España se arriesga a multas “millonarias” por la prórroga sin licitación de la AP-9
El caso, por el cual Bruselas le ha abierto un expediente, podría acabar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea // Ya hay sentencias que sientan precedentes en este sentido // Las sanciones se compondrían de una parte fija “polo incumplimento” y otra variable cada seis meses “para forzar” a nuestro país a “solucionar o problema”
Lejos de usar gratis la AP-9, la nueva prórroga que perpetuó los peajes en dicha autopista hasta 2048 (ampliando la concesión que ya mantenía Audasa) podría salirle todavía más cara no solo a los gallegos, también al resto de españoles. Si el Gobierno central no ofrece una solución a la situación, tras el expediente que este jueves abrió la Comisión Europea (CE) a nuestro país, y la causa termina en los tribunales, podrían llegar multas “millonarias”. Sanciones que evidentemente apagarían los bolsillos de los ciudadanos, abonándose a través de sus impuestos, y que además cuentan con precedentes para hacerse reales dentro de la comunidad internacional.
Así puede extraerse de una charla con Alba Nogueira, catedrática de Derecho Administrativo de la Universidade de Santiago (USC) que valoró, en declaraciones a EL CORREO GALLEGO, el gran toque de atención que ha llegado desde Bruselas hasta la Península. ¿El motivo? Extender a la citada compañía, propiedad del Grupo Itinera, el privilegio de seguir sacando tajada de la principal vía de vertebración de Galicia sin lanzar antes licitación pública alguna.
“É un dictamen, isto é unha cuestión provisional”, resalta la especialista, añadiendo que “cando alguén aprecia que hai unha infracción do dereito europeo, que poden ser particulares, poden poñelo en coñecemento das autoridades europeas, da Comisión, e a CE inicia un procedemento de infracción para determinar que lle conta o Estado” que “pode dar os seus argumentos”.
Precisamente eso es lo que ha pasado y sucede ahora, pues después de la denuncia que presentó en julio de 2020 la asociación gallega En-Colectivo por considerar que las prórrogas de la concesión de la AP-9 a Audasa vulneran normativa comunitaria, será España quien próximamente tenga que dar explicaciones al respecto.
Y es que, como apunta Nogueira, “o tema xusto de contratación pública si é un dos temas no que a Unión Europea ten lexislación”. “Unha lexislación que ten transformado moito o dereito de contratación pública interna co cal (la UE) ten competencia para dicirnos algo sobre o tema”, remarca.
“Se lle das unha concesión a un privado nun momento dado para explotar un ben público non quere dicir que posteriormente, ás prórrogas, esa misma empresa teña que ser a concesionaria, porque si fas unha prórroga automática estás excluindo á competencia e estala excluindo por episodios moi prolongados. Estás case perpetuando ai á empresa”, puntualiza asimismo la experta.
En este sentido, conforme comenta, no le sorprende que la resolución vaya en esta dirección. Es más, a sus ojos, el siguiente paso sería que si España “non lle pon remedio a iso” pueda acabar la cosa en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y el pleito pueda derivar en “unha sanción” para nuestro país en el caso de que los magistrados le “lle den a razón ás tesis da CE”.
“Creo que é posible que se llas dea por un motivo, porque hai un caso previo que é bastante interesante, que é o caso das praias italianas”, señala en esta línea, destacando que ahí había concesiones para poner chiringuitos, toldos y sombrillas que “tamén as prorrogaban sen sacalas a concurso público”.
En la sentencia, que ya tiene bastantes años, según recuerda del 2014, Bruselas ya le decía al país romano que tenía que “modificar o sistema de prórroga concesional abrindo á competencia esas prórrogas”, algo que puede ser “extensible a esto”, pues “é outro ben de dominio público”.
“Naquel caso marítimo terrestre e neste viario”, puntualiza, pero en ambos “onde a entrada de concesionarias non pode estar blindada á perpetuidade senón que efectivamente ten que abrirse esa competencia”.
“Penso que é plausible que se isto acaba no TJUE poida haber unha sanción ao Reino de España por esta cuestión”, reitera Nogueira, indicando que “as responsabilidades son do Estado polo incumplimento do dereito europeo”.
“Podería suceder, pero neste caso nin sequera é así porque é unha infraestrutura que depende do Estado, cando a sanción está provocada por un incumplimento autonómico, que España ten internamente un mecanismo para repartir as culpas, como pasou por exemplo nos incumplimentos en materia de depuración de augas residuais”, añade.
Antes de llegar a este punto, comenta, lo normal sería que probablemente se revierta la decisión de la prórroga a Audasa. Todo ello para no hacer frente a unas sanciones “millonarias”. “Últimamente as sancións do TJUE son moi severas”, subraya, evidenciando que las mismas se compondrían, en caso de llegar, de una parte fija “polo incumplimento” y una parte variable, conocida como multa coercitiva, que se iría imponiendo cada seis meses “para forzar a España a solucionar o problema”.
¿UN NUEVO CONCURSO? “Si es cierto lo que dicen esto supondría la nulidad de la prórroga de la concesión que se le ha hecho a Audasa y supone que hay que abrir todo un proceso de contratación y licitación pública para permitir que cualquier empresa opte a este contrato”, indica por su parte Teresa Carballeira, profesora titular también de Derecho Administrativo en la USC, en declaraciones a EL CORREO GALLEGO.
“De entrada si, si va adelante se anula esa prórroga y desde luego se va a abrir una nueva contratación con publicidad y concurrencia de todas las empresas que quieran optar a la explotación de la autopista”, subraya la experta, comentando que “parece que efectivamente” esta no se admite.
De acuerdo con las normas comunitarias, la extensión de un contrato de concesión es equivalente a una nueva concesión, que puede ser otorgada solo mediante un concurso público previo, por lo que España habría violado las reglas de licitaciones públicas de la Unión Europea, explicó la institución en una nota.
El Ejecutivo comunitario da a España dos meses para responder antes de continuar con un expediente que, en última instancia, le permite llevar a las autoridades españolas ante los tribunales europeos.
La Comisión abre un expediente por el mismo motivo a Italia, que prolongó sin licitación la concesión de una autopista en el Tirreno y, dos años después de que el Tribunal de Justicia de la UE sentenciase que había incumplido las normas europeas, aún no ha tomado medidas para implementar la sentencia.
La concesión de la AP-9, autopista de peaje que vertebra Galicia de Norte a Sur, a la empresa Audasa, se prorrogó por última vez en el año 2000 y expirará en 2048.
En julio pasado, en medio del debate público sobre su traspaso a Galicia, el Gobierno aprobó rebajas de los peajes en esta vía que permitirán que 15 millones de tránsitos anuales vean eliminado o reducido el peaje gracias a los descuentos y bonificaciones en los casi 220 kilómetros que unen Tui y Ferrol gracias a los 2.300 millones de euros que se desembolsarán hasta que finalice la concesión.
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en una primera valoración de urgencia de la decisión de Bruselas, recordó que la concesión de la AP-9 se amplió en dos ocasiones, una por parte de un gobierno socialista y otra por parte de un ejecutivo del PP, y que “en ninguna de las dos ocasiones salió a concurso”.
El máximo mandatario autonómico, que en el momento de la pregunta tras el Consello da Xunta, aseguró desconocer el expediente, incidió en que hubo dos ampliaciones del plazo concesional.
“Una hecha por un gobierno socialista para hacer gratuito el tramo Rande-Puxeiros y otra del PP para hacer gratuito el tramo Fene-Ferrol”, explicó recordando Feijóo, que incidió que “en ninguna de las dos ocasiones salió a concurso”. Dicho esto, señaló que, si hay un expediente, “el Gobierno de España tendrá que responder a ese expediente y motivar por qué hizo esto la Administración central, estuviese gobernando el PSOE o el PP”.
REPROCHES MUTUOS Mientras, populares y socialistas se responsabilizaron mutuamente. Aunque desde la perspectiva actual el PPdeG vio las prórrogas cuestionables, apuntó que a lo largo de la historia se aplicaron diferentes tanto por la UCD como por el Gobierno de Felipe González, siendo Emilio Pérez Touriño secretario de Estado de Infraestructuras, como por el Ejecutivo de José María Aznar. Además de estas prórrogas, el PPdeG reprochó que en 2011, con José Blanco como ministro de Fomento, se determinó que la ampliación de AP-9 en Santiago y en Rande “se pagase con cargo a la subida de peajes acumulativa durante 20 años, convirtiéndola en la autopista más cara de España”. Por su lado, el viceportavoz del Grupo Socialista, Pablo Arangüena, reprochó que la ampliación de la concesión de la AP-9 hasta 2048, por la que Bruselas expedienta a España, “es un regalo de 25 años de Aznar a la concesionaria que Feijóo nunca cuestionó”.
Arangüena expuso que la concesión “puede ser declarada ilegal”, pero “nunca fue cuestionada por Feijóo, entonces presidente de Correos, que ahora se limita a criticar al Gobierno que rebaja los peajes de Galicia”.
En cambio, Arangüena lamenta que el titular del Gobierno gallego “se limita a criticar al Gobierno que rebaja los peajes de Galicia” con 60 millones anuales. “Pudo haberlo hecho Rajoy durante sus siete años de Gobierno y ni se le ocurrió, ni el propio Feijóo se lo pidió nunca”. El diputado socialista remarca que aquella ampliación ahora cuestionada convirtió a la AP-9 en la autopista con un plazo de concesión más largo. Por ello, mientras las infraestructuras construidas al mismo tiempo ya agotaron los plazos o bien están a punto de finalizarlos, Galicia tendrá que soportarlos durante otros 25 años “por obra y gracia de Aznar cuando Feijóo era alto cargo designado por su gobierno”.
Por su lado, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, afirmó que “la Comisión Europea pone el foco en que la ampliación de la concesión de la AP-9 es una estafa y la reacción del Estado debe ser ponerle fin y acabar con los peajes”. El Bloque valoró como una oportunidad esta resolución “que declara ilegal la ampliación”, pues “marca el camino para acabar con esa ampliación y permitir la recuperación de la autopista”.
En un comunicado, expresó que esta comunicación “también pone en entredicho la legalidad de los peajes cobrados durante las sucesivas ampliaciones realizadas tanto por gobiernos del PP como del PSOE”. Y es que incidió en que, de no haberse producido, habría una AP-9 “libre de peajes desde 2015 en lugar de tener que seguir pagando hasta 2048”.
Igualmente, Ana Pontón llamó la atención sobre que “la mayor parte de las autopistas coetáneas de la AP-9 ya están libres de peajes o están a punto de caducar”, mientras que Galicia sufre estos peajes por el “regalo” de las ampliaciones sucesivas del PP y PSOE.
