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domingo, 29 enero 2023
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Cada año la Xunta tutela a más de 700 menores por decisión judicial

Solo una cuarta parte, 242 el pasado ejercicio, conlleva internamientos en centros específicos cerrados // La mayoría de las medidas se cumplen bien en libertad vigilada o realizando tareas socioeducativas

Los últimos datos disponibles, que corresponden al año 2020, indican que 740 menores de edad ejecutaron en Galicia algún tipo de medida judicial por haber cometido delitos. La cifra es prácticamente la misma que en 2019 cuando sumó un total de 749. Esos más de setecientos menores bajo control fueron consecuencia de 1.035 medidas judiciales, ya que un mismo muchacho puede estar implicado en más de un ilícito, una reincidencia que por desgracia ocurre en un buen número de ocasiones.

Menos de la cuarta parte, en concreto 242 en el primer año de la pandemia, son autores de delitos de gravedad alta lo que obliga a internarlos en centros específicos cerrados, que tienen limitadas las salidas y en los que son sometidos a un control estricto, con protocolos de confinamiento, siempre respetando la decisión de las autoridades.

La mayoría de las medidas de tutelaje que imponen los tribunales de Justicia en nuestra comunidad no conlleva el ingreso en un centro sino que, según fuentes de la Consellería de Política Social, “son en medio aberto, como por exemplo a liberdade vixiada ou a realización de tarefas socioeducativas”.

De acuerdo con las últimas estadísticas oficiales que aparecen en el INE, relativas a menores condenados en Galicia, las cifras son inferiores a esos más de 700 que pasan a ser controlados por Política Social a instancias de la autoridad judicial. En los últimos años se contabilizaron 593 (432 hombres y 161 mujeres) en 2019, que es el último ejercicio del que constan datos, lo que representa una cifra considerablemente mayor que en el quinquenio anterior: en 2018 fueron 406 (313 y 93); 428 (325 y 103) en 2017; 380 (292 y 88) en 2016; 458 (335 y 123) en 2015; 490 (363 y 127) en 2014. En 2013 también se había superado el medio millar de las condenas de menores: fueron 541 (426 muchachos y 115 chicas).

Como en el supuesto anterior se producen reincidencias entre las personas penadas. Recordar que solo se computan aquellos que tienen entre 14 y 17 años y que la tasa de delitos por cada 100.00 habitantes en nuestra comunidad se sitúa en el 6,7, por debajo de la media del total de España que es de 7,4.

Aunque el delito de lesiones sigue siendo el más numeroso, seguido por el de robos, en estos últimos años el mayor crecimiento de los hechos delictivos cometidos por menores en Galicia son los de índole sexual. En el año 2019 se produjeron 54 condenas por agresión sexual, 6 por violación, 165 por abusos sexuales, tres por acoso sexual, 23 por exhibicionismo y provocación sexual, y 52 por prostitución y corrupción menores.

VÍCTIMAS Y DELINCUENTES. Se da la circunstancia de que la Consellería de Política Social no solo debe controlar, por decisión judicial, a esos más de setecientos menores que cometieron algún tipo de delito sino que también tiene que tutelar a adolescentes victimizados como aquellos que sufren desamparo, bien por padecer en sus carnes las consecuencias de un delito y no tener familia estable, o por que las agresiones se producen en ese entorno o debido a que sus parientes no reúnen las condiciones mínimas para garantizar su cuidado.

Es decir, nos encontramos prácticamente en el único supuesto en el que tanto buenos como malos acaban, pese a las evidentes diferencias, en el mismo destino: tutelados por los servicios sociales de la Xunta. Nos referimos a menores que por decisión judicial tienen que ser custodiados en establecimientos de la administración autonómica ya sea con la intención de que no vuelvan a delinquir o aquellos a los que hay que proteger... siempre con la noble intención de que rehagan sus vidas, aunque unos provengan de un entorno y los segundos de otro bien diferenciados.

Poniendo ejemplos recientes estamos hablando de que en las manos de los servicios sociales de la Consellería que dirige Fabiola García se encuentran víctimas como las dos menores localizadas en Ourense, una de las cuales iba a ser obligada a prostituirse en Santiago, o los dos adolescentes que participaron en la agresión mortal a Samuel en A Coruña; las dos niñas que fueron liberadas tras ser vendida una de ellas para el pago de una deuda y la otra para casarse en Gran Bretaña frente adolescentes que acumulan varios delitos a sus espaldas. O los hijos de Sandra Boquete asesinada por su expareja, y padre de los pequeños, en el triple crimen de Valga del que ahora se cumplen dos años.

Unos y otros, desde el punto de vista administrativo, están tutelados por la misma administración, lo cual no deja de ser paradójico, aunque siempre con el matiz comentado anteriormente de que solo una cuarta parte de los menores protegidos lo hacen en centros de régimen cerrado con limitaciones en su libertad. A aquellos que fueron víctimas se les ubica en lugares donde puedan rehacer sus vidas en un ambiente más familiar.

A lo largo de 2020 solo siete menores, según fuentes de Política Social, pasaron a depender de ese departamento “en gardas por orde xudicial, é dicir, situacións nas que un xulgado determina que a Xunta exerza a garda dun menor por diferentes causas”. “Exercer a garda supón para quen a exerce a obriga de velar polo menor, telo na súa compañía, alimentalo, educalo e procurarlle unha atención e formación integral”, aclaran desde el departamento de la Xunta, sin entrar en más detalles por ser menores de edad.

Violencia gratuita de los dos adolescentes implicados en el ataque a Samuel
Varios testigos señalan el comportamiento agresivo de los chicos que están a disposición de Fiscalía de Menores

Las imágenes de Diego Montaña, Alejandro Freire (Lluma), Kaio Amaral Silva y Kathy entrando en los juzgados de A Coruña o declarando ante la magistrada les sitúa en el ojo del huracán por la salvaje agresión y muerte de Samuel Luiz ocurrida en A Coruña a principios de julio.

Los tres chicos aparecen como los presuntos autores materiales mientras que a la chica se le señala por omisión del deber de socorro y encubrimiento. Junto a ellos aparecen dos individuos que al ser menores de edad no se vieron obligados a realizar el mismo recorrido que sus colegas.

Estos dos también están acusados de idénticos delitos pero al tener 17 y 16 años las acusaciones se trasladaron a la Fiscalía de Menores, ambos fueron ingresados en un centro de menores donde permanecen a la espera de que se tome una decisión.

La mayoría de testigos identificaron a Diego y Alejandro como los principales agresores y, sobre todo, fueron ellos los que iniciaron la violenta agresión contra el indefenso Samuel Luiz. A los agentes le sorprendió que algunos testigos, varios del entorno de la pandilla de los acusados, ratificaron lo que habían visto en las imágenes de las cámaras de seguridad: la activa participación de otros dos jóvenes, esos menores, que se sumaron a la agresiva jauría desplegando una violencia gratuita sobre una persona que ya había sufrido varios golpes y estaba moribundo. Y que ellos también se encararan con los dos inmigrantes que trataban de ayudar al herido.

Los menores de edad estaban haciendo botellón en las inmediaciones del pub Andén y tras desatarse el ataque de Diego y Alejandro no dudaron en sumarse al mismo. Los testigos los reconocieron “sin ningún género de dudas ni error posible” y los identificaron en las imágenes que les presentaron los investigadores. Eran los mismos sujetos que aparecían en los vídeos grabados. Al menos uno de ellos, tras la mortal paliza, se unión a los principales protagonistas para comentar lo ocurrido.

Uno de estos menores, de acuerdo con la testifical que figura en el sumario, “miró con mala cara y reprendió (a un compañero) que le dijo que no se metiera”. “Estaba en el suelo y le dio una patada”, añadió.

Algunos datos estadísticos

1 Del total de 593 menores condenados en la comunidad durante el año 2019, según la estadística oficial del INE, 528 son de nacionalidad española y 65 extranjeros. Por sexos, fueron condenados en Galicia un total de 432 varones por 161 chicas.

46%

Es el incremento porcentual de menores condenados por sentencia firme en 2019 en Galicia con respecto al año anterior, según el INE.

694

Es la media de adolescentes de entre 14 y 17 años que fueron a juicio (independientemente de si fueron o no condenados) en el último quinquenio del que se tienen datos oficiales en la Fiscalía de Menores. A destacar que se pasó de los 678 en 2015 a los casi mil del último año.

3.313

Fueron los expedientes incoados en la Fiscalía de Menores de Galicia a lo largo del año 2019, según figura en la última memoria hecha pública de este organismo

05 sep 2021 / 00:25
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