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Fabiola García prometió ayer que el Gobierno Autonómico “va a cumplir su deber” y dará “respuesta” a “todos los requerimientos” que haga la Fiscalía Superior de Galicia // Sobre 50 personas solicitaron una investigación detallada por la alta cifra de positivos, frente al centro, en la protesta de la CIG TEXTO J. Garnelo

El foco sigue puesto en Salvaterra

El coronavirus asestó un golpe mortal a la Residencia de Salvaterra do Miño, situándola en el foco de la opinión pública ante sus acrecentados casos, entre usuarios y trabajadores, además de las imágenes publicadas sobre estas instalaciones, calificadas ayer por estos últimos de “malintencionadas” y que generan “indignación” también a sus familiares. El lunes, justo cuando la covid-19 se cobraba seis víctimas más de este complejo, la Fiscalía Superior de Galicia abría diligencias sobre su actual situación. Desde la Consellería de Política Social señalaron durante la pasada jornada que el Gobierno autonómico proporcionará “respuesta” a “todos los requerimientos” de este organismo jurídico, mientras el sindicato CIG convocaba una concentración, frente al geriátrico, reclamando una investigación para esclarecer lo ocurrido.

El pasado 11 de noviembre salían a la luz numerosas capturas de una serie de instalaciones que “no reúnen las mínimas condiciones”. Tal y como informó la Asociación de Traballadores de Residencias de Galicia (Trega), las fotografías habían sido tomadas en la Residencia de Salvaterra do Miño (Pontevedra), intervenida por la Xunta el 26 de octubre, tras contabilizar nuevos casos de covid-19: un total de 84 ancianos y 26 profesionales en aquel momento.

Abuelos con úlceras, espacios faltos de recursos humanos y materiales, colchones rotos, medicación intravenosa colgada de lámparas, habitaciones cerradas por fuera o duchas rotas, entre otras calamidades, mostraron un “total abandono” que fue notificado a la Consellería de Política Social, la Secretaría Xeral Técnica y la Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade.

COMUNICADOs de empleados y familiares. Ante el revuelo que originaron las tomas filtradas, 60 de los 80 empleados que actualmente trabajan en el recinto, incluido Juan Jesús Ibañez (su propietario), publicaron el lunes una carta (firmada el 14 de noviembre) evidenciando su “indignación” por estas impresiones que tachan de “malintencionadas”.

“Que nuestra residencia ya tenga unos años no significa en ningún caso que esté sucia, que sea inhumana ni mucho menos que en ella se maltrate a los mayores”, mantienen estos profesionales en el comunicado, destacando que esas “calumnias” les “producen un enorme dolor”.

Según el colectivo, todavía siguen latentes determinados prejuicios sobre esta clase de centros. Asimismo, expresan su tristeza ante la “imagen injusta” que se ha trasladado sobre el de Salvaterra do Miño.

“Cualquier residencia, centro de día, hospital o centro de salud”, conforme afirman, podría ser “víctima de estas series fotográficas” que solamente “contribuyen al desprestigio” de esta labor tan “exigente”.

A este desencanto se sumaron 22 familias de ancianos que residen en este espacio, quienes redactaron y firmaron su escrito el 15 de noviembre, un día después, en consonancia con la carta difundida por los trabajadores de este complejo.

“Estas calumnias y falsas acusaciones nos han provocado un dolor innecesario sumado al que ya padecemos por no poder estar con nuestras familias en este momento tan delicado”, explican estos, destacando que “no se ha pensado en ningún momento” en sus sentimientos.

SEIS MUERTES EN UN DÍA. Ambas publicaciones, emitidas (con posterioridad a su firma) el día 16 coincidieron con la catastrófica información que arrojaba el parte diario de la Consellería de Sanidade.

En este se reflejaba el fallecimiento de seis ancianos que habitaban en la residencia pontevedresa intervenida por la Xunta: cuatro octogenarias (85, 86,87,89 años), otra mujer más mayor (96) y un hombre (80).

Precisamente durante esa misma jornada, la Fiscalía Superior de Galicia abrió diligencias sobre la situación de estas instalaciones por una denuncia del defensor del paciente.

LA XUNTA Y “SU DEBER”. Fabiola García, conselleira de Política Social, prometió ayer que la Xunta “va a cumplir su deber” y dará “respuesta” a “todos los requerimientos” que haga el organismo jurídico gallego en relación a los trámites que inicia. García aseguró que su departamento ya envió “toda la documentación” que requirió el Ministerio Público al abrir estas diligencias. En este contexto, la titular de Política Social garantizó que el Gobierno gallego continuará “enviando a la Inspección de los servicios sociales y a la Inspección de los servicios sanitarios” para que todas las residencias “continúen cumpliendo la normativa”.

Del mismo modo, la conselleira recalcó que hace una semana conocieron la denuncia de Trega y “una vez” que esta llegó, se envió “inmediatamente” al centro pontevedrés “una inspección sanitaria y una inspección de servicios sociales”.

CONCENTRACIÓN. Aproximadamente 50 personas acudieron ayer a la protesta convocada por la CIG en la residencia de Salvaterra para exigir una investigación sobre la elevada cifra de contagios por covid-19.

Además, la CIG puso el foco en las condiciones laborales y la atención vertida a los usuarios del centro, exigiendo depurar responsabilidades y sosteniendo que Núñez Feijóo, “consiente el abandono y el maltrato” al promover un sistema que “deja las plazas públicas en manos de miserables y maltratadores”.

En este sentido, el colectivo se solidarizó con el personal del complejo residencial, al que “exculpa de toda responsabilidad”, además de valorar su “compromiso y valentía”.

18 nov 2020 / 00:00
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