Emprego pide a La Moncloa facilitar el ‘rescate’ a toda pyme y autónomo
El DOG de este martes extiende a septiembre el plazo para las ayudas y flexibiliza sus criterios
Por carta urgente la conselleira de Emprego, María Jesús Lorenzana, ha reclamado tanto a la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, como a la titular de Hacienda, María Jesús Montero, que se modifique el Real Decreto-ley para que las ayudas económicas del tercer plan de rescate flexibilicen sus condiciones y así “lleguen a todos los sectores afectados por la COVID-19”.
Reclama la Xunta reducir las condiciones de acceso a estos apoyos e insiste en que se elimine la necesidad de que las ayudas se destinen al pago de las deudas, exigiendo simplemente un descenso en la caída del volumen de operaciones del 30 % en 2020 con respecto a 2019. A juicio de Lorenzana, las modificaciones deben orientarse a facilitar el acceso a estos recursos de forma que “tiene que ser suficiente con que concurra el requisito de especial afección por la pandemia, justificado por una caída del volumen de facturación, sin necesidad de concretar el destino a dar a las ayudas por parte de los beneficiarios”.
La conselleira apuntaba que así se hizo “con acierto” en los dos primeros planes de rescate diseñados por la Xunta con fondos autonómicos y a través de los que se movilizaron 416 millones de euros. Sin embargo, “se está demostrando que los criterios complejos y rígidos” establecidos por el Gobierno central “no están funcionando”. Los dos planes de rescate autonómicos registraron más de 80.000 solicitudes –aproximadamente 40.000 en cada convocatoria–, pero en la tercera convocatoria estatal únicamente se apuntaron algo más de cuatro mil.
La Xunta considera que la obligación de destinar el importe total de las ayudas a los pagos de deudas devengadas entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2021 y que, además, procedan de contratos anteriores al 13 de marzo, es un “obstáculo insalvable para millares de autónomos y microempresas”.
La conselleira expuso que este criterio es “injusto” para los trabajadores que hicieron un esfuerzo por mantener abiertos sus negocios, “tirando muchos de ellos de los propios recursos y ahorros para precisamente no incurrir en deudas” y, ahora, no pueden acceder.
Por ello, a la espera de recibir una respuesta por parte del Estado, la Xunta ha decidido flexibilizar “las condiciones dentro de su margen de maniobra” de forma que este martes se publicará en el DOG la ampliación del plazo de solicitud de las ayudas que finalizará el 30 de septiembre. Además, se establecerá la caída de facturación en más de un 30 % para todas las actividades económicas, estén o no incluidas en el anexo 1 del Real Decreto del Estado.
“De este modo, facilitaremos el acceso a las ayudas a un número muy importante de actividades”, ha remarcado la titular de Empleo.
Con todo, la conselleira espera que el Estado dé una respuesta “positiva y rápida” para ayudar a los sectores afectados por la covid-19 en tanto que el “Gobierno central está a tiempo de rectificar no solo porque lo estamos pidiendo las comunidades autónomas, sino, sobre todo, porque lo están pidiendo los sectores que más necesitan esta inyección de dinero”.