El Ejecutivo provincial coruñés reivindica su papel para la recuperación de Meirás

A Coruña. El vicepresidente de la Diputación de A Coruña, Xosé Regueira, reivindica el papel de la institución provincial en el proceso de recuperación del Pazo de Meirás, antes del juicio que empezará el lunes, del que espera que sirva para “poner fin al expolio del franquismo”.

El Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña acogerá durante toda la próxima semana la vista oral sobre la propiedad de la residencia de verano del dictador Francisco Franco, ubicada en la localidad coruñesa de Sada y que ha sido objeto de multitud de reclamaciones desde Galicia para que sea integrada en los bienes del Estado.

En un comunicado, Regueira reivindicado en este juicio la labor de la Diputación, que participará en la vista como parte interesada, en los últimos cuatro años para avanzar en el proceso. “Esperamos que este juicio sea el último paso para recuperar el Pazo de Meirás como bien público”, dice el vicepresidente.

Así, recordó que la institución provincial impulsó la junta pro-devolución del Pazo de Meirás con el fin de contribuir a la justificación documental y legal para la devolución del inmueble y encargó el informe jurídico “que abrió una vía sólida para reclamar el inmueble”.

El informe histórico fue dirigido por el profesor de la Universidade de Santiago Emilio Grandío y tuvo en su origen la investigación de Carlos Babío y Manuel Pérez, y el informe jurídico corrió a cargo del profesor de la misma universidad Xabier Ferreira. Este informe jurídico, sostiene, “demuestra que hubo una simulación de contrato para que el Pazo de Meirás apareciera como propiedad de la familia Franco y ofrece pruebas documentales suficientes para que el juicio concluya con la devolución al patrimonio público, lo que sería el final de un largo expolio y un hecho de gran simbolismo para poner fin al franquismo”.

El documento elaborado por el equipo de Ferreira demuestra, según la diputación, que el Pazo de Meirás fue utilizado como residencia oficial de verano del dictador después de ser comprado a la familia de la escritora Emilia Pardo Bazán en 1938, año en que también se le ofrece en “donativo” a Francisco Franco, en calidad de jefe del Estado.

El informe concluye que hay “claros indicios” de que “en el proceso de compraventa por el que se inscribe en el juzgado en 1941 hubo, en realidad, una simulación total de contrato, lo que abría las puertas a solicitar su nulidad, y dirigía la mirada a que fuera el Gobierno central el que hiciera su reclamación, tal y como establecía la Ley del patrimonio nacional de 1940”.

Según las pruebas aportadas, continúa el vicepresidente, con la simulación contractual de 1941, el Pazo de Meirás pasó a incluirse en el Registro de Propiedad como propiedad privada, en una “clara confusión interesada entre los planos público y privado con el fin de que el bien quedara en manos de la familia del dictador”. “Hoy estamos especialmente felices del inicio de un juicio histórico por la dignidad y el fin del franquismo”, concluye. a. efe