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UN PROBLEMA SOCIAL. Hace 33 años los trabajadores de Alúmina-Aluminio lucharon para salvaguardar sus derechos e impedir que los bidones tóxicos del Cason se trasladaran a la planta// Ahora defienden sus puestos de trabajo // En la comarca vivieron con preocupación ambos episodios TEXTO Antonio P. Fidalgo

‘Déjà vu’ en un comité de empresa

Seguro que Juan Andrés Pérez Vila se ve reencarnado en José Antonio Zan, en la misma medida que el segundo se imagina estar viviendo lo que sufrió el primero. Pérez Vila era presidente del comité de empresa de Alúmina-Española hace 33 años, en diciembre de 1987; Zan lo es de Alcoa en la actualidad. Los dos se convirtieron, muy a su pesar, en líderes de los trabajadores de la factoría de San Cibrao en A Mariña. Alúmina y Alcoa son el mismo perro con distinto collar. Los supervivientes de la crisis de finales de los 80, a buen seguro, desearán que a sus sucesores no les ocurra lo mismo ante situaciones similares: una crisis externa (ajena a los trabajadores) con consecuencias fatales para una comarca, acostumbrada a pelear hasta la extenuación para defender la única industria con la que cuentan en la costa de la provincia de Lugo, fuente de sustento para miles de familias.

El 5 de diciembre de 1987 embarrancaba el mercante Cason en la Costa da Morte. A bordo viajaban una serie de bidones, muchos de los cuales explotaron y crearon una nube tóxica que se fue extendiendo hacia el interior. La gente de Fisterra al ver que los marineros preferían arrojarse al mar antes que aguantar en el barco a ser rescatados empezaron a sospechar que la carga era algo más que peligrosa por lo que se produjo la mayor desbandada poblacional que se recuerda en Galicia. Todos los habitantes de los concellos de la comarca fueron evacuados hacia el interior en una caravana inimaginable.

Fueron jornada muy complicadas con órdenes, contraórdenes y, en consecuencia, desorden. Una de las decisiones fue llevarse los bidones con sustancias peligrosas a las instalaciones de Alúmina en San Cibrao.

Allí llegaron el día 12, pero los trabajadores se opusieron frontalmente y paralizaron la producción. Un problema de gravísimas consecuencias, ya que el apagado brusco de las cubas de electrolisis, donde se elabora el aluminio primario, provoca que el metal se solidifique en el interior de los hornos y se inutilicen de manera irreversible.

Los miembros del comité de empresa de Alúmina que presidía Juan Andrés Pérez Vila dieron el paso bajo el argumento de que estaban en peligro la salud y la vida de los trabajadores (y, por extensión, de sus familias y del resto de vecinos de A Mariña). Ellos consideraban que el contenido de los bidones del Casón era altamente tóxico y se defendieron blandiendo el artículo 19 del Estatuto de los Trabajadores (“Si el riesgo de accidente fuera inminente, la paralización de las actividades podrá ser acordada por los representantes de los trabajadores, por mayoría de sus miembros”) comunicándoselo, como obligaba la ley, “de inmediato a la empresa y a la autoridad laboral, la cual, en veinticuatro horas, anulará o ratificará la paralización acordada”. Esa autoridad era el delegado de Trabajo que no anuló ni ratificó nada: como Pilatos se lavó las manos y no movió ni un dedo.

El cierre le costó a la empresa del grupo público Inespal, según las informaciones de la época, en torno a los 20.000 millones de pesetas, cantidad que la aseguradora que cubrió los gastos rebajó a 3.300 millones en el juicio contra los trabajadores.

Y es que el apagado de las cubas provocó que Alúmina-Aluminio despidiera a los casi 200 trabajadores que se rebelaron contra el almacenaje en la factoría de los peligrosos bidones del Cason (que una semana después fueron trasladados, vía marítima, a Holanda). Allí empezó el calvario para el personal aunque la plantilla afectada, por decisión judicial tuvo que ser readmitida; no así los miembros del Comité de Empresa: el Tribunal Supremo ratificó la procedencia de tan dura medida y se quedaron en la calle dibujando un escenario, como relataba Arcadio Silvosa 20 años después, en el que “familias rotas, trastornos mentales, dificultades económicas y enemistades personales son consecuencias que aún perviven entre los miembros del comité de empresa de Alúmina-Aluminio (hoy Alcoa), los principales damnificados en tierra de la tragedia del carguero Cason”.

Cuando están a punto de cumplirse 33 años de esos hechos los actuales representantes de los trabajadores (y el resto de la plantilla) luchan con todas los medios para que la empresa no apague las cubas de electrolisis y pelean para poder mantener su trabajo. Lo hacen con la misma dignidad que lo hicieron sus antecesores.

En 2020, como ocurrió en 1987, toda la comarca de A Mariña, con enorme preocupación, se está volcando con la plantilla de Alcoa (antes Alúmina-Aluminio) en una batalla en la que está en juego el futuro de, al menos, dos generaciones. Solo si se produce el milagro, José Antonio Zan podrá respirar tranquilo, seguir trabajando y no sufrir la pesadilla de Pérez Vila y sus compañeros.

29 sep 2020 / 00:11
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