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Con 199 concellos candidatos, economistas instan a primar y no forzar fusiones municipales

En la etapa de los “ayuntamientos del cambio” hubo una eclosión de las remunicipalizaciones de servicios, especialmente el del agua // Un análisis d el CGE insta a hacerlas por eficiencia y no ideología

De los de 313 ayuntamientos existentes en Galicia, 199 tienen menos de 5.000 habitantes, el 63,6 %; en toda España son porcentualmente más, el 84 %, 6.808 de 8.131 municipios. Este tipo de municipios dedica a gastos en actuaciones de carácter general, para su funcionamiento, el 30 % de sus recursos. No hay partida mayor, superando ligeramente, incluso, los destinados a servicios públicos básicos, de la seguridad y movilidad ciudadana a vivienda y urbanismo, bienestar comunitario y medio ambiente.

Son datos recogidos en el estudio Los municipios en tiempos de Covid: el territorio de la cooperación, editado por el Consejo General de Economistas (CGE), y que presentaron sus autores, los economistas Luis Caramés y Amelia Díaz, en un webinar abierto a la prensa. Lo hicieron junto al presidente del CGE, Valentín Pich, junto con el presidente del Comité del Sector Público de dicho Consejo General, Emilio Álvarez.

El catedrático de la USC, presidente del Grupo Colmeiro y titular también de la Fundación Belarmino Fernández, junto con la profesora de la Universidad de Barcelona y economista también del Colmeiro, abogaron por la “cooperación intermunicipal para la gestión y prestación de servicios”, más aun si se tienen en cuenta las medidas que los ayuntamientos han ido tomando –y lo que les queda– “para adaptarse a la situación provocada por el COVID y dar un mejor servicio a los ciudadanos”. A ello suman otros retos municipales, pues según la OCDE “al menos 100 de las 169 metas de los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) no se alcanzarán sin el compromiso y coordinación con los gobiernos locales y regionales”.

Caramés y Amelia Díaz realizaron un recorrido por aspectos clave de la situación actual de las haciendas locales, comenzando cuál es la dimensión óptima de las jurisdicciones locales, siguiendo con un análisis detallado de la evolución del gasto no obligatorio de los municipios, haciendo una especial referencia a los gastos derivados de la singularidad de algunos municipios, como son los municipios turísticos. Otro apartado muy de actualidad en el mundo local es la remunicipalización de los servicios públicos.

Sobre la racionalización de los gastos, Valentín Pich indicó que “a través de las Fichas Socieconómicas –herramienta desarrollada por el Consejo General de Economistas que permite analizar cualquier variable socioeconómica de cualquier municipio de España– detectamos que de los 6.808 municipios que tienen menos de 5.000 habitantes, algo más de la mitad (3.585) disponen de piscinas cubiertas o al aire libre de uso colectivo”, algo que –aseguró– “si en un determinado momento pudo tener algún sentido, hoy no lo tiene, no solo por lo gravoso que resulta el mantenimiento de estas instalaciones sino, sobre todo, por una cuestión medioambiental”. “¿No sería más razonable establecer sistemas de transporte no contaminantes entre pueblos próximos?”, se preguntó.

El titular del Colmeiro indicó que ”muchos de los éxitos en la fusión de municipios vienen de la mano de colaboraciones intermunicipales preexistentes; de ahí lo relevante de una etapa intermedia de cooperación, que podrá desembocar o no en un proceso de fusión voluntaria”. Con respecto a las fusiones de municipios, Caramés llamó la atención sobre el hecho de que “la renta de situación de los actores políticos locales, junto a elementos sociológicos diversos, entorpecen los procesos de redimensionamiento, sobre todo los de naturaleza radical”.

Nada de palo, lo que se necesita es zanahoria. Galicia es de los pocos lugares en España donde se registraron dos integraciones promovidas desde la Xunta, la de Oza-Cesuras en A Coruña y la de Cerdedo-Cotobade en Pontevedra. Si se atiende a que no generaron tendencia, no se replicaron desde 2016, entenderemos que Caremés opte por recetar más incentivos y olvidarse de forzarlas.

El también asesor de Coyuntura del CGE apuntó que “los gobiernos de nivel superior, con competencias en la materia, deberían llevar a cabo un ejercicio de persuasión con los municipios potencialmente susceptibles de fusión, poniendo en primer plano la evidencia de su ineficacia, ligada al tamaño, que se manifiesta en la provisión subóptima de bienes y servicios públicos locales. Como acompañamiento estratégico imprescindible, debería utilizarse una gama de incentivos, tales como reducción de deuda, financiación de infraestructuras o similares”.

El economista quiso llamar la atención también sobre que “la renta de situación de los actores políticos locales”, que unidos a “elementos sociológicos diversos”, vienen a “entorpecer procesos de redimensionamiento, sobre todo los de naturaleza radical”. La moraleja es que los políticos deberían pensar más en el bien común, y menos en los intereses personales. Si puede ser.

¿Servicios públicos o concesionados?

España ocupa el cuarto lugar del mundo con más remunicipalizaciones de servicios públicos entre 2000-2019, con 119, de ellas 89 concentradas en la década anterior, ejecutadas en 66 municipios. La mayoría a partir de 2015, y 28 de ellas en la gestión del servicio público del agua. Eclosionaron con la llegada de los conocidos como “ayuntamientos del cambio, como los de las Mareas en Galicia.

El estudio de Caramés y Díaz apunta a que “no existe una respuesta única a la pregunta de cuál de las dos modalidades de gestión –pública o privada– es más eficiente y pueden encontrarse diversos ejemplos en los dos sentidos”. Por ello Valentín Pich instó a elegir “exclusivamente por criterios de eficiencia y no por motivos ideológicos”.

En este sentido, la autora señaló que “en la llamada remunicipalización han primado en muchos casos las razones ideológicas por encima de razones de eficiencia en la gestión. No debería ser así, hay que tener en cuenta que los costes de transacción de la remunicipalización pueden entrañar el pago de una indemnización a los operadores privados por los beneficios que han dejado de percibir”.

Municipios turísticos... más gasto, ingresos por los censados

En el otro gran tema Díaz indicó que, pese a la importancia que tendrá la recuperación del turismo en la salida de la crisis, “en España sólo 15 municipios de 8 provincias –ninguno en Galicia– cumplen las condiciones para ser reconocidos como municipios turísticos por la normativa actual de financiación de las Haciendas Locales”. Sostiene la economista que “queda bastante claro que los municipios turísticos reciben financiación por la población real censada y no por la flotante, al igual que cualquier otro ayuntamiento, pero su gasto es superior, dado que soportan más costes en materia de suministros, sanidad, seguridad o infraestructuras, ya que, en determinados momentos del año, sobre todo en verano, la cifra de visitantes supera hasta en dos y tres veces a la población de derecho”. Es por ello que, según Díaz, “resulta razonable la financiación adicional que vienen reclamando los municipios turísticos para hacer frente a esos gastos derivados de su singularidad”.

Utilidad del informe

Como corolario, Emilio Álvarez defendió la labor de las injustamente denigradas diputaciones provinciales, y puso de manifiesto la importancia del sector público, que “en estos momentos supone algo más del 50 % del PIB de nuestro país”. Por ello considera que “estudios como el que hoy hemos presentado cobran una especial importancia ya que pueden aportar puntos de vista que resulten de utilidad a los responsables políticos e institucionales a la hora de repensar planteamientos y actitudes con objeto de evitar duplicidades y progresar en la sostenibilidad financiera, en este caso, en el ámbito local”.

“Esperamos que este trabajo sirva también para poner en valor a los municipios como motor del desarrollo económico y elemento fundamental para la recuperación, como prueba el esfuerzo realizado en los últimos tiempos por las haciendas locales, que se han visto sometidas a una gran presión como consecuencia de la pandemia y han estado sujetas a más de 100 normas nuevas en nueve meses, sin contar las aprobadas por las diferentes comunidades autónomas”, concluyó Valentín Pich.

12 mar 2021 / 01:00
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