El Sergas contratará con urgencia a 750 enfermeros y 500 auxiliares
El nuevo personal trabajará entre seis meses y un año y llegará antes de Navidad // Empezarán en breve las videoconsultas con médicos de cabecera // Sanidade retoma el Plan de Primaria
Con más dureza de la esperada, la segunda ola de la pandemia ha puesto de manifiesto que las contrataciones de alrededor de 1.700 trabajadores de personal sanitario hechas hasta el momento en Galicia no son suficientes, por lo que el Sergas va a contratar con urgencia a 750 enfermeros más. A 600 de ellos les hará contratos de 6 meses y de hasta un año a los 150 restantes. Además, se incorporarán también entre 400 y 500 trabajadores de otras categorías, auxiliares de enfermería, celadores y técnicos de microbiología para los laboratorios.
Así lo anunció el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, en el pleno del Parlamento, en el que compareció a petición propia. Serán “nombramientos de emergencia”, explicó, para antes de la Navidad, añadiendo que aunque Galicia dispone de batas de protección para cinco mil días en stock y para mil en el caso de guantes o mascarillas lo más importante es el personal.
Además de esta contratación, Comesaña desgranó alguna otra novedad que se pondrá en marcha en todo el Sistema Galego de Saúde, con especial relevancia para Atención Primaria. Así, en diciembre se estrenará un sistema para relacionarse con los pacientes que hará que se devuelvan automáticamente las llamadas a centros de salud no atendidas. Además, se utilizará un sistema de videoconsulta para que los médicos de familia puedan ver a sus pacientes por videollamada. Todo ello en una nueva aplicación del Sergas que también gestionará las citas de forma más óptima, emitirá el turno para ser atendido cuando la persona llegue al centro de salud y tendrá la tarjeta sanitaria incorporada.
Respecto a la presencialidad de las consultas, que sufrió un gran descenso por la pandemia, el objetivo de Sanidade es llegar al 40 % a final de este año, subiendo desde el 25.30 % actual, aseguró el titular de la Consellería en la Cámara gallega.
centros de salud Entre los proyectos de Sanidade explicados ayer está el de Atención Primaria, paralizado por la pandemia. Comesaña explicó que se les dará autonomía de gestión, tomando como modelo lo que se hizo en los centros educativos con gran éxito.
Se escogerán jefes y coordinadores de servicio a través de concursos en los que se valore un proyecto de plan local de salud con un enfoque de medicina comunitaria, que podrán reducir sus cuotas de pacientes para desarrollar sus funciones de dirección. Comesaña explicó que se “reorganizarán las funciones” de todo el personal, entre ellas el aumento de la “capacidad resolutiva” de enfermería, el fomento del papel de la fisioterapia, la “formación sanitaria del personal de servicios generales” y la mayor integración del personal de los PAC con el resto de Primaria.
Otras de las propuestas para el Sergas en general son que el sistema Telea de assitencia domiciliaria incorpore información de los dispositivos de monitorización de cardioimplantes, marcapasos, bombas de insulina o medidores de glucosa.
críticas de la oposición Fue una comparecencia que dedicó un tercio de su tiempo a hablar del coronavirus y el resto a anunciar planes y medidas proyectadas. Y fue duramente criticada por la oposición precisamente por ese motivo. Los diputados del BNG y el PSdeG consideraron que dedicó poco tiempo a explicar la situación y gestión de la pandemia.
El socialista Julio Torrado recriminó al conselleiro que acudiese a “presumir” y que diese “información cicatera” de la pandemia, acusándole de “mentir abiertamente” sobre los presupuestos de su departamento para 2021.
Por su parte, Montse Prado, del BNG, consideró que Comesaña “pasó de puntillas” sobre la pandemia y demandó información sobre el número de rastreadores. A su juicio, el conselleiro está “instalado en un clima de complacencia” a la espera de las vacunas, en lugar de trabajar por atajar el riesgo, por lo que le pidió que abandone su estrategia de “telediario” y “tome nota” para no pasar por una tercera ola.
Para la diputada del PPdeG Encarna Amigo, la oposición está instalada en un discurso “exagerado y tergiversado” sobre la sanidad pública.
Poner solución a la crisis demográfica que azota Galicia desde hace décadas es una prioridad para todos los grupos políticos que componen la Cámara autonómica. Esa parece ser, por lo visto ayer en el hemiciclo, la única coincidencia entre PPdeG, BNG y Partido Socialista, que sin embargo difieren abiertamente en la forma de conseguirlo.
Así quedó patente en la votación de las enmiendas de totalidad impulsadas por la oposición al proyecto de Ley de Impulso Demográfico, que quedaron rechazadas gracias a la mayoría absoluta de los populares, por lo que uno de los textos estrella de la legislatura arranca su tramitación.
La conselleira de Política Social, Fabiola García, defendió una ley que a su juicio “consolidará y blindará” los avances de los últimos años, gracias a iniciativas como la Tarxeta Benvida, las casas nido, la extensión de la red de plazas públicas en escuelas infantiles o la gratuidad en la educación infantil para los segundos hijos y siguientes.
Un interpretación que choca con la expresada por BNG y PSdeG, que ven en la norma una “mera declaración de intenciones” vacía de contenido”, criticando, entre otras cuestiones, que el texto es “natalista” y no aborda de forma transversal la cuestión.
Diferencias notables pese a las que García tendió la mano y se propuso “convencer” a estos partidos para conseguir la “unanimidad” de la Cámara. La Xunta, dijo, quiere que se constituya una “ley de país, no de gobierno” y por eso, no es “100 por cien” la norma de su departamento, pero sí “100 por cien dialogada” y no responde a necesidades “aritméticas”, sino a esa voluntad.
Se trabajó, insistió la conselleira, para que esta fuese una ley de país “con la que todas las gallegas y gallegos pudiesen sentirse identificados”. Por eso, destacó que entre su fase de anteproyecto y la propuesta elevada al Pleno del Parlamento cambió el 44% de su articulado.
En este línea, la conselleira aseguró que las enmiendas a la totalidad “no tienen ningún razonamiento” que las justifique, mostrando su “decepción” por “el rechazo frontal” a la Ley que evidencian las dos formaciones de la oposición. Además, contrapuso su compromiso con el del Gobierno central y su estrategia nacional, a la que “enviarán más alegaciones” en los próximos días al margen de las que ya fueron remitidas.
En frente, nacionalistas y socialistas defendieron sus enmiendas de devolución a la ley, basadas en que, además de que el texto tiene una concepción “natalista”, no aborda la problemática en su conjunto y de forma “transversal”. “Parece que les dé urticaria las enmiendas de totalidad y esta Cámara”, reprochó Olalla Rodil (BNG).
La norma, criticó, “no dice cuándo ni de qué manera” va a afrontar la crisis poblacional de Galicia y se limita a reunir “meras ocurrencias y compromisos genéricos”. “Entre ir a la concreción máxima y no decir nada debería haber un punto intermedio”, reprochó la nacionalista, censurando que la norma impulsada desde la Xunta es profundamente “ideológica” con “un concepto de familia profundamente reaccionario”.
Por su parte, la socialista Marina Ortega manifestó que este texto “confirma que el Gobierno no existe ni tiene compromiso ni rumbo ni medidas para hacer frente” al reto demográfico. Es “papel mojado”, consideró, lamentando que no se trata de un documento “transversal” y que no se hace ninguna propuesta novedosa, limitándose a “sumar diferentes partidas” ya en marcha pero que no recoge nueva financiación ni nuevas medidas.
Desde las filas populares, Raquel Arias también quiso “tender la mano” a los grupos y les pidió, asimismo, definirse a “favor o en contra”. La parlamentaria remarcó que la ley busca una Galicia “inclusiva” y apuesta por que los gallegos tengan “el modelo de familia que quieran” bajo una Galicia “sostenible, social y económica sin diferencias para el rural”.
··· Un año después del punto álgido de las movilizaciones por el cierre del paritorio del Hospital de Verín, la plataforma por la Defensa de la Sanidad Pública de Monterrei anuncia nuevas protestas, en este caso, tras conocerse que el Jefe del servicio de Ginecología, Javier Castrillo, fue notificado de la apertura de un expediente por su actuación. Serán el 30 de noviembre a las once de la mañana a las puertas del hospital.
·· Comesaña se refirió ayer a este caso indicando que el proceso es por la denuncia de una pediatra, por considerar que no le dio un trato “adecuado” ante una familia. Lo calificó como “proceso administrativo”. La oposición, por su parte, pidió la paralización del expediente. Sea “purga”, “vendetta” o “venganza” “no tiene justificación”. “Paralice el expediente”; demandaron.
Santiago. La futura Ley reguladora de la Acción Exterior y Cooperación para el Desarrollo de Galicia, con la que la Xunta busca mejorar la posición internacional de la comunidad, inició su tramitación parlamentaria con el rechazo de las enmiendas a la devolución de la oposición.
El vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, destacó que el texto pretende establecer “una norma pionera” a través de la coordinación de toda la acción exterior, tanto la ejercida por la Administración autonómica, como la llevada a cabo por otros agentes. Asimismo, señaló que contribuirá a reforzar la imagen exterior de la comunidad a través de la marca Galicia y haciendo especial hincapié en el Camino de Santiago mediante actividades de promoción.
En España, incidió, solo hay “un precedente”, el de la ley de Cataluña caracterizada por los “conflictos” con el Gobierno. Frente a ello, señaló que la Xunta optó por “hacer las cosas bien” a través de una texto legal “consensuado”. El Gobierno gallego, dijo, da respuesta a los retos internacionales en un mundo cada vez más globalizado a través de una regulación actualizada.
También indicó que la ley pretende regular la participación en la negociación de tratados internacionales, mejorar la atención de los gallegos en el exterior, consolidar la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal y su proyección en los países de la lusofonía, y dotar a Galicia de un mayor protagonismo en la cooperación para el desarrollo.
Enfrente, el diputado del BNG Luis Bará calificó el texto como “menor, raquítico, acomplejado y falto de ambición”, mientras que desde la bancada socialista, Pablo Arangüena consideró que se trata de una ley con buenas intenciones pero “que afronta los problemas de Galicia en el exterior con inmovilismo, autocomplacencia y una visión extremadamente burocrática propia del siglo XX”.
felipe de toro
Santiago
Poner solución a la crisis demográfica que azota Galicia desde hace décadas es una prioridad para todos los grupos políticos que componen la Cámara autonómica. Esa parece ser, por lo visto ayer en el hemiciclo, la única coincidencia entre PPdeG, BNG y Partido Socialista, que sin embargo difieren abiertamente en la forma de conseguirlo.
Así quedó patente en la votación de las enmiendas de totalidad impulsadas por la oposición al proyecto de Ley de Impulso Demográfico, que quedaron rechazadas gracias a la mayoría absoluta de los populares, por lo que uno de los textos estrella de la legislatura arranca su tramitación.
La conselleira de Política Social, Fabiola García, defendió una ley que a su juicio “consolidará y blindará” los avances de los últimos años, gracias a iniciativas como la Tarxeta Benvida, las casas nido, la extensión de la red de plazas públicas en escuelas infantiles o la gratuidad en la educación infantil para los segundos hijos y siguientes.
Un interpretación que choca con la expresada por BNG y PSdeG, que ven en la norma una “mera declaración de intenciones” vacía de contenido”, criticando, entre otras cuestiones, que el texto es “natalista” y no aborda de forma transversal la cuestión.
Diferencias notables pese a las que García tendió la mano y se propuso “convencer” a estos partidos para conseguir la “unanimidad” de la Cámara. La Xunta, dijo, quiere que se constituya una “ley de país, no de gobierno” y por eso, no es “100 por cien” la norma de su departamento, pero sí “100 por cien dialogada” y no responde a necesidades “aritméticas”, sino a esa voluntad.
Se trabajó, insistió la conselleira, para que esta fuese una ley de país “con la que todas las gallegas y gallegos pudiesen sentirse identificados”. Por eso, destacó que entre su fase de anteproyecto y la propuesta elevada al Pleno del Parlamento cambió el 44% de su articulado.
En este línea, la conselleira aseguró que las enmiendas a la totalidad “no tienen ningún razonamiento” que las justifique, mostrando su “decepción” por “el rechazo frontal” a la Ley que evidencian las dos formaciones de la oposición. Además, contrapuso su compromiso con el del Gobierno central y su estrategia nacional, a la que “enviarán más alegaciones” en los próximos días al margen de las que ya fueron remitidas.
En frente, nacionalistas y socialistas defendieron sus enmiendas de devolución a la ley, basadas en que, además de que el texto tiene una concepción “natalista”, no aborda la problemática en su conjunto y de forma “transversal”. “Parece que les dé urticaria las enmiendas de totalidad y esta Cámara”, reprochó Olalla Rodil (BNG).
La norma, criticó, “no dice cuándo ni de qué manera” va a afrontar la crisis poblacional de Galicia y se limita a reunir “meras ocurrencias y compromisos genéricos”. “Entre ir a la concreción máxima y no decir nada debería haber un punto intermedio”, reprochó la nacionalista, censurando que la norma impulsada desde la Xunta es profundamente “ideológica” con “un concepto de familia profundamente reaccionario”.
Por su parte, la socialista Marina Ortega manifestó que este texto “confirma que el Gobierno no existe ni tiene compromiso ni rumbo ni medidas para hacer frente” al reto demográfico. Es “papel mojado”, consideró, lamentando que no se trata de un documento “transversal” y que no se hace ninguna propuesta novedosa, limitándose a “sumar diferentes partidas” ya en marcha pero que no recoge nueva financiación ni nuevas medidas.
Desde las filas populares, Raquel Arias también quiso “tender la mano” a los grupos y les pidió, asimismo, definirse a “favor o en contra”. La parlamentaria remarcó que la ley busca una Galicia “inclusiva” y apuesta por que los gallegos tengan “el modelo de familia que quieran” bajo una Galicia “sostenible, social y económica sin diferencias para el rural”.