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La exclusión residencial afecta al 35 % de la población gallega

Es la comunidad con porcentaje más alto, según el último Informe Foessa // Para 200.000 personas en Galicia su vivienda no es segura y para 150.000 es inadecuada

Un indicador de exclusión residencial es que la vivienda esté en mal estado o ruinas, como la de la imagen, situada en uno de los lugares más degradados de la ciudad de Ferrol, el barrio de Ferrol Vello - FOTO: ECG
Un indicador de exclusión residencial es que la vivienda esté en mal estado o ruinas, como la de la imagen, situada en uno de los lugares más degradados de la ciudad de Ferrol, el barrio de Ferrol Vello - FOTO: ECG

SALOMÉ BARBA   | 24.06.2019 
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Cuando se han cumplido once años desde el inicio de la crisis económica, los analistas no acaban de ponerse de acuerdo en cuanto a su final. Los datos macroeconómicos señalan que la recesión ha pasado, y muchos indicadores así lo atestiguan, pero aún quedan aspectos en los que no se ha llegado al nivel precrisis. Uno de ellos es la vivienda, uno de los grandes perjudicados.

Su situación ha mejorado pero continúa como uno de los factores más importantes -junto con el empleo- en la exclusión social. La vulneración del derecho a un lugar donde vivir digno sigue existiendo, y en Galicia el 35 % de la población está en situación de exclusión residencial, según los datos extraídos del VIII Informe de la Fundación Foessa (Fomento de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada), vinculada a Cáritas, con datos de 2018.

La exclusión residencial es una situación en la que una persona carece de vivienda digna y adecuada porque no reúne las condiciones necesarias para que sus habitantes se desarrollen de manera correcta. En el caso del conjunto del Estado, el porcentaje de población afectado es bastante menor, el 24 %; y el citado estudio coloca a la gallega como la comunidad con más gente en esta situación. Le siguen Canarias, con el 32 % de sus habitantes sufriendo exclusión residencial; Murcia, el 30 %; Baleares y Cataluña, ambas con el 28 %. Por el contrario, los porcentajes más bajos se dan en La Rioja (13 %), Andalucía (17 %) y Comunidad Valenciana (18 %). Además de este dato general, el informe Foessa, en su apartado titulado Vulneración de derechos: vivienda, analiza por separado el problema de la vivienda insegura -vivir en una lugar sin título legal, temporalmente con familiares o amigos, sin contrato de alquiler, con notificación legal de abandono, bajo amenaza de violencia, etc- e inadecuada -vivir en estructuras temporales, chabolas, sin acceso a servicios públicos como luz o agua, en situación de hacinamiento, etc-.

En estos casos, cuatro de cada diez hogares españoles -casi 800.000- y 2,1 millones de personas conviven con la inseguridad del techo en el que viven. Los porcentajes son más altos para los baleares (8 %), murcianos (7 %), gallegos y canarios (6 %). En el caso de Galicia, la vivienda insegura se da en 6 % de hogares y 8 % de personas, es decir, alrededor de 205.000 habitantes.

Además, otros 4,6 millones de personas en España tienen que habitar en casas que no reúnen todas las condiciones (son 1,3 millones de hogares). Pueden ser inadecuadas por presentar deficiencias graves en la cons­trucción, encontrarse en un estado ruinoso, no disponer de los suministros y dotaciones adecuadas para permitir la higiene y la salubridad (agua corriente o caliente, energía eléctrica, evacuación aguas sucias, etc) o por no estar en condiciones de confortabilidad y privacidad. Afecta sobre todo a los de Canarias (12 por ciento), Cataluña (11 %), Murcia y Madrid (9 %). En Galicia viven así 47.000 hogares (4 %) y 149.000 personas (6 %).

 


Indicadores de esta exclusión El VIII informe Foessa se basa en la Encuesta sobre integración y necesidades sociales de la fundación Foessa 2018, realizada con una muestra de más de 11.500 hogares, 650 mínimo de cada comunidad.

Para calcular la exclusión residencial, en la que Galicia ostenta el triste récord del 35 %, los encuestados deben contestar afirmativamente al menos a uno de los siguientes aspectos: situación de infravivienda como chabola; vivienda con deficiencias graves en la construcción, ruina y/o necesidad de rehabilitar la mayor parte; insalubridad: humedades, suciedades y olores; hacinamiento (

Fuentes de la Fundación Foessa indicaron a este diario que el alto porcentaje gallego de exclusión residencial, que no se corresponde con otros valores de la comunidad en cuanto a exclusión en general, se debe a que se dispara solo uno de estos indicadores, aunque no explican cual.

Teniendo en cuenta la demografía gallega -siendo la comunidad con mayor porcentaje de personas con discapacidad, según los datos de la última macroencuesta del INE sobre este tema- el indicador de la encuesta de Foessa que se refiere a "hogares con personas que sufren discapacidad y tienen barreras arquitectónicas" podría ser el que está disparando las cifras gallegas de exclusión residencial. En ese caso, coincidiría con un reciente informe publicado por la Fundación Mutua de Propietarios que advierte de que más de 6.000 gallegos con movilidad reducida no salen nunca de casa.

 


Movilidad reducida y accesibilidad Un 77 % de los gallegos con movilidad reducida precisan de ayuda para salir de casa y cerca de 6.000 (un 3 %) no lo hacen nunca. Esta es una de las conclusiones del estudio Movilidad reducida y accesibilidad en el edificio elaborado por la Fundación Mutua de Propietarios en colaboración con la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica con el objetivo de conocer la situación en la que viven los 207.300 gallegos con movilidad reducida.

De acuerdo con el informe, un 44 % de este grupo social en Galicia pasa muchos días sin salir de casa, siendo uno de los principales motivos la falta de a­ccesibilidad del inmueble en que residen. Las escaleras provocan que el 77 % de ellos no puedan moverse de manera libre, seguidas del acceso de la calle al portal (43 %). Para paliarlo, los gallegos tiene la ayuda de familiares y amigos (73 %); un 24 % cuenta con personal profesional de apoyo y un 19 % recibe ayudas económicas, siendo destacable que un 7 % asegura que no dispone de apoyo.