El Gobierno fija en 2024 la entrada del peaje para las autovías españolas

El Ejecutivo central, encabezado por Pedro Sánchez, está planteándose poner un sistema de pago para hacer uso de la red estatal de carreteras. Dos principios, “quien contamina pagará” y “quien la usa” también, sustentan esta idea. Aunque hasta el momento la puerta solo está abierta, desde el Gobierno prevén ya realizar una campaña de “concienciación y sensibilización” dirigida al colectivo afectado: los españoles.

Así consta en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que han enviado a Bruselas, sobre una medida necesaria, dicen, que todavía llevará tiempo poner en marcha. Tras alzar la mirada a la experiencia internacional, sopesan que podrían tardar en fijar los peajes entre dos y tres años, pues antes deben desarrollar los instrumentos normativos pertinentes y levantar la estructura física necesaria para poder recaudar.

Sin embargo, el Ejecutivo remarca en el mismo escrito que quieren lograr un compromiso, tanto social como político, con el objetivo de implantar el pago por uso de vías. Tendrán en cuenta la opinión de los transportistas profesionales, consultando también la postura de las comunidades y demás administraciones para saber si inicialmente gustaría monetizar las carreteras.

En este sentido, apuntando directamente a los camiones, así como los restantes transportes pesados que pudiesen transportar mercancías por dichas vías, el escrito del Gobierno resalta que se añadirán un conjunto de “condiciones” para que el desembolso corra a cargo de los cargadores, fomentando una movilidad más sostenible.

Entre otros aspectos que el Ejecutivo ha considerado necesarios para acreditar dicha medida propuesta se encuentran la reducción de las emisiones de gases nocivos para el propio medio ambiente, conocidos por generar el efecto invernadero. A ello suman el impacto de la carretera sobre el entorno natural y la eficiencia de la circulación.

LO PRIMERO, EL DINERO. No obstante, el motivo de mayor peso, desgraciadamente, es el gran déficit de 8.000 millones que proviene de la conservación de las carreteras españolas. “Con una red estatal que supera los 26.466 kilómetros de extensión, de los que unos 12.000 son de carreteras de alta capacidad, lo que hace que tengamos la más extensa de Europa, los costes de conservación son crecientes y no es posible que sean asumidos de manera directa por los recursos presupuestarios”, detalla el mismo informe.

Consecuentemente, argumentan que dicho sistema de pago podría llegar a ser “escalable y progresivo”, cobrándose (en un primer momento) solo a las autovías para después extenderse a las restantes arterias. Es decir, abriendo la puerta al peaje en cualquier carretera de España.

Asimismo, otra razón fundamental de esta “progresividad” es, sin duda, el rechazo que esperan que se produzca por parte de la ciudadanía, aunque abogan por establecer una serie de tarifas “asumibles pero que garanticen la financiación”. Desde la ACEX (Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras) explican que si se pagasen entre tres y cinco céntimos de media sería suficiente para terminar con ese déficit de 8.000 millones que lleva acumulándose hasta la actualidad.

Claro, tres o cinco por kilómetro. Si fuese así y acabara instaurándose, por ejemplo, un coste promedio de cuatro céntimos los españoles pagarían nueve euros para ir desde Madrid a Burgos, 12 euros para viajar a Zaragoza, unos 14 euros para llegar a Valencia, o 22 hasta A Coruña.

Después de las medidas recomendadas desde la UE como consecuencia de la última crisis, Portugal monetizó su red de alta capacidad en todo su conjunto, tanto para automóviles de gran escala, como pedía Bruselas, como los restantes, es decir, los ligeros. En Francia e Italia, mientras tanto, reina el pago por uso y en Alemania, al contrario, las autopistas son gratuitas.