El Gobierno da el primer paso para recurrir ante Constitucional la Lei de Saúde

El Gobierno ha dado el paso previo a la presentación de un recurso de inconstitucionalidad de la reforma de la Lei de Saúde de Galicia, aprobada el pasado 25 de febrero, al pedir al Consejo de Estado emitir un dictamen preceptivo de manera urgente antes del próximo martes 23 de marzo.

Según acordó el Consejo de Ministros este martes, la impugnación se plantea por considerar que la norma gallega "introduce restricciones y limitaciones a los derechos fundamentales" que, según la Constitución Española, solo puede hacerse por ley orgánica y, por lo tanto, es competencia estatal.

Respecto a la posibilidad de obligar a los ciudadanos a vacunarse, que recoge la norma, aparte de afectar a esta reserva de ley orgánica y al ámbito competencial estatal en materia sanitaria, el Gobierno destaca que no considera la estrategia de vacunación frente a la covid-19 en España, aprobada el 28 de enero y de obligado cumplimiento, que recoge que es inmunización "será voluntaria".

Además, informó Efe, la ley puede vulnerar el artículo 116 de la Constitución, que regula los estados excepcionales porque en el marco del vigente estado de alarma, las comunidades ostentan atribuciones delegadas que "no pueden utilizarse para aprobar esta ley ordinaria" como si fueran facultades correspondientes a la "gestión ordinaria" de su competencias.

También se alega a la competencia exclusiva del Estado respecto a las bases y la coordinación general de la sanidad que recoge la Constitución.

La nueva Lei de Saúde, que entró en vigor el pasado 27 de febrero, establece multas de 1.000 a 600.000 euros para infracciones sobre la salud pública, entre ellas la "negativa injustificada" a la vacunación, y es la primera de España en contemplar esta penalización.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez advierte de que la norma realiza una serie de modificaciones en medidas preventivas por razones de protección de la salud pública y del régimen sancionador que han recibido "observaciones de inconstitucionalidad" por parte de los correspondientes departamentos ministeriales.

Por eso, el Ministerio de Política Territorial solicita un dictamen al Consejo de Estado para el 23 de marzo, dado que el plazo para la interposición del recurso de inconstitucionalidad finaliza el 26 de mayo.

Los problemas de inconstitucionalidad, apunta el Gobierno, se observan en casos como el del artículo 5 o el 7 de la citada ley, porque incide sobre los derechos fundamentales de una manera "que no se puede considerar un mero desarrollo de la Ley Orgánica estatal".

En el artículo 5, se establece que la comunidad autónoma podrá someter "a medidas profilácticas de prevención de la enfermedad, incluida la vacunación o inmunización" y en el 7, añade medidas preventivas en materia de salud pública con las que la ley autonómica también "vulnera" la reserva de ley orgánica.

Asimismo resultarían inconstitucionales, según el Gobierno, las previsiones contenidas en los apartados 12, 13, 14 y 15, donde se recoge el régimen de infracciones y sanciones asociado a las conductas reguladas en los apartados 5 y siguientes.