El PP aprueba una lei de saúde que abre la puerta a la vacuna obligatoria
Con los votos en contra de toda la oposición, que no le encuentra ninguna medida sanitaria // La consideran “restrictiva y sancionadora”
Foto: Fernando Blanco
El Parlamento de Galicia aprobó este martes la lei de saúde gracias a la mayoría del PPdeG y con el rechazo frontal de los dos grupos de la oposición. La norma, una reforma de la del 8/2008 del 10 de julio, abre la puerta, entre otras cosas, a la vacunación obligatoria en los casos en que se produzca un “riesgo o daño muy grave para la salud de la población”, así como para la realización de pruebas diagnósticas o tratamientos.
Establece también multas de hasta 3.000 euros en el caso de las sanciones leves, 60.000 las graves y 600.000 las muy graves. Contempla asimismo infracciones por no usar la mascarilla, incumplir el aislamiento o la cuarentena y celebración de fiestas, además de establecer medidas que limiten la circulación o la movilidad y la prohibición del consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública. También contempla la obligación de suministrar datos a la Administración, sobre todo las personas procedentes de otros lugares.
El diputado del PSdeG Julio Torrado calificó la reforma como un auténtico “disparate” que supone un “estado de excepción permanente que limita derechos y libertades constitucionales”. Aseguró que su grupo parlamentario estaba en contra “por convicción plena y por tres fundamentos inapelables: rigor, sensatez y defensa convencida y apasionada de la ciencia”. El socialista reclamó “ciencia, vacunas y personal sanitario frente a las multas, sanciones y amenazas de esta reforma”.
Considera que no soluciona nada y que es una herramienta de la derecha “más conservadora y más rancia para utilizar el miedo”.
Con respecto a la vacunación obligatoria, recordó que en Galicia no hay un problema de antivacunas y que las tasas de vacunación son buenas, además de que está en contra del criterio de todas las sociedades científicas y, además del Gobierno central, los presidentes de Italia, Reino Unido, Alemania o Francia. “Es como resolver los problemas de tráfico prohibiendo los coches”, zanjó.
El parlamentario reprochó que obligar a vacunar es el “paso más firme para alimentar el negacionismo” y fue muy tajante al asegurar que “a mí no me dice que coqueteo con el negacionismo nadie. Hay que ser tramposo”.
También la diputada del BNG Iria Carreira rechazó las acusaciones de ir a la par de los negacionistas –”a los que da alas el PP”– y coincidió con los socialistas en que lo que pone encima de la mesa la lei de saúde no son medidas sanitarias sino de carácter restrictivo y punitivo: “Resulta miserable que no aporte medidas sanitarias”. Las tachó, finalmente, de decisiones que “limitan los derechos de la población”.
La nacionalista argumentó el rechazo de su partido porque enfoca “la salud pública como un problema de orden pública” y no refuerza el sistema sanitario. Se mostró convencida de que la ley trata a los gallegos como “sospechosos habituales”. Insistió en que la norma pretende “contener una pandemia por la vía de la multa”.
Igual que Julio Torrado y en referencia a la obligatoriedad de la vacuna, manifestó que la población gallega no tiene falta de confianza en el personal sanitario ni en la vacunación y afirmó que el verdadero problema de la sociedad no es que no quiera vacunarse, “es que no puede, como pasó con la vacuna de la gripe, que no había”.
La diputada del Bloque Nacionalista Galego finalizó su intervención insistiendo en la necesidad de reforzar el sistema sanitario con más medios y más profesionales. “Para curar neumonías no necesitamos multas sino personal y tratamientos”, remató.
En defensa de la lei de saúde, la diputada del PPdeG Encarnación Amigo aclaró que la “supuesta obligatoriedad” de las vacunas no es así, sino que en el texto figura que solo será “en circunstancias muy concretas” y animó a la oposición a apoyar la reforma y no ponerse del lado de los negacionistas: “Entendería que no votaran a favor de la ley, pero también que se pusieran de nuestro lado contra esas personas”, aseguró.
Recalcó que su grupo parlamentario intentó con la reforma “cubrir las lagunas y vacíos de la legislación” actual para luchar contra la pandemia ante lo que considera “inacción” del Gobierno de Pedro Sánchez, que comprometió una reforma de la ley orgánica que “nunca llegó”. La popular defendió que la nueva ley “no es autoritaria, sino garantista”, además de un “ejercicio de responsabilidad” y que lo único que pretende es “poner límites a lo que puede hacer una Administración en una crisis sanitaria” como la del COVID.
Después de acusar de que “mienten y embarran” a BNG y PSdeG, la popular Encarnación Amigo aseguró que la oposición “persiste en sus calificativos tan próximos a los colectivos antivacunas y negacionistas”.
Felipe de toro
Santiago
La vida sigue igual en el Parlamento do Hórreo, que desde el arranque de la XI Legislatura no fue capaz de tejer esos grandes consensos que deberían imponerse en una situación marcada por la crisis de la COVID. Al menos cuando se trata de sacar adelante nuevos textos, donde hasta la fecha todos se impusieron gracias a la mayoría absoluta del PPdeG.
Al margen del desacuerdo en la Lei de Saúde (ver página anterior), el Gobierno y la oposición ni siquiera fueron capaces de lograr unidad en la norma destinada a reactivar la economía tras la pandemia y simplificar trámites administrativos para impulsar la implantación de iniciativas empresariales.
La misma suerte, aunque con algún matiz, que corrió la Lei de acción exterior y cooperación para el desarrollo de Galicia, que también quedó aprobada con el ‘no’ del PSdeG, mientras el BNG optó por la abstención a pesar de las “grandes discrepancias de fondo” que mantiene.
tramitación de fondos europeos. La nueva ley de simplificación administrativa y reactivación económica, anunciada por la Xunta pero registrada por el PP en el Parlamento, busca agilizar y facilitar la tramitación de los fondos europeos en los proyectos tractores, reducir burocracia y rebajar impuestos, especialmente en zonas rurales y despobladas.
Además, incluye otras medidas que fueron criticadas por la oposición, como la posibilidad de que las iniciativas sean aprobadas si transcurren tres meses sin que la Xunta emita el informe preceptivo, o la redacción de los dictámenes ambientales por parte de “entidades de colaboración”, sin perjuicio de las competencias de la Administración, matiza el texto.
Así las cosas, BNG y PSdeG votaron en contra tras acusar a los populares de “vaciar” lo público y de “ningunear” no solo a ellos, sino también a los agentes del Consello Económico e Social (CES) y a la Fegamp.
En esta línea, la diputada del BNG Noa Presas ve “un caballo de Troya para que la llamada reactivación económica se traduzca en un modelo consistente en el feudalismo de las grandes empresas y en el vaciado del sistema público”.
La nacionalista redujo la ley al “abrazo definitivo del PP y de la Xunta a la desregulación económica” y a un “modelo depredador”, con la pandemia como “coartada”. “Es un paso más en una hoja de ruta que va en contra de los intereses de este país y de una salida justa y gallega de la crisis”, resumió.
Por parte del PSdeG, la diputada Begoña Rodríguez Rumbo no entró a cuestionar la capacidad del PP para presentar una iniciativa legislativa, pero sí “las formas”, ya que permitieron “eludir informes preceptivos de la asesoría jurídica y del CES”, al que “ningunean”.
Frente a esta postura, el secretario xeral del PPdeG y viceportavoz en la Cámara, Miguel Tellado, dijo tener la “sensación” de que la oposición “no sale a la calle” y que están “acostumbrados a vivir de lo público”: “No son conscientes de que la sociedad civil tiene iniciativas privadas que crean empleo”, zanjó.
En cuanto a la ley de acción exterior, el debate fue llevado por la Xunta al Legislativo tras consensuarla con el Ministerio de Asuntos Exteriores para evitar un recurso de constitucionalidad. Un hecho que no impidió episodios de enfrentamientos.
Uno de los más llamativos tuvo lugar cuando el popular Alberto Pazos sugirió al PSdeG la celebración del Congreso “que tiene pendiente”. “Y ojalá pongan al frente de ese grupo a alguien que tenga algo que ofrecerle al pueblo gallego”, esgrimió, en referencia al líder socialista, Gonzalo Caballero.
F.T.
Santiago
El conselleiro de Medio Rural, José González, propone una suspensión temporal de nuevas plantaciones de eucaliptos en Galicia en las superficies en las que no se haya plantado hasta el momento de aprobarse esta medida, una iniciativa a adoptar “de la forma más inmediata posible y con el rango normativo necesario”. Así lo expuso en su intervención en el debate del nuevo plan forestal de la Xunta hasta 2040, que modifica el anterior texto de 1992, después de que la superficie de eucalipto se multiplicase en los últimos años sobre las previsiones hechas.
El Grupo Popular, señaló González, realiza esta propuesta de resolución en el futuro plan forestal para la suspensión de nuevas plantaciones de eucaliptos, por lo que emplaza a que se alcance una transacción con los grupos de la Cámara. De este modo, sostiene que esta propuesta “trascendental” supondrá que “la superficie de eucalipto no aumentará a partir de esta suspensión”.
Al respecto, la oposición reclamó la retirada de este plan forestal al basarse en un modelo de monte de "monocultivo de eucalipto". Tanto BNG como PSdeG, que tacharon el plan de “propaganda” y “piltrafa”, piden que comience un nuevo proceso con exposición pública y en busca del “consenso”.
Varias entidades se manifestaron ayer frente a la Cámara bajo el lema 'Non ao plan forestal do PP. Por un monte galego con futuro', ya que consideran que el texto supondrá la "ecualiptización" de Galicia.