Cabezas asegura que no recibió advertencias de que se hiciese algo mal
Afirma que su función se limitaba a votar las propuestas que aprobaban los técnicos
Ourense. Manuel Cabezas, alcalde de Ourense por el PP entre 1995 y 2007, defendió este lunes la gestión desarrollada en Urbanismo durante su mandato, al asegurar que todos los temas fueron aprobados con “todos los informes favorables” técnicos y jurídicos y subrayó que “nadie” le advirtió de que podría estar “haciendo algo mal”.
Así lo indicó durante el primer día de juicio que acoge la Audiencia Provincial de Ourense contra él y el exconcejal de urbanismo Ricardo Campo Labrador por supuestos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. Cabezas aseguró que el ayuntamiento recibía “cientos de expedientes” y que confiaba en los informes elaborados por los técnicos y el secretario municipal.
“Nunca hubo advertencias de que se estuviesen haciendo las cosas mal”, declaró, que después de afirmar que “nos pudimos equivocar”, su función se limitaba a “votar las propuestas que elaboraban los técnicos”.
El Ministerio Público solicita para ellos penas de hasta siete años de prisión, con inhabilitación absoluta para el ejercicio de empleo o cargo público durante 17 años por supuestamente eximir a constructores y promotores de pagar el 10 % en una quincena de proyectos de compensación en suelo urbano no consolidado, durante los años previos a la aprobación de un plan de ordenación municipal. Según el Ministerio Público, privó al Ayuntamiento de ingresar a las arcas públicas 1,6 millones de euros.
El caso llegó al juzgado en 2014, a raíz de la denuncia interpuesta por la ex concejala de Urbanismo, Áurea Soto (PSOE), después de un largo proceso que se saldó con el procesamiento de ambos políticos. Soto acusó al PP de eximir a constructores y promotores del pago del patrimonio municipal del 10 % del suelo en más de una docena de proyectos de compensación, de manera “sistemática”.
Según el escrito de acusación, el Ministerio público les acusa de “convertir el patrimonio municipal en beneficios privados” por no reclamar, para fin público, el aprovechamiento de al menos el 10 % de las cesiones urbanísticas de quince promociones” entre los años 1997 y 2003. Según un informe del Consello de Contas incorporado a la causa, el perjuicio fue de 1,65 millones. EMILIA F. ESTÉVEZ