Se traslada a Galicia la "lucha" jurídica contra los descendientes de Franco

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, mantiene entre sus objetivos el hacer cumplir la Ley de la Memoria Histórica. Hace un mes que se cumplió el día previsto inicialmente para la exhumación del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos, pero la actuación fue paralizada de forma cautelar días antes por el Tribunal Supremo.

Ayer en Los desayunos de TVE, el presidente del Ejecutivo manifestó que exigirá a la familia Franco la devolución al Estado del pazo de Meirás por considerar que “actuaron contra derecho”. Lo hizo el día después de que la Abogacía del Estado presentara una fundada demanda en el Juzgado de Instrucción número 1 de A Coruña, que recoge documentos recuperados sobre la forma del traspaso de la propiedad de los descendientes de Emilia Pardo Bazán para que llegara a las manos del dictador.

Al respecto, el abogado de los nietos del exjefe de Estado, Luis Felipe Utrera Molina, reprochó al Gobierno su “falta de cortesía” por haber filtrado a la prensa la demanda interpuesta antes de que sus clientes tuviesen conocimiento de la misma. “Es una batalla de Gobierno en la que ha decidido que es su enemigo y nos defenderemos con todas las armas que nos da la ley”, aseguró,

ARGUMENTO. La acción judicial entiende que la venta posterior en 1941 fue simulada y fraudulenta al producirse tres años después de una primera compra por cuestación popular forzosa. La Comisión de la Memoria Histórica de A Coruña, desde que inició sus investigaciones, lo afirmará pero no tenía el documento legal que apoyara sus fundamentos.

Ahora los abogados del Estado basan la demanda en un acta notarial de 1938 desconocida hasta ahora que, según publicó ayer El País, y confirmaron a Efe fuentes del Gobierno, que explican que el Pazo de Meirás ya era una residencia de la Jefatura del Estado.

Para la Abogacía, fue la segunda compraventa ficticia la que permitió la inscripción del inmueble a su nombre en el Registro de la Propiedad, porque desde la primera compra el pazo de Meirás fue objeto de numerosas obras que fueron financiadas por la Administración General del Estado para el uso que se le dio al inmueble durante la dictadura, como residencia de verano del dictador, época en la que se celebraban allí los Consejos de Ministros.

Fuentes de Justicia informaron que la presentación de la demanda se hace en cumplimiento de la resolución de julio de 2018 aprobada por unanimidad por el Parlamento de Galicia, en la que se insta al Estado a ejercitar las acciones legales procedentes para la recuperación del pazo para el patrimonio público..

SUMARSE O NO A LA CAUSA. Sobre el tema, tras el Consello, el presidente Alberto Núñez Feijoo, ante la petición de la oposición de agregarse a la causa, mantuvo dudas de existir “legitimación activa para presentarnos en ese pleito”, al ser competencia del Estado. Pero apuntó que la asesoría jurídica lo valorará, porque “hay causa para reclamar que el Pazo sea de propiedad pública”. “La Xunta se pronunció a favor de la reclamación por razones legales y no políticas”, concluyó.

EL ACTA NOTARIAL. El documento rescatado del olvido señala que el pazo de Meirás fue comprado el 3 de agosto de 1938 por la Junta pro Pazo por 406.346 pesetas a los herederos de Emilia Pardo Bazán. Ese dinero lo adelantó el Banco Pastor, al que se le devolvió con una cuestación popular que, al fracasar, se convirtió en forzosa. Así se les restó en las nóminas a los funcionarios y en las arcas a los concellos.

Más tarde, el 24 de mayo de 1941, se celebró un contrato de compraventa en escritura pública entre Franco (representado por Pedro Barrié, dueño del Pastor) y Manuela Esteban-Collantes, viuda del hijo de la escritora. Según los abogados del Estado, este contrato sirvió para crear “artificiosamente la apariencia de que Franco adquiría ese mismo inmueble por un precio de 85.000 pesetas”, una cantidad que los letrados califican de “irrisoria”.

Hay que recordar que en los informes de la Xunta Pro devolución do Pazo de la Diputación Provincial realizados por el historiador Emilio Grandío y el jurísta Xavier Ferreira, ambos profesores de la USC, se cuestionaba que el acto de 1941 era una consecuencia de una ley del año anterior por la que todas las donaciones habidas en aquella época al jefe del Estado pasaban a formar parte del Patrimonio Nacional.