Galicia le declara la guerra al plástico con la nueva ley de residuos

El Gobierno gallego ha dado luz verde, para su envío al Parlamento, a la futura ley de residuos, con la que la Comunidad aspira a situarse "a la cabeza" de las regiones europeas en adaptar e integrar su normativa al contenido de la directiva europea en materia de plásticos. El objetivo es ser "referente" en la lucha contra el plástico de un solo uso y contra el desperdicio alimentario.

Los detalles de la norma los han desgranado, al término del Consello de la Xunta, el presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo, y la conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez. La ley incluye nuevas tipificaciones y sanciones para suelos contaminados, que pueden alcanzar los 1.750.000 euros, a las que se enfrentarían empresas que se instalen y no hagan un tratamiento adecuado.

Tras una reunión del Gobierno que también ha dado luz verde a la Estratexia Galega de Economía Circular, Vázquez ha destacado que la ley priorizará la reutilización y reparación de aquellos materiales que se convierten en residuos, con el fin de darles una segunda oportunidad a través de la reparación.

Por primera vez se fijan objetivos y medidas para incrementar progresivamente los residuos domésticos y comerciales destinados a la reutilización y al reciclaje de las fracciones de papel, metales, vidrio, plástico, biorresiduos y otros susceptibles de ser preparados para la reutilización. En su conjunto, deberán lograr un mínimo de un 55% en peso para 2025.

Este hito también se alcanzará con la puesta en marcha de centros especializados en la preparación para la reutilización de residuos, en especial de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, textiles y muebles --fracción que debe representar un 5% del global de residuos con este destino en 2025--; y con la puesta en marcha de medidas que fomenten el mercado del reciclaje.

Una de las novedades que hay en el texto son lso programas de compostaje doméstico y comunitario, que se regularán por primera vez de forma específica.

Así, las entidades locales donde existan instalaciones de este tipo deberán informar al órgano competente en materia de residuos de aspectos como el número de personas participantes en los programas, el número y la localización de las infraestructuras, la cantidad de residuos tratados o de la cantidad de compost obtenido, así como el resultado de los análisis del compost obtenido.

"REDUCIR DRÁSTICAMENTE" EL PLÁSTICO DE UN SOLO USO
Otra novedad del texto legislativo --que exigirá a la sociedad familiarizarse con nuevos residuos-- es la instauración, por parte de los ayuntamientos, de la recogida separada de los biorresiduos a finales de 2023 y de los residuos textiles y residuos peligrosos de origen doméstico un año después.

Feijóo ha remarcado que habrá una dotación de 25 millones para la construcción de tres nuevas plantas públicas para biorresiduos domésticos.

Vázquez también ha avanzado la intención de "reducir drásticamente" el plástico de un solo uso, así como el desperdicio alimentario. La ley se adapta así al contenido de las directrices marco y de la senda iniciada por Europa, que prohíbe la entrega gratuita de bolsas de plástico o de un solo uso, así como la vajilla de un solo uso, es decir, desechables de plástico.

De hecho, en el caso se la vajilla, la Xunta "se adelantará" a la directriz europea, puesto que la prohibición se hará efectiva en cuanto la ley de residuos entre en vigor (en 2020, una vez que finalice su tramitación parlamentaria).

Para reducir las cantidades de desperdicio alimentario, los restaurantes estarán obligados a entregar las fracciones sobrantes de alimentación no consumidas en recipientes que estén compuestos con un 50 por ciento de material biodegradable, quedando "totalmente prohibida" la vajilla de plástico.

En este escenario, se promoverá un código de buenas prácticas en relación con los excedentes alimentarios, que Medio Ambiente identifica con "un pacto social" en el que se pide la participación de todos los agentes implicados del Canal Horeca, principalmente, y para el que se fijan objetivos con el fin de mitigar el desperdicio alimentario.

CONTRATACIÓN PÚBLICA ECOLÓGICA
El texto también fomenta la contratación pública ecológica. Para ello, el Gobierno trabaja en un manual donde se establece la necesidad de priorizar el empleo de materiales reciclados o recuperados en las diferentes actuaciones.

Por primera vez, una ley hace referencia a la existencia de la plataforma electrónica que la Xunta pone a disposición de los productores y gestores con instalaciones en la Comunidad para permitir y facilitar el cumplimiento de sus obligaciones en la materia, tanto respecto de los movimientos realizados dentro de la comunidad como respecto de los movimientos realizados entre otras regiones.

Con esta nueva regulación, los operadores evitan la duplicidad de documentación y los formularios que debían tramitar y acompañar el traslado.

"TRANSICIÓN JUSTA Y ORDENADA"
El Consello también ha dado luz verde a la Estratexia Galega de Economía Circular, con un total de 60 propuestas y medidas para desarrollar. El Ejecutivo aspira a impulsar un cambio en la próxima década que permita sustituir el sistema económico y productivo lineal "por otro más eficiente y racional, basado en la recuperación de materiales".

Dos meses después de la aprobación de la Estratexia Galega do cambio Climático e Enerxía 2050, la Xunta da "otro paso decisivo para preservar la Galicia verde" y convertirla "en un referente en Europa" en la lucha frente al calentamiento global, y apuesta "por una transición energética y económica ordenada, justa y sostenible".

Entre sus propuestas de actuación está la elaboración de un plan de acción para reducir los plásticos no reciclables en el sector primario y en la industria alimentaria gallegas, o la inclusión en los procesos de contratación pública de "criterios verdes" como el uso de materiales reutilizados.

Algunas de las primeras medidas que se pondrán en marcha serán la convocatoria a principios de 2020 de una nueva línea de subvenciones para ayuntamientos con el fin de habilitar espacios públicos de autorreparación e intercambio de objetos, la implementación de la compra pública 'verde' o el inicio de los trámites para construir las tres nuevas plantas de tratamiento de biorresiduos domésticos.

La Xunta también destaca la apuesta por el ecodiseño para "optimizar la eficiencia" de los productos, minimizar su impacto ambiental y extender los ciclos de vida.

Para el desarrollo de la estrategia, se estima que será necesaria una inversión de casi 865 millones de euros durante sus diez años de vigencia, lo que supondrá un retorno anual equivalente al 1,12% del PIB gallego.