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Expertos en energía eólica pujan por el modelo danés

La resolución de la puja por el viento no es el final del camino. Galicia recuperará el liderato, pero aún queda trabajo pendiente

SANTI RIVEIRO SANTIAGO   | 17.01.2011 
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Susana Formoso
Entre árboles Los aerogeneradores de un parque eólico en Melide y a sus pies un bosque de eucaliptos
FOTO: Susana Formoso

El próximo 31 de enero conoceremos al fin si alguno de los 37 adjudicatarios de los 2.325 megavatios (MW) del concurso eólico gallego renuncia; también cuáles prefieren pagar a la Xunta por cada megavatio concedido, monetarizando su plan industrial. Un poco después, el 15 de febrero, sabremos la dimensión final, adaptada a la potencia concedida, de esos proyectos asociados. Se sientan así los cimientos para devolver a Galicia el liderazgo en esta energía renovable, aunque desde el sector y entre los expertos se siguen apreciando ambigüedades. La Asociación Eólica de G­alicia (EGA) así lo apuntaba la pasada semana, aunque también se felicitaba por la resolución de la puja. Desde el ámbito académico se pone de manifiesto que quedan muchos deberes por hacer. "España y Galicia, como referentes mundiales de la energía eólica, necesitan con urgencia un modelo integral de fomento del sector". Así lo cree Rosa María Regueiro, experta en un sector para el que receta "la participación de todos los agentes implicados, como los propietarios de los terrenos".

Otro punto a mejorar es la valoración del terreno apto para suelo eólico: si un monte produce tanto o más que una fábrica... ¿cómo se va a pagar el suelo como rústico o improductivo? Además "hay que mejorar el control del impacto ambiental". Y desde el punto de vista legislativo, esta economista de la USC llama a tomar "como referencia las experiencias de otros países pioneros en el sector" y así "mejorar la pérdida de aceptación social por la ciudadanía".

Sobre cuándo girarán por primera vez las aspas de la nueva potencia del concurso, Rosa María Regueiro apunta que "seguramente para la construcción y puesta en pleno funcionamiento de los nuevos parques eólicos habrá que esperar hasta el 2013 ó 2014".

Antes habrá que cerrar en firme el camino hacia las autorizaciones administrativas. Un proceso que nace de la ley 8/2009 por la que se regula el aprovechamiento eólico en Galicia y se crean el canon eólico y el Fondo de Compensación Ambiental, y las posteriores disposiciones que dependen de ella. Según esta experta, son "un marco normativo moderno y ambicioso, pero incompleto, al no considerar la participación de todos los agentes ni de todas las variables implicadas en el sector".

Regueiro destaca que "no existe una legislación única y ad hoc del sector eólico en España, a pesar de las distintas regulaciones, planes energéticos y planes de fomento de las energías renovables". Al tiempo, recuerda que "las comunidades desarrollaron en el marco de sus competencias regulaciones propias que incrementan las discrepancias y dan lugar a situaciones muy diferentes".

Modelo danés. Para Rosa María Regueiro uno de los modelos más completos "ha sido el desarrollado por Dinamarca desde finales de la década de los 70, como reacción al impacto de la crisis del petróleo. Definió un modelo pionero y líder a nivel mundial en el que la Administración competente, las empresas, las entidades financieras, los propietarios de los terrenos como accionistas, las universidades, los consumidores, el impacto ambiental o el consumo energético están representados". Así, "se incrementa el beneficio empresarial y particular y se minimiza la pérdida de aceptación social", sostiene. La economista de la USC alega que este modelo "es trasladable y adaptable a España y a las comunidades autónomas, de hecho ya hay actuaciones en este sentido en Cataluña, únicamente se precisa una ordenación global del sector".

Que propietarios de montes participen. "Los propietarios de los terrenos son los grandes olvidados de la regulación eólica en Galicia y en España". Así lo sostiene Rosa María Regueiro, que apunta que "en el anterior decreto 242/2007 se consideraban vías para su participación, en la inversión a realizar para instalar el parque eólico, y también en la orden de convocatoria de concurso eólico del 29 de marzo, estableciendo como uno de los elementos de mayor valoración el precio ofrecido a los propietarios".

Hasta aquí, suena bien, pues "hablamos de un colectivo no representado y de un bien, el terreno apto para uso eólico, que tiene valor industrial". Pero no han transcendido el baremo a este respecto. "No debe olvidarse que un terreno será apto para la instalación de un parque eólico si se han registrado en periodicidad e intensidad unas determinadas medidas de viento, elemento necesario para que la empresa promotora obtenga la pertinente licencia administrativa y proceda a su explotación", detalla la economista de la USC.

Queda, por tanto, "un amplio camino por recorrer para poder incluir en la propia ley la participación de los propietarios de los terrenos, teniendo en cuenta la existencia en Galicia de una figura única, los montes vecinales en mano común. Sin duda el modelo danés sería deseable, pero por desgracia, no será factible a corto plazo".

Otros expertos como Xavier Simón y Damián Copena, coautores de la Guía para os propietarios de terreos eólicos, comparten esta idea. Estos economistas de Uvigo elevan a 13 millones de euros el retorno anual a los propietarios si pudiesen acceder, como en Canarias, al 6% de la facturación de los parques.

Respeto ambiental. La nueva normativa galaica impide asentar parques en la Red Natura y de sus futuras ampliaciones, según destaca la Consellería de Economía e Industria. Sin embargo, "en estos momentos, el 40% de los parques eólicos están asentados en estas zonas protegidasa, y supone el 39% de la potencia total instalada".

Rosa Mª Regueiro valora que la nueva orden prohiba usar estos espacios, pero con un matiz: las áreas de Red Natura "quedan totalmente rodeadas por la ubicación de parques eólicos en zonas limítrofes, por lo que sufrirán un cierto impacto". Alega que se deben fijar medidas concretas para prevenir el impacto ambiental en la fase de construcción del parque eólico, algo que se echa de menos en la Ley 8/2009. Rosa mª regueiro Experta eólica

AMBIGÜEDADES

Lagunas por resolver

•••Los expertos que siguen el proceso de resolución del concurso eólico consideran que "ha sido ágil y se han cumplido los plazos", pero su transparencia "puede verse mermada por la existencia de determinadas lagunas sin resolver o sin concretar férreamente en la orden". Rosa Mª Requeiro, desde la USC, nos señala entre ellas "las posibilidades reales de las empresas promotoras beneficiarias con menos MW que la potencia mínima de compromiso"; "la obligatoriedad de ejecución de los planes industriales y su seguimiento por parte de la Consellería competente"; "la publicación del baremo de valoración en cuanto a la remuneración a percibir los propietarios de los terrenos"; o el "cumplimiento de la capacidad técnica y/o económica por parte de las empresas promotoras". Todos ellos son elementos clave "presentados de forma ambigua, que pueden restar transparencia y generar desconfianza, y una menor aceptación social".

La resolución del 20 de diciembre no despejó todas las dudas, al abrir nuevos plazos hasta el 15 de febrero: solo "permitió ver, parcialmente, la valoración de cada proyecto presentado, así como la ubicación de los futuros parques eólicos. Pero no arrojó luz sobre las promotoras que no recibieron el mínimo de potencia solicitado".

LO MEJOR

Las previsiones de la Consellería de Economía e Industria: del concurso saldrán más de doce mil empleos directos e indirectos, 5.900 millones de inversión y en 20 años, las arcas públicas ingresarán mil millones.

LO PEOR

Los economistas de la Universidade de Vigo Xavier Simón y Damián Copena denuncian que sólo el 1,5% de la facturación de los parques en Galicia repercute en el medio rural; en otras zonas es el triple o cuádruple.

LA POTENCIA

8.000

megavatios es la aspiración para el futuro eólico autonómico. Habrá que "realizar un estudio exhaustivo de las potencialidades del sector en Galicia y considerar limitaciones en función del Registro de Preasignaciones del Ministerio de Industria".