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Consenso entre los economistas: subir los impuestos ahora daña la recuperación

Nueve de cada diez profesionales de los números en Galicia, contrarios a sablazos fiscales // En su Consejo General en España reclaman otra vía

En Bruselas ya conocen los planes fiscales de Moncloa para los próximos años y no pasan, en contra de la opinión del consenso o gran mayoría de los economistas –gallegos, españoles y de los principales socios europeos, EE.UU. o Reino Unido–, por bajar los impuestos. Al contrario. Tanto la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, como la vicepresidenta segunda y titular de Asuntos Económicos, Nadia Calviño reconocieron que el objetivo es elevar la recaudación y acercar la presión tributaria de España a la media europea. Toca recortar entre siete y ocho puntos del PIB... y eso supera los 78.000 millones de €/año.

Pretenden empezar a hacerlo ya en 2022, algo que choca, por ejemplo, con la valoración de los profesionales de los números gallegos, pues en su último y reciente Barómetro de Economía tan sólo nueve de cada cien apostaban por la subida impositiva. Los otros 91 la rechazaban, con un 25 % apostando por mantenerlos como hasta ahora, y dos terceras partes, el 66 %, convencidos de que hay que bajarlos. Porque hace falta gasolina para impulsar la inversión, el empleo y el crecimiento. Mayores gravámenes dañan al recuperación.

No sólo en la consulta periódica del Consello Galego de Economistas los miembros de los colegios de las cuatro provincias muestran este perecer. Desde el Consejo General de Economistas estatal defienden que las administraciones sorteen la caída de los ingresos con la contención del gasto, evitando aumentar los ingresos vía impuestos, pues en la coyuntura de crisis actual podrían producir un efecto contrario: disminuir la recaudación. Instan a tomar medidas contracíclicas como las emprendidas por la mayoría de países de la UE, que de momento no consideran elevarlos impuestos en sus programas de salida de la crisis.

¿De qué medidas estamos hablando? Pues de un mix de subidas en el IRPF y en el de sociedades, la homogenización en los de patrimonio y sucesiones, la supresión de hasta trece incentivos fiscales y un castigo a quienes deben usar el automóvil, elevando tanto los gravámenes de matriculación y circulación para los más contaminantes, y recuperando el dieselazo, tasas que buscaba equiparar el precio del gasóleo –más barato– con el de la gasolina y que se frenó para lograr que Pedro Sánchez lograse apoyos para resultar investido presidente del Gobierno.

En el presente ejercicio ya abonamos más tras el impuesto a los plásticos, además del que recarga las bebidas azucaradas. También está vigente la subida del IRPF en tres puntos para rentas del capital de 200.000 euros, y de dos puntos en las del trabajo por encima de 300.000 euros anuales. Se elevó el de patrimonio para las fortunas de más de 10 millones, y se fijó una tributación mínima a las socimi –sociedades de inversión en ladrillo– del 15 %. También se instauraron la tasa Google a los princiaples actores digitales y la tasa Tobin para las transacciones financieras. Pero vienen más.

Hasta donde se conoce se van a castigar fiscalmente las herencias en vida, fórmula que se había puesto de moda para evitar los recargos del impuesto de sucesiones, llamado a nuevas subidas junto al de patrimonio, aunque Nadia Calviño señalase que podrán aguardar hasta 2023. Vendrían de la armonización tributaria que se le has puesto como menú a los a los 17 expertos que llamados a aportar en la reforma del sistema tributario, paso al que seguirá la revisión de la financiación autonómica y local.

Conformado por catedráticos y profesores de Economía y Derecho Financiero y Tributario entre los que se encuentran de la Uvigo Santiago Lago y Xavier Labandeira, este comité de sabios tendrá hasta el 28 de febrero de 2022 para presentar su hoja de ruta. Por el camino, eso sí, podrá haber ajustes puntuales.

Los ejes de AIReF. Sobre la reducción de beneficios fiscales se sigue al dictado un documento de AIReF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que pone a 13 en concreto en peligro de extinción. Suponen más de 34.000 millones que se dejan de recaudar al año y van de los tipos reducidos de IVA a la exención de este tributo en sanidad y educación, reducciones en el diésel o del IRPF por alquiler de viviendas.

Ahí se encuentra, también, la eliminación de la tributación conjunta que se tuvo que desmentir antes del 4-M.

Madres divorciadas, otras ‘víctimas’ si se vetasen las declaraciones conjuntas
Las gestorías alertan de un gran impacto en la comunidad entre los matrimonios mayores y retornados del exterior
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La propuesta planteada recientemente por el Gobierno central de eliminar poco a poco la tributación conjunta en el IRPF ha sido mal recibida por los gestores administrativos de Galicia, una red formada por casi 600 despachos profesionales. Desde el Colegio oficial señalan, a este respecto, que la medida anunciada, y retirada de forma provisional, es una subida de impuestos encubierta y un golpe a las familias más vulnerables, que perderían una importante bonificación.

Los profesionales gallegos, inmersos en la campaña del IRPF 2020, consideran que en Galicia esta medida afectaría a un porcentaje elevado de contribuyentes, en su mayoría matrimonios mayores en los que la mujer percibe pocos ingresos o no trabaja.

En este sentido, consideran que los grupos más afectados serán los jubilados que perciben rentas del exterior exentas de tributación, muy frecuentes sobre todo en zonas rurales con un elevado porcentaje de población que ha sido emigrante. “Las pensiones en el extranjero no tienen retención, por lo que la declaración de la Renta sale a pagar siempre, pero al aplicar la deducción por tributación conjunta pueden llegar a ahorrar entre 500 y 700 euros.”, señalan las gestorías administrativas de zonas rurales.

Desde el Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Galicia también alertaron a través de un comunicado de que las madres divorciadas que tengan la custodia de sus hijos también salen perjudicadas porque no podrán optar a esa reducción si se elimina la tributación conjunta.

La cifra
3,37

millones de declaraciones conjuntas que los Técnicos de Hacienda de Gestha estiman que se podrían presentar en esta campaña del IRPF, el 16,5 % de los 20,83 millones que se esperan en total. De ellas, en torno a 184.000 llegarían desde Galicia. Alega Gestha que el importe de la reducción por tributación conjunta disminuirá el 8,6 % en el bienio 2019-2020 a consecuencia de inclusión de la mujer en el trabajo.

Cumplieron ya con el IRPF cerca de 317.000 contribuyentes gallegos
Inicio de las llamadas de la AEAT para ayudar a personas a presentar en orden su declaración

Santiago. Arranca la confección de declaraciones de la renta por teléfono mediante el plan ‘Le Llamamos’, que la Agencia Tributaria reforzó para atender al mayor número de contribuyentes que puedan precisar este apoyo.

Alcanzado el primer tercio de la campaña del IRPF 2020, se presentaron en toda España 6,6 millones de declaraciones, y 3,8 millones recibieron ya su devolución por importe de más de 2.540 millones. Según la AEAT, ésto supone que se han abonado el 72,5 %

de las devoluciones y el 66,7 % de los importes solicitados.

En Galicia han sido 316.935 los contribuyentes que ya han cumplido con el fisco, lo que supone un 7,78 % más que en la anterior, la primera ya en pandemia, y un 36,6 % por encima de los datos de la precedente, que tuvo lugar en 2019. El último ejercicio normal.

De estas, 246.207 reclamaban una devolución, que ya han percibido, según datos del Ministerio de Hacienda, 177.303, por tanto el 72 % de ellos. Reclamaban de vuelta 171,2 millones y ya tienen dos terceras partes en sus cuentas, con un total de 113,3 millones de euros. Baja ligeramente el número de beneficiarios ya con su dinero de regreso, un 2,6 % desde 182.006 de la anterior campaña, aunque repuntan un 18 % frente a la precedente. La cuantía sí se dispara, un 15,5 % frente a los 98 millones del pasado ejercicio y un 33,6 % frente a la de la campaña 2018.

Apunta la AEAT que ya se presentaron 1.037.000 declaraciones en España de perceptores de prestaciones por ERTE, y más de 100.000 beneficiarios del ingreso mínimo vital (IMV) cumplen hasta la fecha con la obligación de presentar declaración.

Refuerzo de Atriga. Un año más, desde la Axencia Tributaria de Galicia (Atriga) refuerzan, en esta ocasión con 36 funcionarios, el servicio de atención al contribuyente en la campaña de la renta 2020. Estarán operativa desde este jueves día 6 al 30 de junio, informa la Consellería de Facenda en un comunicado. Nueve estarán en Vigo; seis en Pontevedra; cinco en Santiago; y cuatro en cada una de las ciudades de A Coruña, Ourense, Ferrol y Lugo. La Atriga destina casi 200.000 euros a este servicio, siendo la segunda comunidad que más apoya a la AEAT.

Fedea: Galicia cerró 2020 con un déficit estructural del 1% del PIB
Las comunidades cierran 2020 con el mejor saldo presupuestario en tres lustros por la inyección de fondos estatales

Santiago. Galicia registró un déficit estructural del 1 % del PIB en 2020, según el último informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), que se hizo público este jueves.

Esta cifra es la misma que el déficit estructural de las comunidades en 2020. En Galicia se produce un empeoramiento de 0,8 puntos respecto al -0,2 % de 2019.

En el caso español supone medio punto más. “Esto demuestra que las regiones en su conjunto no están saneadas en términos estructurales”, según se señala en el estudio El saldo estructural de las CC.AA. 2018-2020, que han elaborado Manuel Díaz y Carmen Marín.

Sin embargo, esta situación es muy heterogénea entre las diferentes regiones. Por un lado, la situación estaría saneada (superávit estructural) en Asturias, Canarias, País Vasco y Navarra, mientras que en el lado más preocupante, estarían la Comunidad Valenciana y Murcia, con un déficit estructural del 2 % y el 1,8 % del PIB, respectivamente.

Aunque a corto plazo resulta vital atender a las urgencias económicas, sociales y sanitarias provocadas por la pandemia, Fedea cree que es un “buen momento” para diseñar y poner en marcha una estrategia fiscal a medio plazo que garantice la sostenibilidad de las cuentas públicas a partir de 2022, cuando “se va a complicar notablemente la situación presupuestaria por el efecto de la liquidación del sistema de financiación autonómico de 2020”.

Según este informe de Fedea, Galicia tuvo un gasto no financiero derivado de la COVID de 502 millones de euros, octava mayor cifra entre comunidades: 315 fueron para gasto sociosanitario; 53 en educación; otros 118 para las subvenciones a empresas y familias; y 112 millones en materias distintas de sanidad, educación y transportes.

En los 315 millones de gasto sociosanitario, 124 se dirigieron a personal;, 115 a productos sanitarios; 14 a inversiones y 62 millones a otro tipo de efectos sociosanitarios.

Fedea explica que las autonomías cerrado 2020 con un saldo presupuestario –diferencia entre ingresos y gastos– del -0,2 por ciento del PIB, mejorando cuatro décimas frente a 2019, en el mejor dato de los últimos 15 años.

Alberto Vaquero García, miembro del Foro Económico de Galicia
“Hay que echar números y medir el impacto real”
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Era esperable que el Gobierno de España tomase la decisión de incluir un paquete de medidas fiscales para compensar el esfuerzo presupuestario que se ha realizado, tanto en medidas sanitarias y médicas como desde la perspectiva laboral (por ejemplo los ERTE) para amortiguar los efectos de la pandemia. Las ayudas prometidas no pueden considerarse como un cheque en blanco, y por lo tanto, hay detrás una exigencia fiscal, de cumplimiento de objetivos presupuestarios. Son medidas de diferente intensidad, un primer bloque de menor impacto y un segundo bloque de mayor efecto. Las primeras son más tenues y la segundas tendrán más efecto sobre los contribuyentes.

Es necesario que cualquier medida fiscal que se tome tenga en cuenta su impacto sobre los contribuyentes y que no solo hay que pensar el términos de recaudación, sino en los efectos sobre los individuos, empresas y familias. Debe hacerse un ejercicio de microsimulación y el Ejecutivo central tiene las herramientas y los datos –fiscales– para hacerlo. Esto evitaría tener que retrotraer o matizar algunas actuaciones que se han avanzado, como la eliminación de la reducción por tributación conjunta en el IRPF. Sería bueno echar números y medir adecuadamente la incidencia por colectivos y/o tramos de rentas, para empresas, personas y familias, de estas medidas fiscales.

Los fiscalistas llevamos años pidiendo una reforma del sistema fiscal español, sobre todo mejorando su capacidad progresiva y todo esto requiere un ejercicio numérico del impacto.

Por otra parte, debemos de emplear otros indicadores complementarios a la presión fiscal a la hora de tomar medidas tributarias, como puede ser el esfuerzo fiscal que tiene en cuenta no solo la recaudación respecto al PIB, sino la renta de los individuos y la población (por ejemplo, se puede recaudar lo mismo exigiendo menos si el número de habitantes es mayor). En economía no se puede vincular todo a un solo indicador.

En cuanto a la medida de pago por el uso de las autovías creo que debería estudiarse adecuadamente, puesto que lo que hay detrás de esta medida es la aplicación del principio del beneficio (quien la usa, debe ayudar a su mantenimiento), cuanto hasta ahora, como gasto con cargo a los impuestos se venía aplicando el principio de capacidad de pago en su mantenimiento (y construcción). Además, lo anterior puede entenderse como una especie de copago, tal y como sucede con los medicamentos y todos somos conscientes de lo que esto ha supuesto.

06 may 2021 / 19:45
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