Expectación en Galicia por la aplicación de la ley Celaá

La nueva ley educativa (Lomloe), impulsada por la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, comenzó ayer a aplicarse tras haber sido aprobada el pasado 23 de diciembre. En Galicia parece no haber sido bien recibida. Desde la Xunta trabajan para que “o noso ensino non se vexa afectado” por sus “efectos negativos”, mientras el sindicato ANPE la tilda de “arma política”. Todo ello, bajo la “expectación” que albergan los institutos gallegos.

Pasados 20 días, después de su publicación en el BOE, se aplican ya las modificaciones vinculadas a la participación y las competencias del consejo escolar, el claustro y de los responsables de estos centros. También se establecen los cambios relacionados con la autonomía de los espacios docentes; la selección del dirigente en las instalaciones públicas; y la admisión del alumnado.

En esta línea, los procesos relativos a la selección del director en los centros educativos y el ingreso de estudiantes, que comenzaron previa entrada en vigor de la ley, se regirán por la normativa imperante al momento de iniciarse, es decir, por la Lomce o ley Wert. Comunidades como Galicia, Madrid, Murcia, Andalucía o Castilla y León, donde gobierna el Partido Popular, ya habían anunciado que adelantarían este proceso para sortear la ley Celaá. El PP, además, llevará la norma al Tribunal Constitucional.

CAMBIOS DE LA LOMLOE. Entre las nuevas modificaciones de la Ley Celaá destacan el aumento de plazas públicas educativas de 0 a 3 años y la oferta “suficiente” para el resto de ocupaciones; que Religión no cuente en la nota media; una prohibición para que los colegios concertados no segreguen por sexos; o el traspaso de suelo público, ligado exclusivamente a la creación de centros públicos.

Asimismo, la Lomloe también inserta la fijación de la “excepcionalidad” de la repetición de curso; la incorporación de un cuarto tipo de bachillerato más general; o el desvío del alumnado de espacios de Educación Especial a instalaciones ordinarias en un periodo de 10 años.

La norma elimina además la referencia al castellano como “lengua oficial del Estado”, así como la consideración de “lenguas vehiculares”, tanto del castellano como de las restantes lenguas cooficiales, un hecho que (según el Ejecutivo) no generará alteración alguna en la práctica.

LA CONSELLERÍA QUIERE PRESERVAR “OS PIARES BÁSICOS”. En la Xunta de Galicia, la Consellería de Cultura, Educación e Universidade lleva meses trabajando (dentro del marco legal) para que “o noso ensino non se vexa afectada polos efectos negativos desta nova lei que vén de entrar en vigor”. Su objetivo, según mantienen, reside en preservar los pilares básicos: calidad, equidad e igualdad de oportunidades y cultura del esfuerzo.

Por ello, ya están realizando “actuacións” con sus competencias, corrigiendo el decreto de aprobado general, uno de los puntos más polémicos, a través de unas instrucciones específicas mediante las que la Consellería aplicará los criterios de evaluación, promoción y titulación que actualmente están vigentes.

Recogidos en la normativa propia de Galicia y establecidos en estas instrucciones (aprobadas el 30 de julio para este curso), estos requisitos seguirán aplicándose a las enseñanzas obligatorias (educación infantil, primaria y secundaria), bachillerato y la formación de régimen especial.

Por lo tanto, la comunidad no contemplará la posibilidad “aberta polo Goberno central” de revisar a la baja estas valoraciones para “promocionar de etapa con independencia das materias aprobadas”.

Además, la Xunta recuerda que se aprobó una nueva OPE para el profesorado de FP (603 plazas en total), con el propósito de eludir “a desaparición dun corpo docente moi valioso que a lei quere extinguir”.

También lanzaron “unha formación para docentes sen máster” y se anticiparon en la matriculación, iniciada el pasado 11 de enero, abriendo el plazo de reserva para aquellos alumnos que acaban su etapa en los centros escolares gallegos.

De igual forma, consideran “unha mágoa que o Goberno aprobase unha lei tan importante como esta de xeito exprés, sen falar coas CCAA, que son as que teñen que aplicala, en medio dunha pandemia”.

UNA NORMA QUE “NO VA A FUNCIONAR”. Desde la Asociación Nacional de Profesores Estatales, Julio Díaz, presidente de esta entidad en Galicia, señala que “esta ley, como todas las anteriores, no va a funcionar” en la comunidad, al no contar con “los que teníamos que aplicarla”. “No podemos estar cada cinco u ocho años cambiando de ley porque no hay sistema educativo que lo soporte”, asegura Díaz, quien demanda a la ministra Celaá que desarrolle esta con las máximas garantías “posibles” para solventar “todos los problemas” que está generando.

“El esfuerzo debe seguir prevaleciendo”, indica el dirigente de ANPE, destacando que “si a los alumnos no les cuesta trabajo alguno superar los cursos” algo falla: “Tiene que haber una evaluación rigurosa”.

“Ahora tiene que salir una normativa que la amplía, y el profesorado debería tener algo que decir”, apunta asimismo, recordando que “al final la educación, junto a la sanidad, vuelve a ser un arma política”.

INSTITUTOS EN VILO. Aníbal García, director del IES de Sar (ubicado en Santiago), mantiene que actualmente están aguardado al desarrollo de la ley, en la que “cada comunidad tiene sus aportaciones”. “Yo, al menos, estoy esperando a que me den instrucciones desde la Consellería para que esos cambios se puedan verificar en texto”, indica.

“Polo momento ningunha” consecuencia asociada a su entrada en vigor también en el IES Arcebispo Xelmirez (Santiago), donde su responsable, Manuel Portas, reconoce que “oficialmente aínda estamos seguindo o desenvolvemento do curso”.

Existe “expectación, obviamente entre os profesionais do ensino para saber cales van ser as mudanzas que se farán a partir de agora”, manifiesta igualmente Portas, que hasta el momento cuenta con “a mesma información que ten todo o mundo”.