El TS avala el uso de grabaciones para el despido de un chófer

El Tribunal Supremo ha respaldado de nuevo en una sentencia el uso de grabaciones de videovigilancia para avalar el despido de un trabajador. En este caso, se trata de un conductor de autobús de Vitrasa, la empresa de transporte público de Vigo, que fue objeto de un despido disciplinario debido a que las cámaras del interior del autobús le captaron en varias ocasiones fumando, orinando desde el vehículo, y haciendo “tocamientos” a una pasajera a la que le permitía viajar sin pagar el billete.

El trabajador, despedido en 2017, recurrió su despido, pero el Juzgado de lo Social número 2 de Vigo dio la razón a la empresa. Posteriormente, según informa Europa Press, presentó recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSJG), que declaró nulo el despido al haber inadmitido como prueba las grabaciones de las cámaras de videovigilancia, obligando a la empresa a la readmisión del conductor y al abono de los salarios de tramitación.

Vitrasa recurrió este fallo al Supremo que, tras examinar los hechos, ha dado la razón a la empresa y ha procedido a anular la sentencia del TSXG al considerar que el uso de las grabaciones para justificar el despido del conductor debía haberse admitido, tal y como sostiene su doctrina en sentencias anteriores. Argumenta además que todos los trabajadores sabían que había tres cámaras que grababan en el interior del autobús, excepto el asiento del conductor, aunque existían distintivos informativos que advertían de su presencia.

El Alto Tribunal señala que la instalación de cámaras de videovigilancia en el bus es una medida “justificada” por razones de seguridad “en un sentido amplio”, incluyendo el control de la actividad laboral, dada la naturaleza del trabajo realizado por el conductor, con el riesgo que supone para él y para los usuarios.

Entiende que la existencia de estas cámaras es también una medida “idónea” para descubrir a eventuales infractores y sancionar sus conductas; y “necesaria”, debido a la inexistencia de otro tipo de medios menos intrusivos para conseguir la citada finalidad. “La prueba de la reproducción de lo grabado por las cámaras de videovigilancia era una medida justificada, idónea, necesaria y proporcionada al fin perseguido, por lo que satisfacía las exigencias de proporcionalidad, sin perjuicio, en su caso, de una eventual responsabilidad empresarial por parte de la Agencia de Protección de Datos por las infracciones que se hubieran podido cometer desde la óptica de la mencionada normativa de protección de datos. A juicio de la Sala, estaba justificada la limitación de los derechos fundamentales en juego”, expone.

Además, aunque la videovigilancia no incluía el asiento del conductor, el Supremo señala que esas grabaciones se utilizaron para controlar la relación laboral “y no para una finalidad ajena al cumplimiento del contrato”. “El trabajador tenía conocimiento de que se había instalado un sistema de control por videovigilancia a través del correspondiente distintivo informativo, por lo que no era obligado especificar la finalidad exacta que se le había asignado a ese control. El actor sabía que estaba siendo grabado cuando desarrolló las citadas conductas delante de las cámaras, convenientemente señalizadas”, apunta.

El conductor alegó que parte de los comportamientos tuvieron lugar en su tiempo de descanso, tras finalizar una ruta y comenzar la siguiente, pero el Supremo entiende que eso no excluye, cuando se encuentra dentro de su autobús, “que pueda incurrir en incumplimientos contractuales graves y culpables que afecten a sus obligaciones laborales, lo que justifica que las cámaras continuaran grabando durante esos lapsos temporales”.