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Exige la Xunta reponer los trenes suprimidos por causa de la Covid

Argumenta al Ministerio que merma competitividad al territorio // Reclama que en Madrid se tenga en cuenta las peculiaridades de Galicia en su estrategia

La prolongación de la supresión de los servicios ferroviarios en Galicia, que fueron anulados en el comienzo del estado de alarma por la Covid, es una preocupación que le trasladó este jueves la conselleira de Infraestructuras, Ethel Vázquez, al ministro de Transportes, José Luis Ábalos. Le argumentó el fuerte impacto negativo que está teniendo en la población y en la economía autonómica.

Lo hizo en su intervención en la conferencia sectorial en la que participan las Comunidades Autónomas, realizada por medios telemáticos. En ella, el departamento del Gobierno del Estado presentó su Estrategia de movilidad segura, sostenible y conectada y su proyecto de Ley sobre la cuestión, que incluirá la financiación del transporte estatal.

Vázquez le recordó que el déficit en infraestructuras y en servicios de tren de Galicia se ve agravado por la falta de reposición de enlaces en los últimos meses. Y opinó que ello merma la competitividad del territorio e impide a miles de ciudadanos su derecho a la movilidad. En idéntico sentido incidieron los representantes de los Ejecutivos Aragón, Andalucía, Extremadura o Castilla y León, apunta la Xunta en un comunicado.

En su exposición, la conselleira, expresó que la única razón de la baja demanda que viene alegando Renfe en las últimas semanas para mantener la supresión de unos servicios que son de obligación pública no pueden ser aceptadas desde Galicia. Por ello también solicitó que se aporte mayor transparencia a los decisiones que aplica el organismo ferroviario estatal y que sirven para fijar las tarifas de los billetes y las frecuencias de los servicios.

En cuanto a la futura Estrategia de movilidad, desde la Xunta se pidió que en la planificación se tengan en cuenta las diferentes realidades territoriales de España y, en consecuencia, las peculiaridades del gallego. Entre ellas, la dispersión, el envejecimiento de la población o su situación periférica a nivel geográfico.

Por ello Vázquez comparte la necesidad de realizar una planificación con rigor, en la que se prioricen las inversiones en infraestructuras del transporte atendiendo a razones de equilibrio. Así, en su opinión, se evitarán los agravios territoriales y se garantizará la igualdad de oportunidades para las regiones periféricas como la gallega o para la llamada España vacía.

UNA SOLUCIÓN A LA AP-9. Afirmó, por otra parte, la conselleira sostiene que Galicia está muy agraviada por la situación de la autopista AP-9, una cuestión que debe ser abordada al margen de la elaboración de la estrategia y de la ley de movilidad estatal. Al respecto, manifestó que en el caso de formularse un nuevo sistema de financiación de la conservación de las carreteras, éste debe incluir las autopistas de peajes porque no hacerlo puede suponer que los territorios periféricos sean aún más periferia y, por lo tanto, menos competitivos.

Y propuso que en el debate de la nueva ley, se debe incluir, además de la planificación de infraestructuras, también la de los servicios. Explicó que éstos precisan de que aquellas sean idóneas para una buena prestación y sacarles rendimiento, lo que pasa cuando responden a las necesidades de la población.

FINANCIAR EL TRANSPORTE. En este apartado, el Ejecutivo gallego ve algo vital abordar la financiación del transporte público colectivo de viajeros, no solo el urbano. Y lo razona en las características territoriales y demográficas de la autonomía. Éstas hacen necesarios unos servicios con una gran capilaridad, que le permita a los ciudadanos acceder a su puesto de trabajo, a su lugar de estudio, o a los centros de salud,

Precisó la conselleira que son servicios de demanda muy escasa y de rentabilidad inferior al promedio estatal. Así, añadió que la Xunta para cubrir las necesidades de movilidad de la ciudadanía invierte en la próxima década casi 730 millones para garantizársela al rural, mediante el transporte compartido y los servicios bajo demanda.

Señaló Vázquez que la Estrategia presentada por el Ministerio de Transportes tiene una marcada orientación urbana en cuanto a las mercancías, por lo que trasladó la necesidad de incluir en la regulación sus necesidades, analizando las áreas de descanso que aporten seguridad y comodidad a los transportistas.

Finalmente, tras indicar que la Xunta ya licitó en agosto, su propia estrategia de movilidad para una red coordinada de servicios e infraestructuras moderna, sostenible y eficiente, concluyó que comparte en gran medida los retos formulados por el Ministerio para su estrategia de movilidad y en el impulso de una ley sobre la materia.

Presentado el proyecto de la Ley estatal de movilidad sostenible

Durante la celebración de la Conferencia de Transportes, el ministro del departamento, José Luis Ábalos, anunció que el proyecto de Ley de movilidad sostenible y financiación del transporte, va a incluir la creación de un Sistema nacional de movilidad.

En la reunión, Ábalos destacó la necesidad de una coordinación reforzada y sostenida entre las diferentes administraciones para aumentar la eficacia de las políticas encaminadas a facilitar la recuperación del sector del transporte, esencial para el crecimiento económico y la conectividad de la ciudadanía.

Sobre el novedoso sistema nacional de movilidad apuntó que tendrá aspectos comunes como en otros organismos de coordinación conocidos, como el de Salud o el de Protección Civil. Y su objetivo será consolidarse como el órgano de coordinación entre las administraciones. Así uno de sus pilares será un sistema de información global digitalizado y en tiempo real.

En su reunión telemática con los consejeros de transportes de las autonomías se presentó un documento de debate de la estrategia de movilidad para poder realizar una reflexión conjunta, recordando que sigue la línea tanto de la Agenda 2030 como de la Agenda urbana española.

Por ello espera las aportaciones, no solo de las autonomías, sino también de los partidos políticos, sindicatos, empresarios, académicos y representantes de las oenegés, promoviendo que participen todos los agentes implicados.

Ábalos indicó que el espíritu de la ley es considerar la movilidad como un derecho, un elemento de cohesión social y de crecimiento económico. Cuestiones que implican dar una respuesta a los retos ambientales, tecnológicos, demográficos y urbanos.

11 sep 2020 / 00:00
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