El superior de Mazaira que fue advertido sobre la peligrosidad de la curva: “Lo ví como un tema técnico y productivo y no como una cuestión de seguridad”

La undécima sesión del juicio por el accidente del tren Alvia sienta en el banquillo a María Rosa Sanz Cerezo, en su momento secretaria del consejo de administración de Adif y a José Luis Rodríguez Villarino y Ángel Lluch Perales, ambos cargos de Renfe que recibieron el correo con el aviso del jefe de maquinistas sobre la peligrosidad de la curva.

José Luís Rodríguez Vilariño era el superior directo del jefe de maquinistas Iglesias Mazaira quien en su momento le transmitió un correo electrónico con cuestiones técnicas sobre la línea 082, en concreto de la curva de A Grandeira para transmitir a la comisión de seguimiento.

Sobre esos defectos que notificó Mazaira, a Vilariño no le consta que se hubieran tratado por Adif. “Consideraba que había un punto crítico pero no soy experto en riesgos”, dijo. A mayores, con respecto a la pregunta del abogado de las víctimas que lo propuso de si habría que instalar ciertas señales de aviso antes de llegar a la curva declaró: “No soy experto en seguridad”.

Al fiscal Mario Piñeiro le comunicó que no recibió más comunicaciones alertando sobre esa sugerencia de señalización de limitación permanente a 80 km / hora para facilitar el cumplimiento de las velocidades máximas. “Yo lo ví como un tema técnico y productivo y no como una cuestión de seguridad. El informe no transgredía ninguna norma”, sostuvo. Al respecto informó de que en el cuadro de velocidades máximas y en el libro horario iba explicado al maquinista “cómo tenía que circular”. En ese momento, tampoco le pareció relevante "al punto que se ve ahora". Aseguró, además, que no se debatió en la comisión este último punto del informe de Mazaira porque no estaba presente un representante de Adif.

A los quince días de la puesta en marcha de la línea 082 Mazaira había enviado el escrito a Vilariño. En respuesta a las preguntas de un abogado de las víctimas, quien le mencionó que Mazaira había recibido como contestación sobre su solicitud de que no se podía hacer porque suponía un cambio normativo, aseguró Vilariño que él no se la dio.

Sostuvo Vilariño que esa propuesta de Mazaira correspondería evaluarla a Adif, y al respecto aseguró que había leído que la misma se había transmitido a Adif. “Al verse que era un punto crítico lo que estaba en manos de Renfe era tomar esa decisión de reforzar la formación al maquinista”, incidió.

En aquella época el testigo gestionaba media distancia y “no tenía contacto con los formadores de larga distancia”, según mencionó en las preguntas de la abogada del Estado. A la pregunta de si un maquinista formado en la línea con el libro horario en el que se indican las velocidades máximas estaba apto para circular, respondió tajante que sí. “El libro horario es esencial”, afirmó. “Ningún maquinista me consta que haya hecho el más mínimo escrito”, responde a Adela Álvarez sobre la línea por la que circulaba el Alvia.

La defensa de Adif le preguntó cómo actuaría si viera una situación de riesgo que afectara a la seguridad de la circulación y de los viajeros, en concreto si lo remitiría a las comisiones de seguridad en Renfe. “Lo transmitiría y es además un obligación”, apuntó,

Explicó al defensor de Cortabitarte que entiende que el contenido del documento de Mazaira se reenvió a Adif pero no tiene la certeza de que lo haya recibido. Sobre una anterior declaración sobre la aptitud de los maquinistas explicó que el concepto se refiere a que “está apto para desarrollar las funciones del maquinista”.

Detalló al abogado del maquinista imputado que el reforzamiento de la formación sobre los puntos críticos sólo fue a los maquinistas de media distancia, y desconoce si se le dio a los de alta velocidad “porque no estaban bajo mi jurisdicción”, donde estaba incluido Francisco Garzón.

Vilariño consideró que el salto de velocidad para entrar en la curva de Angrois es un “punto crítico”, pero que se ajustaba a la normativa. Sobre las posibles medidas existentes para atajar el riesgo de velocidad en la curva de A Grandeira respondió que él no es experto en seguridad.

A posteriori se sentó en el banquillo para declarar Ángel Lluch Perales, exmiembro del equipo de la gerencia de seguridad en la circulación de Renfe Viajeros, quien aseguró a Manuel Prieto, abogado del maquinista acusado, que no recibió el correo de Mazaira sobre el riesgo de la curva. También aseguró que desconocía la infraestructura. “No la había visto nunca”, destacó. Insistió la abogada de las víctimas sobre el correo de Mazaira. “No tengo constancia de haberlo recibido”, detalló.

A la abogada de Adif le confirmó que “no le consta que hubiera denuncias sobre la curva de Angrois”.

Sobre el contenido del correo de Mazaira que lo leyó a posteriori por las causas de la investigación no entiende que sea “una denuncia en materia de seguridad”.

¿Qué debería de haber hecho in maquinista que se considera desprotegido ante un riesgo de la curva?, le preguntó la letrada. Dice que en su caso “hubiera cumplimentado un parte de incidentes y hubiera seguido la solución”.

La primera testigo en declarar este miércoles fue María Rosa Sanz Cerezo, en su momento secretaria del consejo de administración de Adif y directora general de recursos humanos. En respuesta a las preguntas del abogado de las víctimas que la propuso, explicó que el momento de los hechos Cortabitarte no tenía una relación de dependencia orgánica ni funcional respecto a ella, sólo dependió desde marzo a junio de 2013. En julio de 2014 dejó de prestar su actividad profesional en Adif.

Sanz Cerezo confirma que las competencias de seguridad en la explotación de la vía accidentaba estaban delegadas en Andrés Cortabitarte, pero que el alto cargo, procesado en el juicio, tenía que actuar conforme al reglamento general de circulación y la normativa técnica.

Como secretaria general y del consejo hacía una supervisión jurídica, la normativa técnica no la controlaba ni tampoco su aplicación. Sobre las funciones de Cortabitarte sostuvo que “no tenía explícitamente la competencia de evaluación y gestión de riesgos”.

Aseguró la testigo que no le constaba que Cortabitarte había autorizado la desconexión del ERTMS en el tren. “De esa circunstancia tengo conocimiento después del desgraciado accidente. Es una decisión de tipo técnico y operativo que no se pone en conocimiento del consejo de administración”, explicó.

El abogado del maquinista acusado pidió que se exhibiera en la sala el documento sobre el procedimiento de certificación del cumplimiento de las condiciones exigibles en materia de seguridad en la circulación del subsistema de control, mando y señalización para mostrar que había sido aprobado por Cortabitarte. La testigo al respecto aseguró que desconocía si tenía capacidad o no para aprobar ese procedimiento. En su declaración dijo en varias ocasiones que sólo tenía capacidad para aplicar e interpretar las normativas.

EL JUEVES El jueves 17 seguirá abordándose el correo electrónico enviado por el jefe de maquinistas José Ramón Iglesias Mazaira, ya que declararán el que era gerente de Producción de Viajeros de Renfe Rafael Sardón Tejedor, que también lo recibió, y Nicolás Izquierdo Navidad, jefe de Producción de Viajeros.

Por último, está convocado el formador de maquinistas Manuel González Sánchez, al que también llegó el correo con el que Iglesias Mazaira alertaba de una señalización deficiente.