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Apoyo casi unánime del claustro a las cuentas del nuevo rector

El presupuesto de la USC para 2019 rondará los 245 millones de euros // También se aprobaron las líneas generales de la Programación 2019-2022

La sesión del claustro universitario se celebró en la Facultade de Derecho - FOTO: USC
La sesión del claustro universitario se celebró en la Facultade de Derecho - FOTO: USC

ROSA RÍOS SANTIAGO   | 30.11.2018 
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La Universidade de Santiago de Compostela (USC) aprobó ayer las líneas generales de su presupuesto para 2019 en la reunión del claustro, en la que también se dio ayer el visto bueno a las líneas generales de la programación plurianual 2019-2022, en ambos casos con una mayoría holgada para el nuevo equipo de gobierno capitaneado por el rector Antonio López.

Si bien es cierto que el máximo órgano representativo de la comunidad universitaria no registró pleno -lo conforman en torno a 280 claustrales-, la previsión del presupuesto del próximo año contó con 103 votos a favor, 15 en contra y 9 en blanco, la mayoría de los allí presentes.

Las cuentas de 2019 en la USC ascienden a 244,67 millones de euros, conforme el documento presentado por el gerente, Javier Ferreira, quien advirtió de que es necesario "reconducir" la situación con un nuevo modelo de refinanciación de deuda y una "disciplina" de gasto que permita generar ahorros para "garantizar" el futuro de la institución, ya que la universidad "no dispone" de recursos suficientes para hacer frente a sus necesidades globales.

Advirtió, también, que las líneas presentadas ayer son de "carácter provisional" ya que, de momento, no se reunió la comisión de seguimiento del Plan Galego de Financiamento Universitario 2016-2020 y los cálculos están hechos sobre el proyecto de Orzamentos de la Xunta. Tampoco se dispone del proyecto de presupuestos del Estado, por lo que, aseguró el gerente, "no hay previsiones sobre el incremento de la masa salarial" para 2019 o el "porcentaje de tasa de reposición aplicable al personal".

La propuesta de presupuestos para 2019 de la USC pretende ser un "instrumento" para que el equipo de gobierno cumpla los compromisos contraidos por el rector y "afiance" la situación económica. Los objetivos, entre otros, son la refinanciaiíón de la deuda; inversión estratégica que "genere ahorro o reducción de costes" en el futuro; reducción del gasto corriente en 2 millones de euros en los próximos cuatro años; incremento de ingresos mediante la revisión de cánones y de las tarifas y precios de los servicios prestados, o la búsqueda de alianzas con otras universidades gallegas, con las administraciones locales y con el Gobierno autónomo para compartir recursos que supongan un ahorro y racionalicen los costes.

Directrices para 4 años. Con respecto a las líneas generales de la programación plurianual 2019-2022, aprobadas con 121 votos a favor, 20 en contra y 13 en blanco, marcan unas directrices para los próximos cuatro años con una serie de objetivos definidos. La oferta al estudiantado de una formación científico-técnica y cívica de calidad adaptada a los tiempos, un plan de renovación del cuadro de personal de PDI y PAS, ponerse al servicio de la sociedad para consolidar la imagen de la USC, situar el conocimiento de la universidad en la vanguardia, fortalecer su imagen y visibilidad en el exterior, y, por último, una gestión inteligente de recursos.

Informe del valedor Miguel Alcaraz, valedor da Comunidade Universitaria, dio cuenta, también en la reunión del claustro de su gestión durante el pasado curso 2017-2018, en el que se presentaron un total de 55 quejas. La mayor parte de ellas se refirieron a cinco cuestiones: tercer ciclo, posgrado y formación continua; ámbito laboral; matrícula y procedimientos de gestión académica; planes de estudio y reconocimientos y, finalmente, servicios a la comunidad universitaria.

Por sectores, el alumnado, sector más numeroso de la universidad, es también el que presenta la mayor cantidad de las reclamaciones, seguido del Personal Docente e Investigador (PDI) y el Personal de Administración e Servizos (PAS). Cerca del 70 % de las quejas se tramitaron en un plazo de un mes.