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domingo, 17 octubre 2021
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Ence no tira la toalla y realiza una encendida defensa de la planta en Pontevedra ante sus accionistas

Colmenares vuelve a manifestar que la seguridad de la factoría es absoluta // Confía en que la Audiencia Nacional les volverá a dar la razón sobre la concesión en Lourizán // Ensalza el gran trabajo del equipo humano de la biofábrica

En Ence Energía y Celulosa “hemos salido de 2020 más fuertes, más resilientes”. Así comenzó el presidente y consejero delegado de la compañía, Ignacio Colmenares, su intervención ante la junta general de accionistas, los propietarios de la misma. Enfocados en la seguridad y la liquidez. Consiguiendo que todas sus plantas de celulosa y energía estuviesen operativas. Sembrando las bases de un 2021 que se inició con buen pie, con revalorizaciones en los precios de la pasta de papel y buenas perspectivas en los de la electricidad. Pero antes incluso que abordar las cuentas y la evolución del ejercicio, el gran tema que tocó fue el de la “incertidumbre” que supone el futuro de la concesión de su fábrica en Lourizán, Pontevedra.

Sobre su continuidad, Colmenares quiso, una vez más, dejar meridianamente claro que “como sabemos, nuestra biofábrica es totalmente segura”, esgrimiendo índices que superan en hasta diez veces la media del conjunto de la industria. Los equipos, reiteró el CEO, son absolutamente seguros. Por ello el grupo goza del reconocimiento High Risk Protected de la más prestigiosa compañía de seguros norteamericana, especialista en celulosa. Ésto se logró por “las fuertes inversiones ejecutadas en esta instalación desde que se prorrogó la concesión, de 132 millones de euros” y está avalado por la certificación de Aenor que acredita el cumplimiento de la norma internacional ISO 45.001. También puso en valor el presidente que en la biofábrica cuentan con la ecoetiqueta Nordic Swan, sello de calidad ambiental y de seguridad de los países nórdicos. Además, la planta es inspeccionada periódicamente con resultados satisfactorios por organismos de control autorizado por la Administración del Estado en los diferentes ámbitos de aplicación de la reglamentación de seguridad industrial. También la Xunta, recientemente, mostró públicamente su aval por medio de acciones de inspección.

Colmenares, eso sí, que reconoció que “utilicé una expresión poco afortunada” dentro de un dialogo coloquial con el equipo de la planta, del que trascendieron de forma interesada apenas cuatro minutos “descontextualizados” y en los que no pretendía poner en duda el funcionamiento de la caldera, sino explicar las dificultades que supondría para la compañía que saliese tal y como está redactado el artículo 18.4 de la Ley de Cambio Climático, con una retroactividad que limitaría la concesión de Ence en Lourizán a, como mucho, 2033.

En dicho extracto no se reflejaba el sentido ni el significado de las citadas declaraciones, que sí quedaron adecuadamente explicadas en el conjunto de la intervención. El caso es que “la retroactividad haría imposible amortizar inversiones previstas”, señaló el presidente. Ese era el mensaje, y no el que han estado esgrimiendo “aquellos contrarios a que se mantenga la continuidad de nuestra planta en Pontevedra y los más de 5.100 empleos que genera”.

Detalló Colmenares las mejoras de eficiencia y desempeño ambiental de la planta, marcando mínimos en el consumo de agua y reduciendo, una vez más, el impacto de los olores, hasta datos con los que Lourizán “mejora los parámetros de cualquier planta en España y Europa”. Indicó que el compromiso medioambiental de Ence es “firme” y, tras aplaudir el “altísimo compromiso del equipo de Pontevedra, pese a las incertidumbres de la concesión”, mostró su convencimiento de que, como ya pasó con dos sentencias anteriores, la Audiencia Nacional aporte toda la seguridad jurídica que necesita la planta en cuanto a su implantación en Galicia, porque sobre el resto de seguridades el grupo no tienen duda. Eliminada la incertidumbre, la compañía tiene “grandes planes de crecimiento, expansión y excelencia medioambiental depositados en la biofábrica de Pontevedra”.

En el día en que Juan Luis Arregui, ex titular del grupo, dejaba el consejo, Colmenares le agradeció su contribución. Seguirá siendo presidente de honor. También salía de este órgano el gallego Carlos del Álamo, felicitado por su trabajo por el actual CEO. La junta aprobó a propuesta del consejo de administración la reelección de la lucense Rosa María García Piñeiro –que llegó a ser presidenta de Alcoa– como consejera independente; el nombramiento de Javier, Óscar y Gorka Arregui Abendivar como consejeros dominicales; la ratificación de Ignacio Comenge Sánchez-Real; y la entrada como independente de María de la Paz Robina Rosat. Se fijó en trece los puestos en el consejo.

Perspectivas para el año en curso
Tras el mal 2020 de los precios de la celulosa, ahora repuntan y la energía ofrece también buenas perspectivas
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Con Internet de por medio, Ignacio Colmenares explicó a los accionistas de la compañía que se congregaron para la junta ante sus pantallas que en el negocio de la celulosa, 2020 estuvo marcado por unos precios en el mercado excepcionalmente bajos, que lastraron el resultado del ejercicio. Una tendencia que se revirtió desde principios de 2021, con la recuperación del precio de la pasta de papel en porcentajes superiores al 26 %, hasta rebasar los ochocientos cincuenta dólares por tonelada. Ayudo la recuperación en China, que supone un 40 % de todo el mercado mundial de la celulosa, detalló el presidente de Ence, que incluso indicó que esperaba que dicha tendencia continuase.

A este buen síntoma se suma también la buena marcha del negocio de Energía, donde “las perspectivas son muy positivas”. En 2020 Ence puso en funcionamento dos plantas de generación renovable con biomasa en Puertollano y Huelva, aumentando la capacidad instalada en sus instalaciones independientes de generación más de un 30 % frente a 2019. Para continuar creciendo en renovables, Ence cuenta con una carteira de proyectos maduros de cerca de 500 megavatios (MW), que estará lista para empezar a construirse a finales de 2021. Esto supondrá multiplicar por 2,5 veces su capacidad instalada actual.

“Nuestros dos negocios están plenamente alineados con la Recuperación Verde, promovida desde la Comisión Europea. Aprovechando estas ventajas, e impulsados por el esfuerzo y el buen trabajo realizado en 2020, seremos capaces de avanzar en 2021, con mejorías que se dejarán sentir de forma clara en nuestros resultados”, indicó Colmenares.

También detalló que en el ámbito corporativo en 2020 el grupo cerró con éxito dos operaciones estratégicas que permitiron reducir su deuda en 335 millones de euros en el ejercicio: la venta del 49 % del capital de Ence Energía al fondo de inversión en infraestructuras Ancala Partners y la venta de una participación del 90 % en la planta termosolar de Puertollano a Q- Energy.

La compañía afirmó en un comunicado que analiza desde la prudencia la realización de nuevas inversiones y prevé centrarse en seguir mejorando en eficiencia, competitividad y sostenibilidad, apostando por crecer de forma orgánica, por si misma, en energía renovable.

Colmenares indicaba que continuará la política de distribuir en dividendos la mitad del beneficio de la compañía, y también quiso poner en valor que Ence mantenía en caja 550 millones “por las incertidumbres que pueda provocar la pandemia”. Mientras, atención, porque si en Galicia se apuesta por el uso de madera para prendas textiles, el grupo ya está trabajando en ese terreno. Podría haber sorpresas.

En la Deputación de Pontevedra
Discusión política por la pastera, protestas a las puertas de los trabajadores ligados a CCOO en la planta
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La sección sindical de Comisiones Obreras en la empresa Ence reunió el viernes a un grupo de trabajadores de la pastera, de sus empresas auxiliares y del sector forestal, que se concentraron ante la sede de la Diputación de Pontevedra para mostrar su preocupación por el futuro de la fábrica de Lourizán. Mientras, dentro se discutía sobre la pastera. “Se Ence é tal bicoca, que o PP ofreza os seus concellos para reubicala”. Esa fue la petición que el vicepresidente César Mosquera, presidente del Pleno por la ausencia de Carmela Silva, planteó al grupo provincial de los populares en el debate abierto sobre el futuro defábrica. También señalaba la “oportunidade perdida” por el PP de condenar la ‘Enceborroka’ que sufrió, dijo, tanto el Pazo Provincial como los representantes del Concello de Pontevedra.

Mientras dentro se cruzaban acusaciones, fuera de la sede de la Deputación sobre un centenar de personas secundó la movilización de CC.OO., pareja a este pleno y a la junta de accionistas de la compañía. La concentración se desarrolló sin incidentes bajo la vigilancia de un amplio despliegue de agentes de la Policía Nacional. La presidenta del comité de empresa de las Oficinas Centrales de Ence, Ana Cedeira, señaló que acudían "para defender los 5.000 puestos de trabajo que están en juego". Repetía que la plantilla seguirá presionando para evitar el cierre a pesar de que confían en la palabra de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que les aseguró que el artículo 18 de la futura Ley del Cambio Climático no afectará al futuro de la planta "nosotros vamos a confiar en ella", dijo la sindicalista.

La ministra se comprometió a impulsar una mesa de diálogo para abordar un posible traslado de la fábrica en la que estarán representadas todas las partes afectadas. Por parte de los ministerios de Trabajo, Industria y Transición Ecológica, hasta la Xunta, el Ayuntamiento, la empresa y los trabajadores. El comité de empresa aseguraba que no tiene noticia de esta convocatoria.

Sin avances

"Desde la semana pasada no han habido avances en la mesa de trabajo. Una vez que establezca los contactos nos darán una fecha para empezar a hablar. Entiendo que después de Semana Santa sabremos algo y nos fijarán fecha", reconocía Cedeira.

Por su parte, el secretario de organización comarcal de Comisiones Obrerras, José Luis García Pedrosa, insistió en que "la posición del colectivo de trabajadores afectados es clara: Ence en Lourizán hasta 2073". Cargó el sindicalista contra el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, que abogó por un espacio de diálogo operativo y apuntó que él limitaría su composición a las partes que tienen competencias y capacidad de decisión sobre el futuro de la fábrica: Estado, Xunta y la propia empresa.

"Que Lores pretenda que de la mesa de diálogo estén excluidos los trabajadores es una muestra mas de su desprecio hacia los trabajadores, y por lo tanto, hacia la mayor parte de la ciudadanía de Pontevedra que está conformada mayoritariamente por la clase obrera", sentenció García Pedrosa.

26 mar 2021 / 12:49
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