qué hizo esto la Administración central, estuviese gobernando el PSOE o el PP”.

Reproches mutuos Mientras, populares y socialistas se responsabilizaron mutuamente. Aunque desde la perspectiva actual el PPdeG vio las prórrogas cuestionables, apuntó que a lo largo de la historia se aplicaron diferentes tanto por la UCD como por el Gobierno de Felipe González, siendo Emilio Pérez Touriño secretario de Estado de Infraestructuras, como por el Ejecutivo de José María Aznar. Además de estas prórrogas, el PPdeG reprochó que en 2011, con José Blanco como ministro de Fomento, se determinó que la ampliación de AP-9 en Santiago y en Rande “se pagase con cargo a la subida de peajes acumulativa durante 20 años, convirtiéndola en la autopista más cara de España”. Por su lado, el viceportavoz del Grupo Socialista, Pablo Arangüena, reprochó que la ampliación de la concesión de la AP-9 hasta 2048, por la que Bruselas expedienta a España, “es un regalo de 25 años de Aznar a la concesionaria que Feijóo nunca cuestionó”.

Arangüena expuso que la concesión “puede ser declarada ilegal”, pero “nunca fue cuestionada por Feijóo, entonces presidente de Correos, que ahora se limita a criticar al Gobierno que rebaja los peajes de Galicia”.

En cambio, Arangüena lamenta que el titular del Gobierno gallego “se limita a criticar al Gobierno que rebaja los peajes de Galicia” con 60 millones anuales. “Pudo haberlo hecho Rajoy durante sus siete años de Gobierno y ni se le ocurrió, ni el propio Feijóo se lo pidió nunca”. El diputado socialista remarca que aquella ampliación ahora cuestionada convirtió a la AP-9 en la autopista con un plazo de concesión más largo. Por ello, mientras las infraestructuras construidas al mismo tiempo ya agotaron los plazos o bien están a punto de finalizarlos, Galicia tendrá que soportarlos durante otros 25 años “por obra y gracia de Aznar cuando Feijóo era alto cargo designado por su gobierno”.

Por su lado, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, afirmó que “la Comisión Europea pone el foco en que la ampliación de la concesión de la AP-9 es una estafa y la reacción del Estado debe ser ponerle fin y acabar con los peajes”. El Bloque valoró como una oportunidad esta resolución “que declara ilegal la ampliación”, pues “marca el camino para acabar con esa ampliación y permitir la recuperación de la autopista”.

En un comunicado, expresó que esta comunicación “también pone en entredicho la legalidad de los peajes cobrados durante las sucesivas ampliaciones realizadas tanto por gobiernos del PP como del PSOE”. Y es que incidió en que, de no haberse producido, habría una AP-9 “libre de peajes desde 2015 en lugar de tener que seguir pagando hasta 2048”.

Igualmente, Ana Pontón llamó la atención sobre que “la mayor parte de las autopistas coetáneas de la AP-9 ya están libres de peajes o están a punto de caducar”, mientras que Galicia sufre estos peajes por el “regalo” de las ampliaciones sucesivas del PP y PSOE.