El puzle sin colores políticos en la reforma de la financiación autonómica

Con la llegada del mes de noviembre se cumple el plazo anunciado por la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, para comenzar a negociar la reforma del sistema de financiación autonómica, en el que los colores políticos quedan “aparcados” y cada comunidad autónoma defiende sus intereses con independencia de qué partido gobierna en cada una de ellas. Y es que la financiación hace que se tejan curiosas alianzas entre presidentes regionales de distintos signo político, pero con intereses comunes.

La propia Montero, en una comparecencia en el Congreso de los Diputados, emplazó a las dos grandes fuerzas políticas, tanto al PP como a su propio partido, el PSOE, a que lograsen una posición común en el seno de cada una de ellas sobre la reforma del sistema de financiación.

La ministra llegó a preguntar: “¿Cuál va a ser la posición del PP, quizá en este caso la de la Comunidad de Madrid que está más alineada con la posición de los partidos catalanes que con Andalucía o Galicia? Y así podría poner toda una serie ejemplos, también en el interior de mi propia formación política”. En lo que sí hay consenso –casi el único en esta materia– es en la necesidad de abordar una modificación de la financiación de las comunidades, una asignatura pendiente desde que el actual modelo caducó en 2014.

galicia a la cabeza de las REGIONES ENVEJECIDAS Y DESPOBLADAS El presidente Feijóo promovió una reunión en Santiago con otros siete presidentes de comunidades envejecidas: Asturias, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, La Rioja y Extremadura. Inicialmente, se iba a celebrar este martes, 2 de noviembre, y todos los presidentes habían confirmado su participación, pero posteriormente la presidenta riojana, la socialista Concha Andreu, se desmarcó.

Tras el congreso del PSOE en Valencia, en el que el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, pasó a ser secretario de Política Autonómica del partido, éste pidió a Feijóo que retrasara la reunión, que finalmente se celebrará el día 23.

Feijóo subraya que esta reunión “no va contra nadie”, sino todo lo contrario, pero lo cierto es que todas ellas son regiones especialmente afectadas por el envejecimiento y la despoblación, por lo que defienden que la reforma de la financiación autonómica se centre en los costes efectivos de los servicios y en las necesidades reales de gasto y, con matices, defienden mantener muchos elementos del actual sistema.

EJE MEDITERRÁNEO El presidente de la Comunidad Valenciana, el socialista Ximo Puig, es uno de los líderes autonómicos que más tiempo lleva reclamando esta reforma y, para ello, ha hecho causa común con dos presidentes del PP, Juanma Moreno, de Andalucía, y Fernando López Miras, de Murcia.

Estas tres comunidades se consideran infrafinanciadas y forman un eje mediterráneo que apuesta por remodelar el sistema de forma urgente y, mientras, reclaman que se ponga en marcha un fondo transitorio de compensación.

Los presidentes andaluz, valenciano y murciano sostienen que no se trata de hacer “frentismo” y que su unión no va contra nadie, sino que responde al “interés legítimo” de todos los ciudadanos. Puig también selló el pasado mes de julio un acuerdo con el Gobierno de Baleares, presidido por la socialista Francina Armengol, en el que defienden la necesidad de mejorar el modelo territorial de España y de avanzar hacia una mayor cogobernanza y un federalismo en las relaciones entre las autonomías y el Ejecutivo central, lo que debe reflejarse en una mejor distribución de recursos.

En el caso balear, la negociación del sistema coincide con la puesta en marcha de la aplicación del Régimen Especial de Baleares, aprobado por el Gobierno en 2019 para compensar el factor de insularidad y por el que recibirá 183 millones en 2022 (de ellos 73 como compensación por los dos años -2020 y 2021- en los que no se había aplicado).

CANARIAS También tiene un régimen fiscal propio, pero sí pertenece al régimen común, por lo que su presidente, el socialista Ángel Víctor Torres, reclama que las singularidades queden expresadas de forma clara dentro del nuevo sistema. Cree que la población ajustada y las tasas de pobreza y desempleo son los parámetros que se deben de tener.

COMUNIDAD DE MADRID La popular Isabel Díaz Ayuso entiende que es la que más aporta al sistema y públicamente aseguró que “tiene que seguir siendo así”, pero, en su opinión, la comunidad que preside “no siempre es la mejor tratada”. Ante las acusaciones de que practica “competencia fiscal” con el resto de España, Díaz Ayuso también ha esgrimido que no va a subir los impuestos a los madrileños y que “peleará por lo mejor” para la región ya que “cuanto mejor le vaya a Madrid, mejor le va a ir al conjunto de España”.

Rechaza que algunas comunidades quieran tener una relación prioritaria con el Gobierno: “No se puede tratar en mesas bilaterales con los independentistas porque no se van a contentar jamás ni están buscando el beneficio del conjunto de España, cosa que nosotros sí hacemos”, informa Efe.

CATALUÑA El presidente de la Generalitat catalana, Pere Aragonès, afirma que el modelo actual ofrece recursos “insuficientes” para Cataluña, pero evita comprometerse a constituir un frente común con otras comunidades con intereses parecidos porque el “planteamiento político de futuro” pasa por la autodeterminación, y no por la reforma de la financiación. Se plantea un “referéndum sobre la independencia”. El País Vasco y Navarra, por su parte, no están dentro del régimen común, sino del régimen foral y con su propio concierto económico.