De la noche a la mañana, 60 barcos gallegos que llevan décadas faenando en el Atlántico Norte se ven obligados a retirarse
Desde la publicación de la normativa en el diario oficial de la UE, los buques contarán con veinte días para marchar antes de incurrir en incumplimiento y sanción
Gran parte de la comunidad gallega vive del sector del mar, ya sea directa o indirectamente. Por ello, cuando el pasado jueves la Comisión Europea aprobó cerrar el acceso de la flota de arrastre a 87 zonas protegidas en las aguas comunitarias del Atlántico Nororiental, Galicia quedó en ‘shock’, un ‘shock’ del que todavía no se ha recuperado. Y es que en la práctica, la normativa implica vetar la captura de especies en aguas con profundidades superiores a 1.500 metros.
Desde que la nueva normativa se publique en el diario oficial europeo, los buques que actualmente todavía están operando en esa zona contarán con un plazo de veinte días para retirarse antes de incurrir en incumplimiento y, consecuentemente, en sanciones. En concreto, según los datos facilitados a EL CORREO por la Cooperativa de Armadores del Puerto de Vigo (Arvi), un total de 60 palangreros gallegos están faenando en esas aguas, para los que es inviable continuar la explotación.
“La situación es muy, muy compleja”, asegura el presidente de la Arvi, Javier Touza, que asegura todo el sector está tratando de luchar unido por la vía judicial para presentar recursos, manteniendo reuniones con políticos de toda índole. “Especialmente, en nuestro caso, se ve muy afectada la flota de arrastre en la zona de Gran Sol y del Cantábrico Noroeste, porque esas famosas 87 áreas se distribuyen entre Escocia y el Golfo de Cádiz, de manera que más allá de la de arrastre, todas nuestras otras flotas también se verán afectadas”, considera.
Y es que explica que, primero, “los directísimamente afectados serán los barcos de palangre de fondo, porque son los que realizan pesca en los llamados ‘cantís’ (acantilados), que son las zonas donde acaban las plataformas continentales, en torno a 400 metros de profundidad”. Pero, a su vez, “si los expulsan de ahí colisionarán con la flota de palangreros y, a su vez, si se corre la flota de palangreros, también con arrastreros, que son aquellos que suelen pescar más cerca de la playa”, indica.
PREOCUPACIÓN CRECIENTE PORQUE SE GENEREN TENSIONES ENTRE LAS DISTINTAS ARTES DE PESCA. Por tanto, Touza se muestra enormemente preocupado porque dentro del propio sector la normativa genere “una serie de tensiones muy importantes entre los distintos segmentos”. Todo ello en un momento ya de por sí muy complicado para el sector, que arrastra los problemas de la crisis del coronavirus, del transporte de mercancías por mar, de la huelga de camioneros y ahora, de la tormenta inflacionista con la subida desenfrenada de los precios, que ha traido consigo una caída de ventas importante. “Una tormenta perfecta en su máxima expresión”, afirma, añadiendo que, “si para colmo, no podemos pescar donde venían pescando nuestras flotas desde hace décadas, ¿qué soluciones nos darán? Porque esta norma no va acompañada de ningún tipo de instrumento financiero”.
“Entendemos que es una decisión sin ningún tipo de sentido, porque después de haber dialogado con las altas instancias de la Comisión Europea, le expusimos que esos informes científicos se referían exclusivamente a la flota de arrastre, no a otros segmentos de flota que se van a ver inevitablemente afectados”, asegura el presidente de la Arvi.
Por otra parte, también critica el hecho de que los informes “se han extralimitado por un criterio de precaución”, es decir, “por pensar que en una zona puede haber fondos vulnerables y que la pesca allí puede perjudicar a corales de aguas frías, por ejemplo, vamos a acotar, por precaución, un perímetro de protección mucho mayor”. Es por ello que Touza considera que esos documentos, además de “adulterados”, están “desactualizados”.
Documentos que, además, “no van acompañados por ningún informe sobre los impactos que puede causar la medida desde el punto de vista socioeconómico, a nivel de empleo, de generación de rique-
za, de seguridad alimentaria, de abastecimiento de mercado, etc.”.
Sumando todos estos factores, desde la Arvi entienden que la medida fue tomada “de manera arbitraria por parte de la Comisión Europea”, y ahora, por si fuese poco, “desde que se publique en el diario oficial de la Unión Europea –calculan que antes del lunes–, los barcos presentes en la zona tendrán 20 días para retirarse, es decir, prácticamente será de aplicación inmediata, sin margen de reacción”.
Con todo, y como suele decirse, por intentarlo que no quede, así que todas las organizaciones están ya trabajando para tratar de poner remedio a una situación que no les deja margen de maniobra. Por un lado, tal y como explica el presidente de la Arvi, trabajan desde el plano jurídico para poder presentar un recurso en caso de que sea posible; desde el plano político, en el que ya tienen concertadas varias reuniones con eurodiputados gallegos de distintas formaciones políticas; y desde el plano documental, para poner sobre la mesa con carácter inmediato el número de barcos de la primera flota que va a verse afectada, la palangranera, compuesta en Galicia por unos 60 buques.
“Estamos trabajando de la mano de Madrid, de la Secretaría General de Pesca, y de la Xunta de Galicia, con estudios de tipo jurídico y con informes científicos, tratando de buscar argumentaciones contra la normativa”, afirma Touza.
Con todo, confiesa que el sector está “hastiado, existe una frustración muy grande ante la falta de sensibilidad que están teniendo en un momento tan complejo”. Y es que, opina que “ahora que estamos en un proceso de reforma de la política pesquera común después de diez años sin cambiarla, entendemos que lo mínimo que podrían haber hecho es esperar a final de año, esperar a que se instrumente esa reforma, antes de implementar medidas específicas sobre las que, a lo mejor, cuando se quieran atajar sus efectos perversos, ya sea demasiado tarde”, concluye.
··· “Se ha procedido de manera arbitraria, de manera no consensuada en lo más mínimo ni con el sector ni con las propias administraciones implicadas, con nocturnidad y alevosía y vendiendo una falsa imagen de que se trata de medidas consensuadas que buscan causar el menor impacto posible”, denuncia el presidente de la Cooperativa de Armadores del Puerto de Vigo, Javier Touza, que critica que “si el mínimo impacto significa cerrarnos las áreas donde vienen pescando habitualmente nuestras flotas así de la noche a la mañana, pues flaco favor se nos hace, tanto a nosotros como al abastecimiento del mercado comunitario, dejando desprotegidas a zonas altamente dependientes de la pesca como es Galicia”.
El patrón mayor de Ribeira, José Antonio Pérez, mostró su malestar ante la inminente entrada en vigor de una normativa que, asegura, “aféctanos a todos”. Mostró su preocupación, pues el veto a la pesca de fondo al completo repercutirá en la economía, “pois imos perder mercado e produto do mar; moita frota non será capaz de seguir adiante porque esas zonas eran moi importantes, principalmente para os barcos do Gran Sol que era onde estaban a ir á merluza do pincho”, entre otras.
José Antonio Pérez incluso resaltó en una conversación con EL CORREO que esta prohibición será una problemática para la alimentación: “Estamos a buscar un alimento rico en proteínas como é o peixe e iso vai a afectar moito... por non falar dos postos de traballo, pois xa estabamos peleando para aguantar as empresas coa subida do combustible e con todos eses problemas e agora isto, que é unha locura”, reiteró.
El patrón mayor lamenta que “un pouco de cada lado pero estannos buscando a ruína. Sabemos que día a día estamos peleando con Europa polas cotas de pesca, que cada ano se nos reducen. Non vemos saída, atácasenos ao sector mariñeiro por todo lados”.
Respecto a la norma, afirma que “hai moita diferenza entre países. Europa, se nos colle cun quilo de máis, xa nos sanciona duramente”. También le sorprende que apliquen la ley de un día para otro, una vez se haya publicado, “todo sen ter estudos económicos; penso que non se imaxinan o impacto tan grande que é isto para nós”. Critica que, una vez más, no se haya tenido en cuenta al sector. m. c.
Santiago. La normativa anunciada por la Unión Europea no ha dejado indiferente a nadie y, al menos, ha servido para unir en torno a un frente común a políticos de todos los signos y colores. Ni una sola opinión positiva sobre el cierre de las 87 zonas de pesca.
Desde Galicia, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, reclamó al Gobierno central que use “toda su influencia” en Europa para revertir la prohibición de la pesca de arrastre en estas zonas del Atlántico, un acto que al conselleira do Mar, Rosa Quintana, tildó de “mala fe”.
“Estamos muy preocupados, no nos lo esperábamos”, manifestó ayer el mandatario gallego, recordando que representates de la UE habían visitado Galicia y se habían comprometido a “estudiar” la situación y los informes que “demostraban que no era necesaria” esta prohibición.
Mientras tanto, Rosa Quintana aseguró que “en Galicia se hará todo lo posible y lo imposible” para evitar que la decisión de la CE perjudique a cientos de barcos. “La implicación de la Xunta está al más alto nivel”, apostilló.
Por parte del BNG también consideraron “un disparate” y “un atentado contra la flota gallega” la decisión de la UE “sin motivación científica alguna y sin tener en cuenta el impacto que puede implicar desde el punto de vista económico y del empleo” para un sector estratégico en Galicia.
Ya a nivel estatal, el Gobierno central ha solicitado, junto con Francia, la inclusión de un punto en el próximo Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la Unión para expresar su “malestar” y “requerir a la Comisión Europea que, una vez se disponga del nuevo informe de ICES, se revise inmediatamente la propuesta”, destacaron desde el propio Ministerio, asegurando que seguirán “demandando la necesaria evaluación socioeconómica de la medida”.
Finalmente, los eurodiputados del PP Gabriel Mato y Francisco Millán Mon también exigieron este viernes “que se paralice” ya el proceso, “porque se compromete el futuro de los pescadores europeos sin base científica”. Avisaron, en este sentido, que algunas flotas “sufrirán una reducción de su producción del 75 %” y aseguraron que la decisión de la Comisión Europea “arriesga, además, la seguridad alimentaria”. ecg/Agencias
Madrid. El sector pesquero español, compuesto mayoritariamente por barcos gallegos, estudiará “opciones legales” en relación con la decisión anunciada por la Comisión Europea, según aseguró este viernes Cepesca.
Desde el sector se ha celebrado una reunión de urgencia para analizar la decisión y no se descarta tampoco la convocatoria de paros y concentraciones ante distintos organismos europeos y españoles. Así, desde Cepesca indicaron que se coordinarán con otras organizaciones europeas a través de la Alianza Europea de Pesca de Fondo (EBFA, por sus siglas en inglés), que también se reunirá con carácter de urgencia.
“A la espera de conocer el texto legal, el sector denuncia que este no ha contado con las consultas correspondientes obligatorias ni con un análisis de impacto socioeconómico y se basa, además, en informes con lagunas científicas, como el uso exclusivo de la huella de pesca de los barcos de arrastre, y no de las artes fijas”, explicó la organización.
Cepesca apuntó que el acto de aplicación prohíbe todas las actividades pesqueras que conllevan contacto con el fondo marino (arrastre, palangre, enmalle, etc.) en 87 zonas de pesca de Francia, España, Portugal e Irlanda, lo que tendría “unas consecuencias devastadoras”.
“La normativa impactaría muy negativamente en el futuro de la pesca de fondo en el Atlántico y, por tanto, a más de 10.000 pescadores”, afirmó, al tiempo que señaló que en el caso español, afectaría a unos 500 buques de distintas modalidades de pesca de fondo: sobre todo, las flotas de arrastre del Golfo de Cádiz, las de palangre de fondo –pincho y volanta– y arrastre de NEAFC (Gran Sol), y las de arrastre, palangre de fondo, volanta y rasco, y artes menores del Cantábrico Norte; en total, unos 500 buques que capturan gamba, cigala, merluza, besugo, alfonsino y sable negro, entre otras especies, y más de 2.500 pescadores.
En este sentido, el presidente de EBFA, Iván López van der Veen, apuntó que ya preveían que la Comisión Europea “no iba a atenerse a razones” y, por ello, ya estaba convocada para este viernes una asamblea general de EBFA. “Consideramos que ha habido mucha arbitrariedad en la creación de la normativa”. e.p.