El ‘pasaporte COVID’ añade aún más tensión a la relación Gobierno-Xunta

En España ya es primavera, pero la relación entre el Gobierno y la Xunta sigue siendo tormentosa, con previsión de empeorar. Y es que al jarro de agua fría que supuso el recurso al Constitucional de la lei de saúde, anunciado desde La Moncloa sin sentarse a hablar con los responsables autonómicos, se une ahora el frente abierto por la ministra de Industria, Reyes Maroto, que se opone al certificado de vacunación que Galicia prevé activar este mismo mes.

Un pasaporte COVID que “se tiene que hacer a nivel nacional”, según precisó la titular del departamento estatal, quien pidió al mandatario gallego, Alberto Núñez Feijóo, “coordinación” con el Gobierno y “menos improvisación y más pensar en el interés general”. “Estamos acostumbrados a que el señor Feijoó anuncia cosas pero no las pone en marcha”, le recriminó, durante una visita a Segovia. En este momento, aseveró, ese certificado no se puede desarrollar a nivel de una autonomía, sino a nivel nacional e incluso de España con los países emisores de turistas.

Documento del Sergas. Este lunes, después del anuncio de la semana pasada, Feijóo recordó que el Sergas activará de forma inmediata un certificado digital para aquellas personas que estén vacunadas en Galicia, “anticipándose” al certificado verde sobre el que trabaja la UE.

Esta acreditación, que también recogerá datos sobre pruebas diagnósticas de COVID, estará disponible en la aplicación Pass Covid, así como las aplicaciones propias del Sergas –como esaude–.

Será un ensayo que permitirá contar con una acreditación ya previa al certificado verde que prepara la Unión Europea para todos los países con el fin de facilitar la movilidad, como anticipó el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, quien matizó que por ahora será “meramente informativo”

Coordinación. “Le pediría al señor Feijóo y a todas las comunidades que se coordinen con el Gobierno”, subrayó Maroto, defendiendo que se está trabajando en la UE para poder poner en marcha en junio el certificado digital de vacunación, con el objetivo de garantizar una movilidad segura no sólo dentro de España, sino teniendo en cuenta la “movilidad internacional que tanto necesita España, destino muy visitado por turistas internacionales”.

Para el desarrollo del certificado se requiere “no solo el desarrollo de la app”, remarcó, sino la adecuación en la legislación para su uso respecto a la movilidad, no sólo el sanitario. Además, Maroto indicó que el lanzamiento de la aplicación en junio va “muy en línea” con tener también en ese mes un porcentaje "en torno al 40 o 50 por ciento de población vacunada".

A mayores, Maroto advirtió de que “el ruido no ayuda” en medio de esta crisis sanitaria, por lo que apela a coordinarse en el seno del consejo interterritorial “para temas de salud” y las conferencias sectoriales en cuanto a otros ámbitos. Precisamente, la semana pasada se celebró una de turismo, recordó, en la que Galicia "no planteó ningún tipo de instrumento". "Por tanto, creo que los ciudadanos no quieren improvisaciones, que lo que digamos sea algo que podamos desarrollar", zanjó.

Reincidente. No es la primera vez que la titular de Industria se encuentra en medio de una polémica con la Xunta. Hace un mes, Maroto anunciaba un acuerdo para la constitución de un consorcio público-privado para construir una fábrica de baterías para coches eléctricos en España –a la que aspira Galicia–, dando a entender que se levantaría en Cataluña. Unas palabras que sentaron muy mal en varias autonomías pues daba por hecha la concesión de fondos europeos cuando ni siquiera estaba abierto el plazo de selección de los demás proyectos. “Nos sorprende que antes de cerrar la presentación de iniciativas ya haya hecho un anuncio”, reaccionó Feijóo, apelando a competir en igualdad de condiciones”.

No fue el primer rifirrafe entre ambos. Ya a mediados del año pasado, con motivo de la crisis de Alcoa, Maroto acusó a la Xunta de no haber hecho “absolutamente nada” para evitar que la multinacional cierre, acusado al PP y al Ejecutivo autonómico de “buscar culpables en lugar de soluciones”.