Hasta ochenta mil familias podrían pagar las consecuencias

El presidente de la Xunta criticó ayer la decisión "unilateral" del Gobierno central de no continuar defendiendo ante la Audiencia Nacional la prórroga de la concesión de Ence en la ría de Pontevedra, que fue aprobada por el Ejecutivo en funciones de Mariano Rajoy en enero de 2016.

Alberto Núñez Feijóo alertó de que esta postura podría dejar sin trabajo a 5.000 personas y "sin ingresos" a 80.000 familias gallegas. Además, se lamentó de que el cambio de táctica "no fue comunicado a la comunidad". "De esa presunta decisión no tuvimos ninguna información ni directa ni indirecta", apuntó, para después considerar que se trata de una "falta de respeto sin precedentes al Gobierno de Galicia".

El mandatario gallego instó a la Administración central a "aclarar" este asunto "con la mayor celeridad posible" y a que exponga "su alternativa". Incidió en que "si esto va en serio, tengo que decirle que vamos a defender a los afectados con todas las competencias que tenemos".

Censuró además que el PSdeG llevase el miércoles al pleno del Parlamento una propuesta para reclamar más competencias, mientras el jueves Pedro Sánchez adopta esta decisión sobre la pastera. "Es evidente que el Partido Socialista se toma de broma al país", sentencia. Acto seguido cargó también contra la política industrial de "las mareas de Podemos" por apoyar el cierre de la planta de Lourizán.

Frente a estas valoraciones, tanto el gobierno local de Pontevedra como la Asociación pola Defensa da Ría y Greenpeace opinaron que es una "buena noticia" que el Estado haya desistido de defender la prórroga de la concesión a la energética en los procedimientos abiertos en la AN impulsados por las tres entidades.