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Absueltos de prevaricación el alcalde de Barreiros y los ediles

Pediían al regidor 2 años y 10 meses de prisión ademas de inhabilitación

LUGO. EFE  | 11.02.2019 
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El alcalde de Barreiros, Alfonso Fuente Parga, y los demás ediles de su junta de gobierno, que fueron juzgados en un juicio que tuvo lugar a principios de noviembre en el Juzgado de lo Penal de Lugo por supuesta prevaricación urbanística en la concesión de 44 licencias para construir casi 3.500 viviendas en su municipio en el año 2006, han quedado absueltos, según informó el abogado que defendió al regidor local, Luis Rego.

Junto a Fuente Parga figuraban como investigados otros cinco ediles que formaban parte de la junta de gobierno en el año 2006, así como la arquitecta municipal, en total siete personas que se sentaron en el banquillo de los acusados para responder por la supuesta concesión irregular de esas licencias en pleno bum de la construcción en el municipio mariñano.

Luis Rego precisó que en esa "extensa sentencia", de 37 páginas, que le fue notificada esta misma mañana a las partes, el Juzgado de lo Penal número 2 de Lugo, "viene a decir" lo que la defensa mantuvo "desde el principio de este procedimiento", pero ahora tras una "exhaustiva" revisión de la totalidad de las pruebas presentadas.

El letrado lamentó el "acoso político y mediático" que han tenido que soportar "estas personas durante "largos años" y que han derivado "en situaciones complicadas en el ámbito personal".

Desde su punto de vista, la sentencia "viene a ratificar su buen hacer, conforme a la legalidad".

El letrado precisó que aún es posible presentar recurso de apelación, en un plazo de diez días, ante la Audiencia Provincial de Lugo.

La Fiscalía pedía para el regidor local, que en noviembre de 2015 anunció que dejaba el Partido Popular por la apertura de juicio oral contra él, una pena de dos años de prisión y diez meses de inhabilitación, aunque la acusación particular, ejercida por la organización ecologista Adega, solicitaba un año de prisión por "cada uno de los delitos" que le imputaba al alcalde.

En declaraciones a Efe, la abogada que representaba a la acusación particular, Montserrat Calvo, explicó que lo que intentó demostrar en el juicio fue la ilegalidad en la concesión de licencias para construir 41 urbanizaciones y bloques de viviendas, así como en otros tres permisos para hacer "piscinas y equipamientos en suelo rústico".

Los hechos se remontan a 2006, pero la causa ya había sido archivada en dos ocasiones antes de ser juzgada.