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Moncloa 'torpedea' con la ley de costas a Ence mientras pide calma a la acuicultura

Quita hierro la Delegación del Gobierno a los cambios en el reglamento de 2014 // Mar, en cambio, ve al sector en riesgo

Protesta de la plantilla de Ence en Santiago - FOTO: P. Ferrín/AGN
Protesta de la plantilla de Ence en Santiago - FOTO: P. Ferrín/AGN

JOSÉ CALVIÑO SANTIAGO  | 18.04.2019 
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No hizo caso el titular del Gobierno el martes en Vigo a los trabajadores de Ence que trataron de hacerle llegar un manifiesto en favor de sus empleos: Pedro Sánchez había venido a dar un mitin. Sin embargo, a preguntas ayer de la TVG tras el Consejo de Ministros el Ejecutivo central tuvo que pronunciarse. Y fue lapidario: apuntó que se debe "seguir la ley" con relación a la planta de Lourizán, en la ría de Pontevedra, a la espera deque la Audicencia Nacional resuelva sobre la prórroga.

Cuestionada la ministra de Educación y Portavoz del Gabinete, Isabel Celaá, sobre si se va a replantear la decisión que tomó en su momento de dejar de defender el tiempo extra de la concesión a la pastera y sobre cómo piensan hacer frente a la pérdida de empleo en la comarca, ésta se limitó a recordar que las instalaciones de esta empresa de celulosas están en "espacio de dominio público marítimo-terrestre, además" y precisó que "la legislación vigente dice que no puede tener una prórroga equivalente a los años que ya ha pasado abierta".

Sin embargo, Moncloa no quiere abrir más frentes judiciales, después de que el secretario general del PP gallego y viceportavoz en el Pazo do Hórreo, Miguel Tellado, anunciase que su grupo usará la vía administrativa, política, parlamentaria o judicial para defender los intereses de Galicia frente al "arbitrario" en el Reglamento General de Costas de 2014 del Gobierno, que no afectaría solo a Ence: amenaza, según cálculos de la Xunta, a un centenar de empresas y más de 5.000 edificios próximos al mar.

La Delegación del Gobierno en Galicia quiso transmitir ayer un mensaje de tranquilidad para las actividades de acuicultura y depuración de marisco en la comunidad. Quiso aclarar que el Ministerio para la Transición Ecológica no trabaja en la modificación de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, sino solo el reglamento de 2014 "para eliminar incertidumbres".

Tras consultar a la Abogacía del Estado detectaron "disfuncionalidades e incoherencias que es necesario corregir respetando escrupulosamente la legislación vigente", indica en un comunicado. La reforma establecerá criterios objetivos para otorgar concesiones y prórrogas con el fin de dar certidumbre a las empresas, "que hasta ahora padecían criterios contradictorios".

La nueva redacción fue objeto de exposición pública y "recibió un buen número de alegaciones que se analizan en profundidad", pero que, reiteran, no afectarán a las leyes. Además, certifican que "las concesiones mantienen el mismo plazo máximo que hasta ahora, 75 años", resalta la nota. El mensaje parece ser que la actividad ligada a la pesca y acuicultura no tendrá problema, pero otra cosa es la pasta de papel, que no precisaría estar a pie de playa.

En respuesta, la Consellería do Mar trasladó a este periódico que no ve "ningún cambio" en relación a la modificación del reglamento de Costas anunciado por el Gobierno, y que la intención del Estado es "justificar decisiones como su reciente allanamiento" en la prórroga de Ence. Pese a las palabras de tranquilidad enviadas ayer, alegan, "el riesgo para cerca de 5.000 edificaciones en la costa gallega sigue vigente", al igual que hunde en la inseguridad jurídica "a más de 100 empresas del complejo mar-industria".

El reglamento es lo que se aplica sobre ellas, los cambios los que las haría zozobrar. Por eso la Xunta presentó alegaciones. Sostiene que el documento "deja en el aire el futuro de importantes instalaciones como conserveras, cocederos, depuradoras de moluscos o instalaciones de acuicultura, así como otras edificaciones de interés para la sociedad como colegios o centros de salud".

Mar recuerda al Ministerio que contraviene lo previsto en la Ley 2/2013 para concesiones en dominio público marítimo-terrestre al pretender que el plazo extraordinario de 75 años se contabilice desde el plazo inicial de la adjudicación, y no desde que se tramita su renovación. La naturaleza de este tiempo extra era, explican, dar respuesta a las que se extinguían en 2018, para hacer coincidir esos tres cuartos de siglo como plazo a mayores. Lo que se hizo con Ence y ahora se busca tumbar.

aumenta la crisis entre CCOO y PSOE

••• En Pontevedra arrecia la tormenta por la celulosa. El secretario de organización comarcal de CCOO, José Luis García Pedrosa, anunció que se querellarán contra la agrupación local del PSOE si su portavoz municipal, Agustín Fernández, "no rectifica" sus acusaciones en las que vincula a su central con las pintadas amenazantes contra el presidente del Gobierno y candidato Pedro Sánchez y la concejala y cabeza de lista del BNG al Congreso, Carme da Silva.

Negó cualquier relación con ellas y afirmó que solo participan en las movilizaciones de los comités de empresa de Ence en defensa de la continuidad de la fábrica de Lourizán.

En una rueda de prensa instó a los socialistas a que "si tienen pruebas vayan a la Comisaría de Policía y las presenten", pero en caso contrario exige "una rectificación". Lamentó que el jefe del Ejecutivo no atendiese a los trabajadores de la pastera y censuró a UGT y CIG, presentes en los comités, por no luchar por el porvenir de la planta, según recoge Europa Press.

Isabel Celaá

Portavoz consejo de ministros

"El caso Ence está en la Audicencia Nacional, por lo que habrá que esperar a que se conozca la resolución judicial"