El plan de marisqueo, otro frente polémico que acaba en el TSXG

Santiago. La conselleira do Mar, Rosa Quintana, espera que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) dé la razón a la Xunta ante el recurso contencioso administrativo que presentó el Ministerio de Transición Ecológica contra la orden de diciembre del año pasado por la que se aprobó el plan general de explotación marisquera para el trienio 2021-2023.

La representante de la Xunta en materia marítimo pesquera, cargó contra “una postura más de la señora Teresa Ribera (la ministra) que (a su juicio) viene acreditando una actitud muy beligerante para un sector tan importante para Galicia como el marítimo pesquero”.

De momento, abundó, los mariscadores “están trabajando normalmente” puesto que por ahora “no hubo decisión de suspensión cautelar de la actividad”. “Y espero que no la haya, porque, si no, todo el sistema de trabajo y de buena gestión que vienen acreditando se vería en el aire y sometería a una indefinición la posibilidad de trabajar de una forma organizada que es como venimos haciendo aquí desde el año 1981”, ha aseverado. Por su parte, fuentes de Transición Ecológica consultadas por Europa Press apuntan que el Ministerio “comprende la lógica preocupación que se haya podido generar en el colectivo de mariscadores” (que ya anunció que se presentará como parte afectada) pero incide en que dicha inquietud “no se puede achacar a quien cumple y pide que se cumpla la normativa vigente, sino a la parte que claramente incumple y además persiste en ello”.

El Ministerio hizo a la Consellería un primer requerimiento “en que decía que por no haber pedido un informe preceptivo y vinculante se debería anular la orden y si no irían al contencioso administrativo”, explicó Quintana.

“Respondimos a ese requerimiento clarificándole que (con esa orden) nosotros no dábamos ni autorizaciones ni concesiones en zona de dominio público marítimo terrestre ni marítimo”, relató.

Ante todo esto, Rosa Quintana espera que el TSXG “tenga en cuenta” lo que hace la comunidad “para regular de la forma más sostenible posible la actividad de los más de 3.400 mariscadores a pie y más de 4.000 a flote” y le dé la razón al Ejecutivo autonómico, de modo que “se continúe pudiendo desarrollar una actividad que es ejemplo en toda la Unión Europea”.

Mientras, el BNG denunció las “injerencias” del Gobierno central en las competencias gallegas después de que el Ministerio para la Transición Ecológica presentase un recurso contencioso-administrativo para impugnar el plan. El BNG registró una batería de iniciativas en el Congreso contra esta decisión que para el diputado Néstor Rego supone “una injerencia en competencias exclusivas de Galicia en materia de marisqueo y acuicultura”. ecg