Cinco policías gallegos serán procesados por las cargas en el 1-O

Cinco años después del referéndum de independencia de Cataluña, el Juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona ha procesado a 45 agentes de la Policía Nacional por las cargas contra la población que participó en la consulta del 1-O. Entre los efectivos acusados por “violencia innecesaria y gratuita”, están cinco miembros de la VIII Unidad de lntervención Policial (UIP) con base en A Coruña.

Desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP), mayoritario en Galicia y que representa a 1.800 agentes, manifiestan su “estupefacción” ante este procesamiento ya que los funcionarios —señala su delegado en la comunidad gallega, Roberto González— “cumplieron órdenes” y su comportamiento fue “intachable”.

En su resolución, el juez Fernando Miralles analiza lo ocurrido durante la convulsa jornada del 1-O en los colegios electorales habilitados por la Generalitat en Barcelona para votar. La investigación se entró en los agentes y sus mandos que actuaron sobre el terreno, sin llegar a inculpar a las altas cúpulas policiales y políticas del Ministerio del Interior al no demostrarse durante la instrucción que existiera una orden política para cargar contra los votantes. En el auto, que recoge un relato de las víctimas y los informes forenses encargados para acreditar las lesiones, el magistrado acuerda el archivo de las actuaciones respecto a 20 agentes, pero considera que hay indicios para procesar a otros 45 por los delitos de lesiones y, en algunos casos, por un delito contra la integridad moral. Por haberse apartado de los principios de “congruencia, oportunidad y proporcionalidad” , el instructor ha acordado procesar a esos 45 efectivos, que se enfrentan a penas de inhabilitación para cargo público. Es decir, ya no podrían seguir como policías.

“Su actuación se limitó a cumplir las órdenes de la superioridad, de realizar, tal como establece la Instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad, intervenciones rápidas que evitasen la aglomeración de personas”, defienden desde el SUP en Galicia, cuyo servicios jurídicos prestan la defensa penal a la mayor parte de los agentes gallegos procesados, ofreciendo asesoramiento a todos los implicados. “En un momento en que la mayor parte de los responsables de aquellos hechos han sido indultados, otros han visto como sus causas fueron sobreseídas o archivadas, vemos como se persigue y procesa a un grupo de agentes que se desplazaron allí con la orden y el deber de preservar la estabilidad democrática”, advierte el delegado del SUP en Galicia, al tiempo que cuestiona que “se utilice a los policías cuando interesa y se les abandone a su suerte igual que hicieron cuando caían piedras sobre sus cabezas y el fuego corría por las calles de Cataluña”. “Los alborotadores son ahora víctimas y los responsables de garantizar los derechos y libertades de la ciudadanía, los acusados”, reprocha González, quien confía en la absolución de los agentes procesados. “En un escenario de actuación tan complejo, con personas mayores y niños obstaculizando las entradas, en medio de radicales y violentos que eran desalojados y que regresaban y con las órdenes verbales impartidas por los responsables políticos del dispositivo, la intervención de orden público de los compañeros fue intachable”, sentencia el delegado del SUP en Galicia.