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Abochornante suspensión del juicio por fraude en la CEG dos décadas después

Admite la Fiscalía que se traspapelaron 21 tomos con miles de folios que sustentan la acusación // Clamor en las defensas por el perjuicio a sus clientes // Se retrasará hasta bien entrado 2020

BANQUILLO CON Rafael Sánchez Sortre a la izquierda, principal acusado, junto a José Luis Gómez Ferreño, Mª Belén Carmona, Antonio Ramos Pedreira, Carlos Saez de Santa María, José Manuel Lorenzo y José María Agasallo - FOTO: X. Rey/Efe
BANQUILLO CON Rafael Sánchez Sortre a la izquierda, principal acusado, junto a José Luis Gómez Ferreño, Mª Belén Carmona, Antonio Ramos Pedreira, Carlos Saez de Santa María, José Manuel Lorenzo y José María Agasallo - FOTO: X. Rey/Efe

JOSÉ CALVIÑO SANTIAGO   | 18.09.2019 
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La Justicia lleva una venda sobre los ojos. No para evitar ver, sino para reflejar que se imparte objetiva e imparcialmente. También acostumbra a ser lenta y, a veces, en su instrucción se cometen errores que dilatan aun más los eternos procesos. Para muestra, el supuesto fraude millonario de subvenciones en cursos de formación en la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) descubierto hace casi 20 años.

Al fin se abría el juicio oral por ello, tocaban ayer las cuestiones previas y hoy que comenzasen a declarar los siete ocupantes del banquillo de los acusados y 31 testigos. Pero no podrá ser: se suspendía tras alegar sus abogados indefensión por no poder acceder a miles de folios repletos de información sobre la que se basan las acusaciones.

Casi dos décadas después se produce un gatillazo judicial que evitará que todo esté visto para sentencia a primeros de octubre, como estaba previsto. La causa de un aplazamiento que lo llevará más allá de febrero de 2020 está en la incorporación al sumario de 21 cajas con entre 6.600-según Fiscalía- y 9.600 folios -abogan las defensas- de nueva documentación que el Ministerio Fiscal remitió a la sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Fontiñas, el pasado día 9. La fiscala achacó que esta documentación no fuese incorporada formalmente al caso a "una problemática del día a día" en el funcionamiento del juzgado de instrucción al "traspapelarse", aunque apuntó que "todas las partes" tuvieron conocimiento de ella. Lo mismo que la abogacía del Estado, que argumentó que las defensas que quisieron acceder a ella pudieron hacerlo. En ello coincidió la acusación particular, la propia CEG, patronal que es la principal damnificada tras la Administración, pues como responsable civil subsidiaria tuvo que cubrir el quebranto y devolver las ayudas, casi tres millones de euros.

Los defensores, que apelan a la inocencia de sus representados, alegaron en cambio indefensión al no haber poder acceder a una información que incluye algunas de las principales pruebas en contra de sus clientes, como facturas, justificantes de gastos, datos profesores, alumnos y cursos que se cuestionan como no realizados, pero sí cobrados de forma fraudulenta, junto a supuestos gastos inflados.

Por ello fructificó su reclamación de suspensión. El tribunal dejó pendiente su respuesta a otra demanda, la nulidad parcial de actuaciones sobre la que todavía se debe decidir. El presidente de la sala, Ángel Pantín, indicó que no podrá retomarse el juicio, si así se decide, al menos hasta febrero del año próximo, la agenda de la sección sexta de la Audiencia Provincial está completa hasta entonces. Por ello el juez reconoció que "todo esto ha pasado por culpa de la administración de Justicia, les pedimos disculpas".

El abogado de Rafael Sánchez Sostre, exsecretario de la patronal gallega y principal acusado argumentó que el entró en esta causa cuando tenía 40 años, ahora tiene 59 y "me voy a jubilar antes de que termine". Contrastó el "caos" de 19 años y 15 jueces instructores que acumula en su haber con el caso del procés, que estará listo en un año a pesar de tener "mil millones de folios de pruebas". Aquí en cambio, tras dos décadas, dijo otro de los defensores, la custodia de la documentación "es lamentable".

El artículo 784 la Ley de Enjuiciamiento Criminal obliga a que se dé traslado a las partes de toda la documentación, por lo que otros letrados pedirán la nulidad al reanudar el juicio por incumplir esta norma.

La Fiscalía pide cuatro años de prisión y dos millones de euros de multa para Sánchez Sostre, y dos años de cárcel e indemnizaciones de entre 50.000 y 500.000 euros al resto.

CIFRA

2,98 millones de euros que reintegró la CEG de las ayudas en cuestión entre 1997 y 1999: del Plan Forcem (INEM) fueron 1.654.295 euros los dos primeros año y 484.168 € más el tercero; y del programa FIP de la Xunta 841.805 € (98-99).

X. Antón Pérez Lema Abogado de Mª Belén Carmona "Ésto é o camarote dos irmáns Marx... haberá outro xuizo onde quedará claro que os feitos, de existir, prescribiron"