Calculan que 1.800 viviendas propiedad de los bancos están en riesgo de ser okupadas en la comunidad

El fenómeno okupa no es nada nuevo en la comunidad gallega, pero en los últimos meses parece haberse incrementado de manera importante debido a la nueva crisis económica llegada con la pandemia, con casos llamativos publicados en los medios como el de la vivienda valorada en 750.000 euros en el barrio coruñés de A Zapateira.

La Federación Galega de Empresas Inmobiliarias, Fegein, calcula que son alrededor de 1.800 las viviendas en riesgo de ser okupadas –propiedad de entidades bancarias, Sareb y fondos de inversión– en este mes de junio en las cuatro provincias gallegas. Desde Fegein, recuerdan que el principal objetivo de los okupas, son las viviendas adjudicadas a las entidades financieras ya que estas suelen tardar semanas, o incluso meses, en detectar que el inmueble está ocupado. Aunque este creciente y preocupante fenómeno, también se produce en viviendas particulares, o promociones que están a punto de ser entregadas, advierte.

Los cálculos de la federación ponen a las áreas metropolitanas de las ciudades como las más perjudicadas y, sobre todo, las de A Coruña, con 350 inmuebles susceptibles de ser okupados; Vigo, con 280, y Santiago, 160; seguidas de Ourense, 70, y Lugo, con alrededor de 50 viviendas en esta situación.

Zonas calientes Así mismo, en el análisis realizado por Fegein al que ha tenido acceso este diario, especifican las zonas o barrios de la surbes gallegas en lo que se han detectado más casos de okupación. En el caso de A Coruña son Montealto, avenida de Peruleiro, calle de la Paz, ronda de Nelle, Agra do Orzán, A Zapateira, Eladio Rodríguez y calle de Padre Busto.

En Vigo se detectan más en la Travesía de Vigo, Teis y barrio del Calvario. Y en Santiago de Compostela, la rúa de Belvís, el barrio del Pexigo, calle Rueiro de Figueiriñas, rúa de San Pedro, Algalia de Arriba y zona del Cruceiro do Gaio. Finalmente, según Fegein en la ciudad de Lugo los okupas prefieren las viviendas en el barrio de A Milagrosa, As Gándaras, barrio Feijóo y zona de A Chanca. Y en Ourense, el entorno de la Plaza de Abastos, Celso Emilio Ferreiro; la zona de As Burgas, en pleno casco antiguo, zona del Veintiuno, avenida de Portugal y Mariñamansa.

Además, señalan que “la impunidad okupa se está trasladando a cualquier vivienda” de cualquier zona , incluida las principales municipios de costa, tanto en las Rías Altas como en las Baixas. “Y todo ello con presuntos e ilegales subarriendos en algunas propiedades okupadas a personas en situación de marginalidad o exclusión social”, subrayan.

Más impunidad El presidente de la federación gallega, Benito Iglesias, explica que les preocupa “el incremento y el nivel de impunidad de las ocupaciones” en Galicia. “ El asalto violento a un inmueble sin contar, lógicamente, con la autorización de su propietario, es solo ser sancionada con una multa de tres a seis meses. Esto crea una sensación de impunidad total al ser la práctica totalidad de los okupas personas insolventes”, señala.

Y recuerda que aunque desde Galicia se trasladó al Gobierno hace meses la necesidad urgente de garantizar la seguridad jurídica del mercado inmobiliario y viendo insuficiente el mecanismo del desahucio exprés ante la aparición de los primeros casos de ocupación en la comunidad, “la realidad es que estamos peor que nunca y con unas perspectivas de empeoramiento de la situación”.

Demandas Iglesias defiende que “la ocupación de una vivienda sea considerada como un delito penado con prisión y que la policía pueda desalojar la vivienda okupada en menos de 24 horas”, y demanda “poner en carga todo el suelo destinado a vivienda de protección oficial retenido en manos de las distintas administraciones públicas.

En este sentido, piden al sector público que “haga un inventario de su suelo destinado a vivienda social disponible, procediéndose a su desbloqueo”, así como la unificación en un marco general de todas las leyes del Suelo, nacionales y autonómicas, “reduciendo la fiscalidad sobre la vivienda, y creando un marco jurídico estable que viabilice la financiación hipotecaria, así como la seguridad jurídica en el urbanismo”.

Remata Iglesias indicando que no habían tocado este tema hasta ahora para no “contribuir a generar más inquietud o alarma social”, pero el fenómeno se incrementa en Galicia y la legislación está totalmente obsoleta. “El problema se ha agravado y hay que afrontarlo, y sobre todo en una comunidad como la nuestra con más de 330.000 viviendas vacías”, remata el presidente de la Federación de Empresas Inmobiliarias.