Eternas discrepancias de Xunta y Estado por la ría de O Burgo
Solo falta un certificado para poder iniciar el proceso de licitación del dragado // Pero los letrados de ambas administraciones interpretan la ley de forma distinta
Las discrepancias entre la Xunta y el Estado por las obras del dragado y de la coruñesa ría de O Burgo se hacen eternas. Y el estuario sigue esperando su regeneración. Ahora que, logrados fondos de la UE, hay 46 millones para iniciarse los trabajos, son los tecnicismos legales los que en las últimas semanas están impidiendo la licitación de los trabajos. La causa, el certificado que el Ministerio de Transición Ecológica de la plena disponibilidad de los terrenos para iniciar el necesario concurso administrativo.
El pasado 28 de julio, el abogado del Estado jefe del área de medio ambiente, a petición de la directora General de la Costa y el Mar, emitió un informe jurídico. En éste se señala que “las autorizaciones de marisqueo en el espacio incluido en el proyecto de obras de dragado de la ría de O Burgo limitan la disponibilidad de los terrenos a los efectos del artículo 236.1 de la Ley de Contratos del Sector Público”. Y se precisa que “no podrá aprobarse el expediente de contratación ni iniciarse el procedimiento de adjudicación de la obra de dragado de la ría de O Barco sin la previa disponibilidad de los terrenos a los efectos del replanteo del proyecto”.
Este viernes, las conselleirias do Mar y de Infraestruturas de la Xunta, tras una reunión de sus titulares en funciones, Rosa Quintana y Ethel Vázquez, con los representantes de los apenas 80 mariscadores con licencia en vigor para esa zona de la ría, dieron a conocer la respuesta de la Asesoría Xurídica Xeral de la Xunta, que rebate la interpretación legal del Estado.
Considera que la posición del Estado “no sólo no tiene sustento en Derecho sino que además debe calificarse de irrazonable”, porque “pretende que, varios meses antes de que las obras puedan comenzar, la administración autonómica impida sin necesidad, sin justa causa, la actividad marisquera, produciendo un grave daño a las personas que tienen como medio de vida esa actividad extractiva”.
Y apunta en su argumentación que el Estado se fundamenta en “un entendimiento poco informado, formalista y equivocado del trámite de replanteo del proyecto previsto en la legislación de contratos del sector público”.
RAZONAMIENTO. Además la Asesoría Xurídica recuerda que en la declaración de impacto ambiental no se desprende que “deban eliminar los títulos existentes antes del comienzo las obras, sino la mera suspensión de la actividad un vez iniciada ésta”, y en ella se precisa que “los titulares de la actividad marisquera van a tener que desarrollar acciones durante la ejecución de las obras de dragado”.
En cuanto a exigirle el Ministerio a la Xunta comprobar “la disponibilidad de los terrenos precisos para su normal ejecución”, su asesoría interpreta que “debe comprobarse, a la vista del proyecto y de la situación fáctica y jurídica de los terrenos en ese momento, que puede presumirse que la obra podrá desarrollarse”. Y rechaza que la existencia de autorizaciones marisqueras implique “una situación de derecho o de hecho que pudiera impedir la normal ejecución de la obra”.
Al respecto, este viernes la subdelegada del Gobierno en A Coruña, Pilar López-Rioboo reclamó una vez más a la Xunta que deje de obstruir y posibilite la licitación del proyecto de regeneración de la ría de O Burgo, certificando la total disponibilidad de los terrenos. “La tramitación depende exclusivamente de esta certificación y negarse a emitirla es bloquear de manera intencionada la regeneración de la ría”, manifestó.
También comentó que “la Xunta no puede escudarse en que el obligado cumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público por parte del Gobierno de España se trata de un simple formalismo ya que con esto en realidad le está pidiendo que incumpla la legalidad”, y recordó que dicha ley fue “aprobada en noviembre de 2017 por el Gobierno del Partido Popular”.
No obstante, ante lo expuesto por la Asesoría Xurídica, la Xunta, que reconoce el interés por la ejecución de las obras el antes posible, se señala que el Ejecutivo gallego trasladará de nuevo su compromiso de “adoptar las medidas necesarias” para la paralización del mariqueo en el momento en que, a requerimiento del Estado “se inicie la ejecución del contrato de la obra”, pendiente de licitar.
Además trasladará el compromiso de la cofradía de pescadores de A Coruña de que “paralizará su actividad en la zona en cuanto comiencen los trabajos”. Y le solicita al Gobierno central que “certifique que dispone del crédito necesario” para ejecutar las obras y que garantice que acometerá lo antes posible “el dragado de la ría de O Burgo, de su competencia”, matiza.
Desde finales del pasado siglo, los mariscadores del área metropolitana coruñesa comenzaron a protestar por la contaminación de la ría, en especial desde Santa Cristina hacia O Burgo. En abril de 2007 fue declarada zona C, siendo sus bivalvos no aptos para el consumo. Hubo una leve mejoría pero se redujo el espacio productivo al 18%, y una comisión del Parlamento Europeo la visitó el 13 de febrero de 2013. Esto provocó la reacción del Gobierno central, impulsando un estudio informativo para el dragado de los lodos contaminados. Tras su declaración de impacto ambiental en septiembre de 2017, en los meses siguientes se redactó el proyecto de ejecución. Pero sigue encallado.
Según el proyecto básico se divide la ría en 19 sectores en función de los sedimentos depositados y sus diversos grados de contaminación. En total se dragarán 281.097,38 metros cúbicos en la zona interior de la ría, de los cuales 161.523,89 son tóxicos.
Y en la declaración ambiental se señala que la secuencia prevista de trabajos comienza con la instalación de barreras antiturbidez, para el aislamiento de sectores, y construcción de recintos de confinamiento de los lodos contaminados en el litoral.
Posteriormente se procederá a dragar el material a recinto comenzando por los sectores más interiores de la ría, se ampliará el canal central y se dragará el material que será trasladado al punto de vertido exterior en el golfo Ártabro a varias millas.
El proceso debe concluir con la recuperación de batimetría en zonas intermareales y bancos marisqueros. Una vez se completa, se sembrará para que vuelva a ser productiva para los mariscadores, y a la vez sirva de disfrute para los ciudadanos.