El nuevo canon estatal para las concesiones portuarias enfrenta a Xunta y Gobierno

Nueva polémica en el sector mar-industria gallego. Esta vez, a cargo de la nueva orden del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico que establece un canon que afecta a las concesiones que ocupan terrenos portuarios adscritos, una decisión que, en la jornada de ayer, la Xunta anunció que recurriría ante la justicia.

Así lo anunció la conselleira do Mar Rosa Quintana, tras su encuentro con el presidente de la patronal gallega, Juan Vieites, y el de la federación gallega de cofradías, José Antonio Pérez, quienes coincidieron en señalar lo que consideran un “nuevo ataque” del Ejecutivo central.

“Queríamos informar a todos los representantes del sector. Que tengan claro que Galicia va a seguir adoptando todas las medidas legales (...) por lo que creemos de justicia”, sentenció Quintana, quien confirmó que la Xunta ha presentado un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

El polémico canon. En cuanto a la nueva medida, esta viene a afectar a, según cálculos del Gobierno gallego, a 79 puertos y multitud de concesiones, como puertos deportivos, asociaciones de mejilloneros, lonjas, varaderos, pantalanes y otras entidades asentadas en ellos. “Nos encontramos con que el Estado, en aquellos terrenos adscritos a Portos con posterioridad al Estatuto, entiende que los concesionarios tendrán que pagar una tasa”, criticó Quintana, quien además afirmó que en “la mayoría de los casos”, se trata de una tasa 2más del doble” superior de la que ya se estaría abonando a Portos de Galicia en la actualidad.

La conselleira también ha confirmado que se comunicaron con el ministerio con la intención de frenar esta “doble imposición” sin haber recibido, señaló la conselleira, respuesta alguna, lo que empuja a la Xunta, “ir una vez más a los tribunales”.

Quintana no dudó en arremeter con dureza contra el Ejecutivo nacional, llegando incluso a afirmar que la nueva medida “responde a una ideología del ministerio que se ha plasmado en su estrategia sobre la costa”, la cual implica “deshumanizarla” y acabar con “todo lo que pueda generar riqueza o un valor social”. Esta también reivindicó la intención del propio Gobierno autonómico por “bonificar” las tasas que debe abonar el sector frente a una Administración central que intenta “aplicar una doble tasa que en casos llega a duplicar o triplicar” la actual.

competencias exclusivas. Los puertos gallegos que no son de interés general del estado ascienden a 122, de los que la Xunta estima que 79 se verán afectados por un canon que, según criticó Quintana, “vuelve a interferir en las competencias exclusivas de la comunidad”, cifrando además el impacto económico en “más de 120.000 euros anuales”.

En la misma línea se pronunciaron también el resto de representantes del sector. Juan Vieites, de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), criticó un “nuevo ataque del Gobierno de España a estas actividades”, advirtiéndolo como un asunto “muy preocupante” para la comunidad.

También el presidente de la Federación Galega de Cofradías, José Antonio Pérez, lamentó los “ataques” de un Gobierno central que intenta acabar con el sector.