Discrepancias entre juez y fiscal y policías en la investigación de la operación Donkey
Los cuerpos antidroga pretenden llevar a cabo pesquisas que no se autorizan desde los juzgados tras el fiasco de la libertad del clan Santorum// Siembran sospechas sobre la Fiscalía de Pontevedra // La DEA no deja de enredar: en el ‘Karar’ ‘desapareció’ cocaína
Un indudable éxito policial y judicial como fue la incautación de 3.800 kilos de cocaína puede convertirse en una gran herida que acabe por fraccionar la lucha contra el tráfico de drogas en Galicia.
Esas casi cuatro toneladas de polvo blanco de gran pureza fueron localizadas a bordo del mercante Karar en la llamada operación Donkey desarrollada entre el 25 y el 28 de abril que se saldó con la detención de 28 personas: los quince tripulantes del barco, entre ellos, un gallego, y los trece transportistas, miembros del clan de los Santorum, que presuntamente iban a encargarse de alijar la droga.
Los quince primeros siguen en la cárcel mientras que el resto está en libertad con cargos, tras prosperar ante la Audiencia Provincial los recursos que presentaron. En la prisión también continúa un funcionario del Servicio de Vigilancia Aduanero apresado en Madrid cuando recibía 300.000 euros de un ciudadano colombiano.
Todo era armonía y felicitaciones por un operativo que impidió que se pudiera distribuir la cocaína, valorada en 140 millones de euros, en Galicia en pleno confinamiento. Pero las cosas empezaron a torcerse a partir de la segunda quincena de mayo. Sin solución de continuidad hubo un auténtico tsunami de malas noticias: fracasó otro operativo al no localizarse droga en los mercantes Neameh (día 19 ) ni en el Spiridon (24) ya que alguien se había chivado y eso les permitió alijar las más de ocho toneladas de coca que traían; el 28 se conocía un auto de la sección 5 de la Audiencia Provincial de Pontevedra en el que se dejaba en libertad al primero de los detenidos de los Santórum, y lo que es peor, tres magistrados desmontaban la instrucción y abrían el camino para que los otros doce también pudieran salir de A Lama.
Fue un goteo diario al que se añadió, 10 de junio, el bombazo del apresamiento de un aduanero pillado con las manos en la masa como presunto topo de la organización desmantelada.
La jueza, Marisol López Martínez y el fiscal antidroga de Pontevedra, Pablo Varela, recibían un auténtico varapalo que les llevó a extremar todas las precauciones ante los cuerpos que estaban investigando en la operación Donkey. Y no eran unos cualquiera; se trataba del Greco Galicia, de la Udyco y Vigilancia Aduanera, la elite de la lucha contra el tráfico de drogas en España. Pero la brecha entre los cuerpos policiales y el doble estamento judicial fue agrandándose hasta extremos nunca vistos antes, según fuentes consultadas.
Por la evolución cronológica de los acontecimientos se fueron agriando las relaciones entre jueza y fiscal y agentes e, incluso, entre estos últimos haciéndose evidente que unos y otros no se fiaban.
La espoleta la puso los representantes de la agencia antidroga norteamericana (como adelantó EL CORREO en una información publicada el 16 de junio) trasladaba sus quejas por los chivatazos a narcotraficantes que impedía detenciones y frustraba la aprehensión de toneladas de cocaína. Pero los agentes de la DEA fueron más lejos ya que hicieron llegar al juzgado que sus cuentas no cuadraban en relación a la cantidad intervenida: en el Karar aparecieron 152 fardos de cocaína con un peso medio de 25 kilos cada uno; es decir, 3.800; pero los norteamericanos insistían en que, según las informaciones que manejaban sus servicios de Inteligencia en la sede central de Virginia, en el mercante se embarcaron 154 bultos, dos más de los que aparecieron cuanto se abordó a 300 millas de las costas gallegas.
Fue tal su insistencia que el pasado 11 de noviembre la titular del juzgado número 3 de Vigo convocó a los responsables de las tres unidades policiales para realizar un nuevo registro en el Karar (que sigue atracado en el puerto vigués) para buscar la droga que, según la DEA, faltaba y pedir explicaciones convincentes.
De lo que allí sucedió ninguna de las fuentes consultadas por este periódico quiso contar nada. La causa sigue abierta ya que, consideran los expertos antidroga españoles, hay suficientes pruebas que incriminan a los miembros del clan que lidera Juan Carlos Santórum. Por eso quieren llevar a cabo, cada uno de ellos (Greco, Udyco y SVA) por separado, nuevas diligencias que no convencen ni a la magistrada ni al fiscal.
Unos acusan a otros de tener en sus filas a los topos, hay quienes reprochan a colegas de otras unidades que llevan a cabo operaciones más que dudosos e incluso hablan de connivencias. En este sentido llegan a filtrase (y salen a la luz pública) conversaciones que figuran en el sumario y que no dejarían en buen lugar a miembro de la fiscalía de Pontevedra por presuntas relaciones con personas investigadas.
Un cóctel explosivo que genera incertidumbres y del que solo se aprovechan aquellos que se dedican a seguir introduciendo cocaína por las costas de Galicia.
Y un apunte final, los agentes de la DEA, como desveló EL CORREO, en la incautación de Ribadeo compartieron todos sus datos con la Guardia Civil, pasando tanto de la Policía como del SVA.
Una operación conjunta de la policía antinarcóticos de Colombia y la DEA a cuatro de los principales miembros del denominado Clan Indio, unos lancheros indígenas de la Guajira colombiana, que fueron los encargados de fletar las doce toneladas de cocaína que se embarcaron en tres mercantes con destino a las costas españolas, donde iban a ser alijados por transportistas de la comarca de Arousa.
Del triple envío solo se pudieron recuperar los 3.800 kilos que viajaban a bordo del Karar (25 de abril) pero los otros dos, en el Neameh (interceptado el 19 de mayo) y el Spiridon (24 del mismo mes), no se localizaron ya que trasvasaron la droga a otras embarcaciones tras un posible chivatazo desde tierra.
Los apresados en Colombia fueron Sócrates Gabriel Barros Fince, alias Chun; Santander Barros Pulido, Pollo; Jorge Leonardo Díaz, Jorge, y Nefer Alonso Hinojosa, Negrito, que con sus hombres se encargaron de transportar la cocaína del cártel del Golfo primero por tierra desde los lugares de producción en la selva hasta la costa de la Guajira, próxima a la frontera con Venezuela. Una vez allí las cargaban en sus planeadoras y la trasladaban hasta los buques de carga. La operación la hicieron en lugares cercanos y siguieron trayectorias prácticamente idénticas para cruzar el Atlántico.
El grupo que lidera Sócrates Barros está vinculado con el cártel del Golfo pero tiene plena autonomía para alquilar sus servicios de transporte a otras organizaciones e, incluso, fletar ellos sus propios cargamentos. Se vieron involucrados en varios enfrentamientos armados.
Desde esa misma zona los miembros de este grupo también trasladaron varias toneladas de clorhidrato de cocaína con destino a los Estados Unidos. El grupo estaba siendo controlado desde agosto de 2019 por los agentes de la DEA que fueron los que suministraron a sus colegas españoles información detallada de los envíos de las sustancias estupefacientes con destino a nuestro país.
En la investigación conjunta entre las fuerzas policiales de los tres países se pudo comprobar que un intermediario gallego había contactado con este cartel colombiano para el envío de la cocaína durante el confinamiento. La operación se iba a financiar a partes iguales entre los vendedores, los intermediarios y grupos internacionales asentados en España y se distribuiría por Europa