Eximputados por De Lara pedirán a Justicia que se le aplique la ‘doctrina Fernando Blanco’ y ser indemnizados
Ángel Espadas y Albino Vázquez, a los que la jueza envió a prisión, ya estudian con sus abogados el recurso // Otros procesados aún no lo tienen decidido y hay quienes prefieren pasar página // Ángel Currás espera que le aclaren su situación
El informe que el Ministerio de Justicia pidió al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la reclamación de indemnizaciones por “el funcionamiento anómalo de la administración de Justicia” presentado por el exconselleiro de Industria durante el bipartito, el nacionalista Fernando Blanco, servirá de pasaporte para franquear la puerta abierta por el gobierno de los jueces a las personas que se consideren afectadas por las dilaciones injustificadas y la incorrecta forma de instruir sus causas por parte de la jueza Pilar de Lara.
Aunque son varios los eximputados que reconocieron abiertamente que reclamarán por la forma de actuar de la magistrada, como el exalcalde de Lugo, José Clemente López Orozco, la mayor parte de ellos prefieren guardar silencio; incluso los hay, como el exconcejal socialista en Santiago, Bernardino Rama, que afirman “haber pasado página” y que “no desean volver sobre ese tema”, o el popular Adrián Varela quien dijo que “para mí, ese tema está cerrado. No voy a perder ni un minuto de mi tiempo en nada relacionado con ese asunto” aunque dejó entrever que podría consultarlo con su abogado.
El exalcalde de Compostela Ángel Currás es uno de los que se mantiene a la expectativa en estos momentos: “No me he planteado nada en relación con ello. Lo único que deseo es que después de ocho años y cuatro meses se resuelva de una vez la causa que me mantiene como investigado”, afirmaba Currás.
Dos de los imputados en la trama de Santiago por la operación Pokémon que más sufrieron las iras de Pilar de Lara sí que se plantean reclamar una indemnización. El exedil Albino Vázquez, y el que era asesor del alcalde, Ángel Espadas, dieron con sus huesos en la cárcel tras sufrir la condena de telediario y ser trasladados esposados a los juzgados de Lugo.
Vázquez, más escueto, se limitó a reconocer que es una posibilidad que “estábamos estudiando hace tiempo” con su abogado aunque reconoce que ahora, con el informe del CGPJ, se abre una nueva posibilidad. El exconcejal siempre mantuvo su inocencia y fue muy crítico con la actuación de la magistrada.
En cuanto a Espadas, prefirió que fuera su abogada, Ana Villar, la que explicara sus movimientos. La letrada afirmó que “ efectivamente nuestra intención es solicitar la correspondiente indemnización; actualmente estamos en fase de estudio, reunir todas las pruebas y demás” reconociendo que “nosotros hemos tomado la decisión de acudir a esa vía, lo que se hará en el momento oportuno”.
Reveló Ana Villar que la vía abierta por el CGPJ va a ser seguida “por muchas de las personas que se han visto imputadas en su momento en el tema de Pokémon. Existen sentencias previas y legislación evidentemente que avalan esa vía”. “Lo de Fernando Blanco quizás ha tenido más eco e importancia por tratarse de la misma jueza. Y lo importante de ese tema es que hubiera obtenido informe favorable del CGPJ, lo cual sin duda apoyará el resto de reclamaciones que se efectúen”, sentenció la abogada.
UN CAMINO ABIERTO. Hace menos de un año, a mediados de abril de 2020, la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Santiago, Ana López-Suevos, emitía un durísimo auto en el que echaba por tierra la parte del sumario Pokémon que afectaba al Concello de Santiago y dejaba libre de toda imputación a cargos públicos, funcionarios y directivos de algunas empresas implicadas.
Un auto que fue respaldado por el Ministerio Público en el que la jueza hablaba claramente de indefensión de los acusados, con lo que también abría la vía del Código Penal para exigir responsabilidades y pedir indemnizaciones por el anómalo y lento funcionamiento de la Justicia.
Xoán Antón Pérez Lema, abogado de Fernando Blanco, decidió formular la reclamación de 232.000 euros por daños y perjuicios ante el Ministerio de Justicia quien, tras el preceptivo informe del órgano de los jueces, deberá fijar la cuantía. Una cantidad que debería ser mayor para los que pasaron por prisión.
El exalcalde de Santiago Gerardo Conde Roa se convirtió en protagonista en una de las muchas fases de la Pokémon. Primero por la irrupción de los agentes de Vigilancia Aduanera en su residencia familiar, de donde salieron con numerosas cajas de documentos y objetos, tanto propios como de su mujer e hijas. Ya no era regidor del concello pero eso no frenó a los aduaneros. Posteriormente, Conde Roa acudió en varias ocasiones a declarar ante la jueza Pilar de Lara. Transcurrido el tiempo y, en teoría, liberado de la acusación principal tras el auto de la jueza Ana López-Suevos todavía se pregunta, en respuesta vía correo electrónico desde Alemania, cuál es su situación en este complejo sumario: “Creo que me queda algún tema pendiente, aunque si te soy sincero me resulta muy difícil saber cuál es mi situación procesal exacta, dado el cúmulo de despropósitos sufrido a lo largo de este tiempo”.
Por ello rechaza pronunciarse sobre si recurrirá al Ministerio de Justicia reclamando una indemnización ya que “he leído la decisión tomada por el CGPJ acerca del caso de Fernando Blanco. No tengo suficientes elementos de juicio porque no conozco su caso y esto es muy importante, conocer los detalles para poder tomar una posición al respecto”. Reconoce, no obstante, que “es evidente que el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia ha existido, puesto que la juez encargada de la Instrucción fue sancionada, precisamente por estas tramitaciones irregulares”.
Para el exalcalde de la capital gallega el objetivo principal es tratar de aclarar el origen de algunas de las actuaciones que se llevaron a cabo (y que ya adelantó en sendos artículos de opinión publicados en EL CORREO GALLEGO los días 28 y 30 de abril de 2020). “Mi idea es tratar de saber por qué se hicieron tantos informes falsos y manipulados por parte de vigilancia aduanera, a quién obedecían y por qué mintieron tan desvergonzadamente”, añade Gerardo Conde antes de insistir en que “ese es mi principal objetivo en estos momentos; la reclamación de una posible indemnización (por el irregular funcionamiento de la Justicia) es secundario”.