Dos décadas después, el juicio por el presunto fraude de la CEG tiene fecha

Más de dos décadas después de que se produjese el presunto fraude o apropiación indebida en la Confederación de Empresarios de Galcia (CEG) y después de aplazamientos en anteriores ocasiones el juicio contra la cúpula en aquel momento de la patronal gallega ya tiene fecha. Será los días 19, 20 y 21 de este mismo mes de enero, en la sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, en Santiago, según informa el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

Así, el dicho de que la Justicia es lenta queda patente en este caso más que nunca, ya que los hechos que se juzgarán la semana próxima son de entre los años 1996 y 1999, cuando presidía la CEG Antonio Ramilo, quien falleció en enero de 2006 y dimitiera en el año 2000 al aparecer las irregularidades.

EN EL BANQUILLO, UNA DECENA DE PERSONAS. Se juzgará al que fue secretario de la CEG hasta ese año, Rafael Sánchez Sostre, y a otras ocho personas, entre ellas socios, gestores o representantes de empresas educativas por presuntamente apropiarse de los fondos públicos que iban destinados a cursos de formación.

Los imputados habrían causado un perjuicio de más de 97 millones de pesetas (unos 583.562 euros) a la Xunta y el antiguo Inem entre 1996 y 1999. Los fondos fueron gestionados de forma supuestamente irregular por el equipo que presidía el vigués Antonio Ramilo, que dejó a sus sucesores al dejar el cargo un agujero de alrededor de 6,3 millones de euros, el fruto de sumar a las cuantías de los cursos las deudas con proveedores.

EXTRAVÍO DE 21 TOMOS EN EL AÑO 2019. Se espera que en esta ocasión se pueda celebrar el juicio y no ocurra con en 209, cuando debió aplazarse debido al estravío de 21 tomos de la causa ante lo que las defensas de los acusados alegaron indefensión. En estos tomos perdidos habría entre 6.600 –según Fiscalía– y 9.600 folios –abogan las defensas– de nueva documentación que el Ministerio Fiscal remitió a la sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña.

Tal y como ya publicó este diario en su momento, solicita para el exsecretario de la institución empresarial una pena de cuatro años de cárcel y una multa de dos millones, mientras que para el resto de sospechosos se piden dos años de cárcel y multas que van entre los 50.000 y 500.000 euros.

Los hechos se inician cuando la patronal gallega recibe unas subvenciones para impartir cursos de formación ocupacional para trabajadores en paro (Plan FIP), acción cofinanciada por el Fondo Social Europeo y encuadrada en el programa operativo responsabilidad del INEM para los años 1994-1998. Todas sumaban cerca de 1,5 millones.

Cuando en el año 2000 se conocen las irregularidades tras una investigación, el Gobierno de la Xunta de Galicia le exige la devolución de casi 700.000 euros, al justificar con facturas solo 770.000. La CEG lo rechaza y se inicia un contencioso que finaliza en mayo del año 2005 en una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que estima el recurso empresarial en parte, y rebaja la devolución a poco más del medio millón.

CONTINUAS DILACIONES EN EL PROCESO. La Xunta, entonces, exige en 2006 la cantidad sentenciada, pero el tema vuelve a los tribunales, con la alegación de que la CEG en el juicio anterior no pudo presentar todos los justificantes, aludiendo a que habían sido robados. El TSXG confirma en octubre de 2010 su sentencia del año 2005.

No obstante, mediante un incidente de inejecución de la primera sentencia, se desarrolla el nuevo proceso en el que finalizada la instrucción en diciembre de 2012, llega a 2019, fecha fijada para el juicio pero finalmente aplazada, tras una serie de alegaciones por parte de los encausados.

Los perjuicios ocasionados en la presunta apropiación indebida ascienden, según la instrucción, a 374.477,68 euros para el INEM; 142.973,24, para la Xunta de Galicia y 66.111,33 euros para el Igape.