En porcentaje, Galicia lidera la subida de ‘okupas’ aunque solo son 79 casos

La ocupación ilegal del viviendas en Galicia creció levemente en el primer semestre de este año con respecto a los anteriores, pero porcentualmente es la mayor cuantía de todo el Estado. Si en el ejercicio de 2018 se contabilizaron 110 casos, y en el precedente 129, de los que 59 fueron en el primer semestre y los 70 restantes en el segundo, en los primeros seis meses del presente año son 79 los hechos denunciados. Supone un 33,9 % más que con respecto al mismo período del año precedente y un 11 % en relación al semestre anterior (de julio a diciembre de 2019).

El número de los casos en Galicia es pequeño, pero por su porcentaje supone el mayor por comunidades autónomas. Así, en el global de España las ocupaciones de viviendas crecieron un 5% en el primer semestre del año a pesar de los tres meses y medio de confinamiento por la pandemia del coronavirus. En esa comparativa interanual del primer semestre de los incrementos porcentuales, Galicia (33,9 %) se encuentra a la cabeza por delante de Murcia (19,7 %), Canarias (14,7 %), Comunidad Valenciana (14,1 %) y Cataluña (13,2 %).

Son éstos datos que se desprenden de la respuesta del Gobierno a los diputados del Partido Popular Ana Belén Vázquez, Carlos Rojas e Isabel María Borrego, que se interesaron por los hechos denunciados de ocupación ilegal. La cifra total fue de 7.450 casos entre enero y junio de este año frente a los 7.093 del mismo periodo de 2019.

Las cifras de las cuatro comunidades autónomas que siguen a Galicia, tienen más casos. Así Murcía sumó 210 hace dos años, 345 el pasado (147 y 198 en cada semestre) y 176 en los primeros seis meses de 2020. Canarias tuvo 586 casos en 2018, bajó a 535 el año pasado (271 y 264 en los respectivos semestres) y subió a 311 en los primeros seis meses del presente año.

En la Comunidad Valenciana el ascenso es evidente. De 838 en el ejercicio de 2018 a los 1.091 de pasado, de ellos 496 en el primer semestre y 595 en el segundo, pero bajó a 566 en el del actual año. No obstante la comparativa se hace entre los mismos meses de los dos ejercicios.

Y en Cataluña se dan las mayores cifras del territorio español. Hace dos años llegó a los 5.116, que se incrementaron hasta los 6.688 en el pasado, en el que en el primer semestre hubo 3.190 y en el segundo 3.498, y en esa escalada llegó a los 3.611 en el primero del presente.

En términos absolutos, entre las autonomías más afectadas por las ocupaciones también se encuentran las de Andalucía, con 2.535 casos el año pasado y 1.183 en el primer semestre de este año; y Madrid, con 1.441 denuncias en 2019 y 657 en los primeros seis meses del actual año.

En este aspecto, Galicia aún está muy lejos de los registros de otras comunidades. Las denuncias presentadas por ocupaciones ilegales son inferiores a las seis autonomías ya citadas y también a las de Castilla La Mancha (583 el año anterior y 296 en los seis primeros meses del presente); Islas Baleares (285 casos en 2019 y 132 en el primer semestre de este año); País Vasco (213 en el pasado ejercicio y 108 en los seis primeros meses de este); Castilla León (205 hace un año y 84 en los seis primeros meses de este año); y Aragón (186 en el año precedente y 94 en el primer trimestre del actual). Solo tienen menos casos que la comunidad autónoma gallega Extremadura, Navarra. Asturias, Cantabria, La Rioja y Ceuta y Melilla.

APOYO INSTITUCIONAL A LOS DESAHUCIADOS POR IMPAGOS. En otro orden de cuestiones, el Instituto Galego da Vivenda e Solo de la Xunta y la Valedora do Pobo renuevan otro año su acuerdo para dar mejor atención e información a las familias afectadas por desahucios por impago y por ejecuciones hipotecarias. La conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, y la valedora do Pobo, María Dolores Fernández Galiño, acaban de firmar un nuevo convenio.

Según informa la Administración autonómica, el objetivo es el de renovar el marco de colaboración y establecer canales de comunicación ágiles y preferentemente por vía electrónica de modo que fluya la información correspondiente a las quejas o consultas presentadas a la institución.

La Xunta recuerda que las solicitudes recibidas por la Valedora en materia de desahucios se suelen refieren a casos de la vivienda habitual derivados de ejecuciones hipotecarias o falta de pago de las rentas del alquiler. Mediante el acuerdo, esta institución impulsará y dará a conocer las medidas orientadas a buscar la efectividad del derecho a disfrutar una vivienda digna y adecuada,

Además Fernández Galiño recomendará a las administraciones locales su adhesión al programa de viviendas vacías puesto en marcha por el Gobierno gallego con el objetivo de optimizar las que estén desocupadas. Y para garantizar la consecución de los objetivos previstos en el acuerdo, ambas instituciones se comprometen a constituir una comisión de coordinación que propondrá acciones, las desarrollará y evaluará.