Cada año la Xunta tutela a más de 700 menores por decisión judicial

Los últimos datos disponibles, que corresponden al año 2020, indican que 740 menores de edad ejecutaron en Galicia algún tipo de medida judicial por haber cometido delitos. La cifra es prácticamente la misma que en 2019 cuando sumó un total de 749. Esos más de setecientos menores bajo control fueron consecuencia de 1.035 medidas judiciales, ya que un mismo muchacho puede estar implicado en más de un ilícito, una reincidencia que por desgracia ocurre en un buen número de ocasiones.

Menos de la cuarta parte, en concreto 242 en el primer año de la pandemia, son autores de delitos de gravedad alta lo que obliga a internarlos en centros específicos cerrados, que tienen limitadas las salidas y en los que son sometidos a un control estricto, con protocolos de confinamiento, siempre respetando la decisión de las autoridades.

La mayoría de las medidas de tutelaje que imponen los tribunales de Justicia en nuestra comunidad no conlleva el ingreso en un centro sino que, según fuentes de la Consellería de Política Social, “son en medio aberto, como por exemplo a liberdade vixiada ou a realización de tarefas socioeducativas”.

De acuerdo con las últimas estadísticas oficiales que aparecen en el INE, relativas a menores condenados en Galicia, las cifras son inferiores a esos más de 700 que pasan a ser controlados por Política Social a instancias de la autoridad judicial. En los últimos años se contabilizaron 593 (432 hombres y 161 mujeres) en 2019, que es el último ejercicio del que constan datos, lo que representa una cifra considerablemente mayor que en el quinquenio anterior: en 2018 fueron 406 (313 y 93); 428 (325 y 103) en 2017; 380 (292 y 88) en 2016; 458 (335 y 123) en 2015; 490 (363 y 127) en 2014. En 2013 también se había superado el medio millar de las condenas de menores: fueron 541 (426 muchachos y 115 chicas).

Como en el supuesto anterior se producen reincidencias entre las personas penadas. Recordar que solo se computan aquellos que tienen entre 14 y 17 años y que la tasa de delitos por cada 100.00 habitantes en nuestra comunidad se sitúa en el 6,7, por debajo de la media del total de España que es de 7,4.

Aunque el delito de lesiones sigue siendo el más numeroso, seguido por el de robos, en estos últimos años el mayor crecimiento de los hechos delictivos cometidos por menores en Galicia son los de índole sexual. En el año 2019 se produjeron 54 condenas por agresión sexual, 6 por violación, 165 por abusos sexuales, tres por acoso sexual, 23 por exhibicionismo y provocación sexual, y 52 por prostitución y corrupción menores.

VÍCTIMAS Y DELINCUENTES. Se da la circunstancia de que la Consellería de Política Social no solo debe controlar, por decisión judicial, a esos más de setecientos menores que cometieron algún tipo de delito sino que también tiene que tutelar a adolescentes victimizados como aquellos que sufren desamparo, bien por padecer en sus carnes las consecuencias de un delito y no tener familia estable, o por que las agresiones se producen en ese entorno o debido a que sus parientes no reúnen las condiciones mínimas para garantizar su cuidado.

Es decir, nos encontramos prácticamente en el único supuesto en el que tanto buenos como malos acaban, pese a las evidentes diferencias, en el mismo destino: tutelados por los servicios sociales de la Xunta. Nos referimos a menores que por decisión judicial tienen que ser custodiados en establecimientos de la administración autonómica ya sea con la intención de que no vuelvan a delinquir o aquellos a los que hay que proteger... siempre con la noble intención de que rehagan sus vidas, aunque unos provengan de un entorno y los segundos de otro bien diferenciados.

Poniendo ejemplos recientes estamos hablando de que en las manos de los servicios sociales de la Consellería que dirige Fabiola García se encuentran víctimas como las dos menores localizadas en Ourense, una de las cuales iba a ser obligada a prostituirse en Santiago, o los dos adolescentes que participaron en la agresión mortal a Samuel en A Coruña; las dos niñas que fueron liberadas tras ser vendida una de ellas para el pago de una deuda y la otra para casarse en Gran Bretaña frente adolescentes que acumulan varios delitos a sus espaldas. O los hijos de Sandra Boquete asesinada por su expareja, y padre de los pequeños, en el triple crimen de Valga del que ahora se cumplen dos años.

Unos y otros, desde el punto de vista administrativo, están tutelados por la misma administración, lo cual no deja de ser paradójico, aunque siempre con el matiz comentado anteriormente de que solo una cuarta parte de los menores protegidos lo hacen en centros de régimen cerrado con limitaciones en su libertad. A aquellos que fueron víctimas se les ubica en lugares donde puedan rehacer sus vidas en un ambiente más familiar.

A lo largo de 2020 solo siete menores, según fuentes de Política Social, pasaron a depender de ese departamento “en gardas por orde xudicial, é dicir, situacións nas que un xulgado determina que a Xunta exerza a garda dun menor por diferentes causas”. “Exercer a garda supón para quen a exerce a obriga de velar polo menor, telo na súa compañía, alimentalo, educalo e procurarlle unha atención e formación integral”, aclaran desde el departamento de la Xunta, sin entrar en más detalles por ser menores de edad.