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Paz Andrade acredita que el FROB le obligó a vender acciones de Pescanova

Asegura que Damm y Luxempart nunca se opusieron a las cuentas// Explicó que no apoyaba la gestión de De Sousa

MAITE GIMENO. VIGO  | 17.10.2013 
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"La mañana más larga de mi vida". Así describió ayer el empresario vigués y exconsejero de Pescanova, Alfonso Paz Andrade, su comparecencia ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, en la que "con máxima tranquilidad", desmontó uno a uno los tres presuntos delitos que se le imputan: falseamiento de información económica-financiera, falseamiento de cuentas anuales y uso de información privilegiada.

Sin eludir a una sola de las preguntas planteadas durante las más de 6 horas de la vista de ayer, y pertrechado con abundante documentación, acreditó que no se sirvió de información privilegiada para vender acciones en las vísperas de la solicitud del preconcurso de acreedores. Aseguró que se limitó a cumplir las órdenes del FROB de amortizar los créditos concedidos por las antiguas cajas cuyas garantías eran acciones. Paz Andrade explicó que con la venta de los títulos de Pescanova, a través de Nova Ardara Equities, reembolsó a NCG el crédito para su empresa Ibercisa.

Para avalar sus afirmaciones presentó los documentos de requerimiento de venta, la notificación de la CNMV y las transferencias bancarias, según el abogado de los accionistas minoritarios, Joaquín Yvancos, quien aseguró que Paz Andrade fue "muy convincente" en todas sus explicaciones.

El exconsejero afirmó que desde 2007 permanecía totalmente desligado de la gestión y que su relación Manuel Fernández de Sousa era prácticamente nula. Visualizó el distanciamiento al explicar que era el único consejero citado al consejo a través de la secretaria de De Sousa, mientras el resto recibía una llamada personal del presidente.

En tono contundente, "de enfado", aseguró que nunca estuvo de acuerdo con los proyectos de las grandes inversiones, como los de la acuicultura por el "riesgo" que conllevaban.

Para demostrar que los integrantes del nuevo consejo, que también formaban parte del anterior: François Tescht, José Antonio-Pérez Nievas, Iago Méndez y José Carceller, conocían la situación de la empresa, explicó no solo que en 2012 aprobaron las cuentas semestrales de 2011, sino que llegaron a realizar una due dilligence antes de comprar acciones, "sin que hubieran encontrado nada". "Estos consejeros nunca jamás se opusieron a las cuentas, ni a nada", afirmó Alfonso Paz Andrade.

Tras incidir en la operación por la que Novacaixagalicia vendió 29 millones en acciones a la sociedad Pescahold de Luxemburgo, cuyos administradores eran Fernández de Sousa y su hijo, que a su vez las pagaron con un crédito concedido por el fondo luxemburgués, que después se hizo con los títulos, Paz Andrade argumentó que en todo este tejemaneje, es el "único perjudicado".

Argumenta que aunque el resto del antiguo consejo no está imputado, sus integrantes conocían la situación de las cuentas y el desfase contable, y que a él le han perjudicado al bloquearle sus bienes.

Los minoritarios van a por el nuevo consejo

El expresidente del Grupo Pescanova encendió el martes, con su declaración ante el juez Pablo Ruz, la mecha para que los accionistas minoritarios pidan que se amplíen las imputaciones, tanto a los componentes del nuevo consejo de administración, como a los responsables de BDO Auditores y a las entidades financieras que concedieron créditos a la compañía. Así lo anunció ayer el despacho de Jaquín Yvancos, que representa a cerca de cien accionistas afectados, y que basa su iniciativa en la afirmación de Fernández de Sousa en que los bancos conocían la situación de la multinacional.
Ante las revelaciones que se han registrado en sede judicial, solicitarán la imputación de José Carceller, del Grupo Damm, además de François Tesch, de Luxempart, porque los consejeros aprobaron las cuentas semestrales de 2011 teniendo derecho a la información para conocer el estado contable.
El abogado Joaquín Yvancos explica que la comparecencia de Fernández de Sousa y de su hijo reafirma la teoría de que existía  una “clara” connivencia entre auditores, consejeros y entidades financieras para “construir una imagen idílica de la empresa, llegando a falsear documentación mercantil, cuentas anuales o crear un entramado de compraventa a través de entidades filiales creadas ad hoc para servir al engaño a los posibles accionistas”. De esta forma, se transmitió un estado “irreal de la compañía”.
A la espera del informe de la UDEV y del final de las vistas, el juez no ha decretado medidas cautelares contra De Sousa.