El Gobierno estudia ya cómo impedir que los Franco se lleven los muebles del pazo
Iniciativa pola Memoria pide otra querella y que se publique el catálogo de los bienes en Meirás
El Gobierno está estudiando ya el mejor modo de evitar que la familia Franco pueda retirar todos los muebles y los elementos accesorios del Pazo de Meirás después de que la Audiencia Provincial de A Coruña haya revocado el auto que ordenaba depositar a favor del Estado los enseres. Fuentes del Gobierno admitieron a Efe que estudian cuál es el mejor modo de proceder tras la resolución que permite a los Franco retirar los bienes, ya que su titularidad, según el último auto, no está en cuestión.
La Sección tercera de la Audiencia estimó el recurso interpuesto por los herederos del dictador y condenó a la Administración a indemnizarles por los daños ocasionados, una decisión que ya están estudiando la Abogacía del Estado y la Xunta, y que apremia el Concello de Sada.
Los magistrados argumentan, en la resolución con fecha de este martes, que en la ejecución provisional de la sentencia que otorga la titularidad del pazo al Estado “no procede la discusión sobre a quién le pertenece el mobiliario, pues la Administración no lo reclamó en su demanda inicial”, sino únicamente la finca. Y añaden que, pese al depósito de los muebles solicitado por el Estado dentro del trámite de ejecución provisional de la sentencia, “en ningún momento la Administración anuncia una futura demanda postulando la propiedad de ese mobiliario”.
En todo caso, ya no cabe recurso contra esta resolución, pero la Administración podrá demandar en otro pleito la titularidad de los muebles que considere propiedad de Patrimonio Nacional asignado al uso del jefe del Estado.
Iniciativa Galega pola Memoria rechazó el “cariz franquista” del último auto sobre Meirás que, a su juicio, “convierte el saqueador en víctima y criminaliza al Estado por recuperar propiedades que, como quedó documental y judicialmente avalado, fueron obtenidas de manera fraudulenta”.
En un comunicado, la plataforma memorialística asegura además que la Xunta tiene instrumentos para impedir la salida de bienes del pazo en base a la Lei 5/2016 para la protección de Bienes de Interés Cultural. Insta así al Ejecutivo autonómico a publicar con carácter urgente la catalogación de los bienes que siguen dentro de las torres. “Un sitio histórico no se puede desmantelar por piezas”, advierte la IGM. También reclama al Gobierno del Estado que inicie una nueva batalla judicial.
Posición similar defendió la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón. “A Xunta debe completar a declaración BIC que protexe o Pazo de Meirás cun anexo no que se detalle que os bens do interior do inmoble están vinculados con ese sitio histórico e, por tanto, que se impida que se podan trasladar. E o Goberno do Estado debe interpoñer xa unha demanda para reclamar a titularidade deses bens porque é evidente que houbo erros na defensa proposta polo Executivo central que desemboca en sentenzas como esta”, dijo la nacionalista.
Pontón pide tanto a la Xunta como al Gobierno central “que se poñan a traballar xa porque non podemos dar por boa esta sentenza na que se nos di que temos que indemnizar á familia Franco o que esta pode espoliar unha parte dos bens do Pazo de Meirás todo un símbolo na loita contra a herdanza do franquismo”. “Imos traballar e presionar nesa dirección”, apostilló.
También el PSdeG se ha mostrado a favor de reclamar los muebles del pazo “sobre los que exista posibilidad jurídica de hacerlo”. “No nos interesan las bacinillas ni el ajuar doméstico, pero sí aquellos bienes sustraídos al Estado por el dictador”, dijo muy gráficamente el viceportavoz del Grupo Socialista en O Hórreo, Pablo Arangüena, que destacó además que el proceso judicial para la recuperación del pazo “está siendo en su conjunto un éxito que nadie podía pronosticar hace solo dos años”. Arangüena recordó que fue el gobierno de Emilio Pérez Touriño quien declaró BIC el pazo en 2008 y apuntó que “si fuera por Feijóo, seguiría en manos de los Franco”.
Santiago. El conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, advirtió de que “cualquier desplazamiento” de las estatuas del Mestre Mateo fuera de Galicia “debe consultarse a la comunidad”, tal y como señaló, por su condición de Bien de Interés Cultural.
En su resolución,la Sección Tercera Audiencia Provincial apunta que solo las dos estatuas del Mestre Mateo están catalogadas como Bien de Interés Cultural, pero también que la ley de patrimonio de Galicia “no establece ninguna pérdida de propiedad civil” por parte de los titulares de esos bienes por el hecho de estar catalogados.
Preguntado por esta cuestión, el conselleiro explicó que las estatuas del Mestre Mateo se encuentran depositadas en las Torres de Meirás y están catalogadas como BIC, una circunstancia que conlleva que “cualquier desplazamiento fuera de Galicia deba ser consultado a la comunidad autónoma”.
Agregó así que, si se recibe esta solicitud, se procederá a su evaluación, aunque incidió en que la “intención” de la Xunta es que “el patrimonio vinculado al Mestre Mateo se mantenga en Galicia”. En todo caso, remarcó que estas representan “cuestiones hipotéticas” para las que en primer lugar debería “darse la petición” de retirada de las figuras.
Además, Román Rodríguez recordó que una comisión de trabajo formada por el Ayuntamiento de Santiago y la Xunta “trabaja con argumentos jurídicos e históricos” para “intentar plantear un proceso semejante al de las Torres de Meirás” en relación a las estatuas, que la primera de estas administraciones “reclama como suya”. De este modo, se busca que estas puedan “integrarse en el patrimonio público”.
Santiago. Los concellos de A Coruña y Sada se mostraron contrarios a que la familia Franco pueda ser indemnizada. La alcaldesa herculina, Inés Rey, consideró que “la familia Franco no puede ser indemnizada” por “estar cuarenta años ilegítimamente” en el Pazo de Meirás, después de que la Audiencia de A Coruña condenara a la Administración a compensarla por los daños causados tras revocar el depósito del mobiliario a favor del Estado. Rey mostró su “máximo respeto” a esta decisión judicial, pero insistió en que desde el Consistorio, parte personada en la causa, mantienen su “compromiso con la memoria histórica y con la reparación”. “El auto les autoriza a la retirada de enseres y mobiliario. Tendremos que estudiarlo”, dijo.
Además, recordó que en febrero anunciaron un recurso de casación contra la obligación de indemnizar a la familia Franco que había establecido previamente la Audiencia en otra resolución por los gastos de conservación en que incurrió tras la muerte del dictador.
Por su lado, el Ayuntamiento de Sada instó al Estado a interponer de forma inmediata un incidente ejecución de sentencia para dilucidar la propiedad de los bienes muebles existentes en el interior de Meirás. El Consistorio señala el articulo 703.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil determina, respeto de la ejecución de sentencias en la que se ordene la entrega de bienes inmuebles, que podrán ser retirados aquellos bienes muebles (“cosas”) pero solo aquellos que “no sean objeto de título”. ecg