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Galicia no renuncia a 85,4 millones de actos jurídicos

Es el ingreso que figura en los Orzamentos 2019 por el impuesto // Menos de la mitad es por la firma de hipotecas // En el rural el gravamen cae a cero y baja de 1,5 a 0,5 % a colectivos vulnerables

Protesta de jubilados en Santiago - FOTO: Antonio Hernández
Protesta de jubilados en Santiago - FOTO: Antonio Hernández

SANTI RIVEIRO SANTIAGO   | 09.11.2018 
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Las comunidades no podrán prescindir, de un día para otro, de los recursos que aporta el impuesto de actos jurídicos documentados (IAJD). Pongamos el caso de Galicia, que en sus Orzamentos 2019 tienen presupuestados ingresos de 85,4 millones de euros por este concepto. Unos fondos que se incluyen dentro del sistema de la financiación autónómica y que sirven para sufragar gasto social, sanidad, educación... o apuntalar inversiones.

De esta cifra serían algo menos de 39 millones de euros -no llega a la mitad- los que, según estimaciones de los técnicos de Hacienda de Gestha llegan por el IAJD abonado en la firma de los préstamos. El anuncio del presidente del PP, Pablo Casado, de que si llega al Gobierno tumbará este impuesto solo sería seguido por la Xunta, según fuentes próximas a la Consellería de Facenda, si su fin lleva aparejado un instrumento alternativo de financiación. Coinciden en parte con el discurso de ayer de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, antigua titular autonómica de esta cartera en Andalucía que desechó acabar con el tributo, pues aporta dos mil millones a las CCAA.

Montero lo dijo justo después de que el Consejo de Ministros aprobase el decreto que obliga a la banca a pagar este impuesto hipotecario desde el sábado.

El tipo general del impuesto de actos jurídicos se sitúa en el 1,5 %, el más repetido. El menor se da en las haciendas forales de País Vasco y Navarra, con el 0,5 %, igual nivel que en Ceuta o Melilla. En Madrid lo bajaron al 0,8 %, con el 1 % están La Rioja y Canarias, y con el 1,2 % Baleares.

Sin embargo, hay salvedades: el tipo baja al 1 % en tierras gallegas si se trata de la primera adquisición de la vivienda habitual, y a la tercera parte de lo habitual, a un 0,5 %, si quienes compran la residencia para habitarla son personas con discapacidad, familias numerosas o menores de 36 años. Si cualquiera de los cittados colectivos realiza la adquisición en el rural tienen una bonificación autonómica del 100 %, por lo que abonan un 0 %.

También se pueden beneficiar de esta ventaja que ofrece Facenda quienes financien la adquisición de locales de negocio destinados a la constitución de una empresa o negocio profesional, aunque con un límite de 1.500 euros.

Si atendemos a los datos de Facenda, el Programa Impostos Cero no rural eliminó los gravámenes de transmisiones patrimoniales (ITP) y el citado AJD a las transmisiones de suelo rústico, explotaciones agrarias y agrupaciones de fincas a más de 39.000 beneficiarios de enero de 2016 al pasado septiembre.

Un caro envejecimiento

Moody's advirtió ayer de que la población de más de 65 años representará más del 31 % del total en España en 2040, y que serán las cuentas públicas las que soporten el mayor peso del envejecimiento, con un alza en los gastos sanitarios y sociales. Esto afectará negativamente a las cuentas de las comunidades autónomas siendo "especialmente vulnerables" Asturias, Castilla y León y Galicia. El impacto en el sector privado será "más limitado".

En un informe sobre el impacto del envejecimiento poblacional en las cuentas públicas Moody's desvela tensiones en el sistema nacional de la Seguridad Social, "uno de los puntos más vulnerables de las cuentas públicas". El déficit seguirá la escalada.

Las comunidades citadas verán dispararse los costes de la atención sanitaria y social, que ya representan cerca del 50 % de sus presupuestos anuales.

Apunta la agencia Moody's que se acelerará el envejecimiento las próximas dos décadas. Pone su foco en el negocio que supondrá la población jubilada y cifra en 200.000 las viviendas que serán transmitidas en herencia anualmente a partir del año 2030.

INMUEBLES RURALES 2.400 beneficiarios gallegos de los impuestos cero (ITP y AJD) para la adquisición de una vivienda en el rural tras la extensión de la Xunta en febrero de 2017 de esta medida a estos inmuebles para fijar población.