El Defensor del Paciente asegura que la sanidad gallega rivaliza con la madrileña

Con 726 presuntos casos de negligencia médico-sanitaria en 2022 y una “monumental” escasez de profesional, la asociación El Defensor del Paciente considera que la sanidad gallega rivaliza con la madrileña, estando especialmente castigada el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés.

Así lo pone de manifiesto la Memoria que publicó ayer la asociación, en la que constata que Galicia se sitúa como la sexta comunidad más denunciada del país, con un total de 713 casos, de los cuales 39 resultaron en muerte. Si bien con respecto a 2021 no hubo una gran variación, con cuatro casos más, los valores del 2022 “oscilan ligeramentepor debajo de las cifras de años pasados puesto que, si hacemos la media de los últimos diez, resulta que en la comunidad gallega se suelen suceder unos 726 casos al año”, pone de manifiesto.

De este modo, el informe señala que “aunque los niveles de 2021 y 2022 estén un tanto por encima de los de los últimos tres años, es cierto que, son los de menor incidencia de 2017 hacia atrás”.

Listas de espera de 75 días. Por su parte, el tiempo de espera para someterse a una intervención quirúrgica en la comunidad se sitúa entre las más bajas del estado, con una media de 75 días. Pese al buen dato en comparación con la media estatal de 113 días, tal y como señala la asociación, esto implica que “tanto el número como la tasa vuelven a subir con 6.237 pacientes y 5 jornadas más respectivamente”.

El balance anual critica, de igual modo, que los servicios más agarrotados son traumatología, cirugía pediátrica y neurocirugía, señalando que “zanjar las listas de espera no pasa por aumentar el desvío de pacientes a centros privados sino por un plan urgente que incremente la actividad en los centros públicos y así solventar la parálisis parcial que sufren algunas especialidades”.

Pone de manifiesto, además, la “ monumental escasez de recursos humanos” que “tensa cada vez más las costuras” del sistema gallego de salud. Una cuestión que “apremia enfrentar con diligencia y gestión eficaz la carestía de internistas, profesionales de salud mental, pediatras y médicos de familia, entre otras ramas”.

A la altura de Madrid. En este contexto de escasez de recursos y profesionales, denuncia el Defensor del Paciente que “la sanidad gallega rivaliza con la madrileña”, y que “al igual que en la Comunidad de Madrid, varios PAC han estado funcionando sin médico, solamente con enfermeras, con especial incidencia en el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés”. “ Sanidade pretende que el personal de enfermería reciba una formación específica para cuando no haya facultativos”, critica.

Asimismo, destaca “otras demandas que inquietan a la población gallega”, como son “disponer de una Atención Primaria digna y una asistencia hospitalaria con capacidad sin unos servicios de Urgencias desbordados”.

Señala que si bien el Ejecutivo autonómico va a destinar en este 2023 un total de 65 millones de euros para reforzar la Atención Primaria, “en vez de ofrecer contratos anuales debería ofertarlos a la larga y más atractivos”.

Datos estatales. En el total del país, el Defensor del Paciente registró “un ligero aumento” en 2022 con respecto al año anterior, con un total de 13.611 casos (455 más que en 2021), de los cuales 699 fueron con con resultado de muerte (71 más que en 2021). En términos medios, estos datos implican que cada día se presentaron 37 reclamaciones por mala praxis médica, tal y como señalan desde la propia asociación.

La comunidad gallega, sexta en número de casos, solo va por detrás de Castilla y León (764 Casos), la Comunidad Valenciana (963), Cataluña (1.621), Andalucía (2.621) y, de primera, Madrid (3.495).

En líneas generales, la asociación se muestra preocupada por una sanidad que va “en camino de la extinción”; y no descarta que las manifestaciones adquieran carácter nacional en el corto plazo. Entre las cuestiones más apremiantes, destacan la falta de especialistas, el abandono de la atención primaria, las listas de espera tras alcanzar su máximo histórico y los riesgos de la videoconsulta en urgencias. Añade, además, la reclamación de grabar las intervenciones quirúrgicas, un “derecho esencial” que supone una garantía para el paciente en casos de mala praxis.