Aplu demolió el pasado año 210 construcciones ilegales en Galicia
Es una cifra récord desde su creación en 2007 // En la provincia de Pontevedra, con más de cien, fue donde se ejecutó el mayor número // Casas en suelo rústico es la infracción más cometida
La Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (Aplu), adscrita a la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, llevó adelante a lo largo del pasado año 210 demoliciones de edificios ilegales. Fueron cinco actuaciones más que las ejecutadas en 2017.
Se trata de una cifra récord al ser la más alta desde la puesta en marcha de la agencia en el año 2007.
Por provincias, fue en la de Pontevedra en la que se llevaron adelante el mayor número de reposiciones de la legalidad en el terreno del urbanismo, con 109 derribos, por los 92 registrados el año anterior.
En A Coruña, la piqueta actuó en 75 ocasiones en 2018, frente a las 64 computadas del anterior ejercicio. Las dos demarcaciones provinciales atlánticas concentraron cerca del 88% de los casos en los que intervino la agencia en el mapa gallego. Por contra, las intervenciones registradas en Lugo y Ourense sumaron 16 y 10 casos, respectivamente, que suponen el 12% restante.
La mayoría de las actuaciones prohibidas que fueron resueltas en el último ejercicio correspondieron a edificaciones de tipo residencial en suelo rústico. Le siguen los casos de chiringuitos de hostelería instalados en terrenos de servidumbre de protección de costas.
OBJETIVOS. Entre los fines de Aplu figura promover el derecho de los ciudadanos a un medio urbano y rural adecuado para el desarrollo de la persona, de acuerdo con lo dispuesto en las leyes vigentes.
También tratar de evitar que se lleven a cabo obras, instalaciones y usos que contravengan la normativa urbanística. Colaborar activamente con los concellos de Galicia en el objetivo común de velar por el cumplimiento de la normativa y del planeamiento urbanístico representa otro de sus objetivos. Para conseguir esta metas, las acciones prioritarias que desarrolla esta entidad pasan por evitar los ilícitos, con la inspección en vivo y en directo del territorio.
Asesorar en materia jurídico-urbanística a los concellos adheridos en el ámbito de las competencias propias de la Axencia es otro de esos cometidos.
Destaca en su labor, sobre todo, asumir las diligencias precisas para restaurar la legalidad vulnerada por acciones que la contravienen. En este aspecto, se encarga de investigar las infracciones descubiertas, de tramitar los expedientes de reposición da legalidad y ejecutar las órdenes de los mismos, así como gestionar expedientes sancionadores e impugnar licencias irregulares.
COMPETENCIAS. El pasado ejercicio la agencia dependiente de Medio Ambiente asumió nuevas competencias en materia de urbanismo al hacerse cargo de las demoliciones de obras menores en los concellos de menos de 5.000 habitantes (aquellas que no necesitan de permiso, sino de una simple comunicación previa) y además permitió a los ayuntamientos adheridos a la agencia -en la actualidad son 74, el 23% del total en Galicia- ingresar más por la recaudación de multas urbanísticas, al percibir el 10% de los fondos captados por la Xunta por infracciones en suelo rústico.
LOS ALPENDRES. Según se reconoce desde la agencia de urbanismo, en los pequeños ayuntamientos, el verdadero problema no son las casas sin licencia radica en las pequeñas construcciones, como muros de cierre o alpendres.
Estos casos son los que generan la gran mayoría de las infracciones en esos concellos y son precisamente los que necesitan del auxilio de la Aplu para poder ejercer sus competencias en materia de urbanismo, para combatir el feísmo que impera en buena parte de paisaje.